Judicial
Más de 71,000 pandilleros capturados en el régimen ya guardan prisión por orden de un juez
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó que sigan en la cárcel seis miembros de la Mara Salvatrucha de Quezaltepeque.
En la audiencia de imposición de medidas la Fiscalía General de la República los acusó por el delito de agrupaciones ilícitas, sancionado con prisión de 20 a 30 años de cárcel.
Los procesados son: Emerson Stanley Najarro Sánchez, Héctor Antonio García Baños, Salvador Ernesto Bernal González, Stephanie Abigail Cea Reyes, Douglas Alexander Rivas Pérez, Brayan Alexander Guevara García.
Los seis han sido identificados por el ministerio público como integrantes de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos, del programa Hollywood.
Los pandilleros deberán continuar en un centro penal hasta que se les realice la audiencia preliminar y serán agrupados en un expediente para que sean enjuiciados como parte de una estructura de crimen organizado.
La Fiscalía los ha perfilado como miembros activos de la MS y habían estado moviéndose de un sector a otro para no ser localizados por las fuerzas de seguridad y evitar el régimen de excepción.
A cuatro años de cárcel fue condenada Teresa Elizabeth Castro, por intentar robar a una persona en el parque Centenario de San Salvador.
La pena fue impuesta a través de un juicio sumario que realizó el Juzgado Cuarto de Paz la capital, el delito fue probado por la Fiscalía General de la República (FGR) con una serie de pruebas recopiladas y que fueron valoradas en la audiencia.
Según la acusación, el 26 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba en su negocio en el referido parque, Castro llegó y le puso un cuchillo en el abdomen.
Con el arma blanca la amenazó y le exigió que le entregara dinero, pero como la víctima se negó la asaltante le quitó el celular y comenzó a huir.
La dueña del negocio la persiguió y al mismo tiempo pidió ayuda a miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes la retuvieron para entregarla a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de registrarla le hallaron el teléfono celular que había robado y el cuchillo utilizado para cometer el hecho. El testimonio de la denunciante, así como la información de los agentes del CAM fueron parte de las pruebas en contra de la mujer.
