Judicial
Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez
“La Fiscalía General de la República (FGR) fue prostituida y estaba al servicio de empresarios corruptos”, dijo esta tarde el fiscal general, Douglas Menéndez, durante una rueda de prensa donde explicaron la forma de operar realizada durante la gestión del exfiscal Luís Martínez. El caso fue catalogado como operación “Corruptela”.
El exfiscal, Luis Martínez, desvió $735,896.14 de las arcas de la Fiscalía General de la República (FGR) con las que pagó sus tarjetas de crédito, remodelaciones en su vivienda y blindó vehículos particulares, según la FGR.
Luego de dos años de una intensa investigación al interior de la FGR, el fiscal explicó que durante la administración anterior se sustrajeron $735,866.14 de las arcas de la entidad de justicia. Menéndez detalló esta tarde que durante la gestión del exfiscal se cometieron una serie de actos de corrupción con el objetivo de favorecer a varios funcionarios de justicia, empresarios hasta llegar al expresidente de la República, Mauricio Funes y sus allegados.
El jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, dijo que «se realizaron contrataciones ilegales, específicamente en contrataciones ilícitas que se desarrollaron para favorecer a empresas de los mismos involucrados en este caso de Enrique Rais, remodelación de viviendas, reparación de vehículos particulares a los cuales se suministraba reparaciones pagado con los fondos de la intuición, se blindaron algunos de los vehículos tambien pagados con los fondos de la institución y específicamente».
Cortez enfatizó que las acciones ilegales se realizaron a través de esquemas legales.
El titular de la unidad catalogó como algo “inédito” dentro de la máxima institución justicia que Martínez junto con el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, utilizaran tarjetas de débito a nombre de la fiscalía para comprar artículos de lujo “a diestra y siniestra” mientras realizaban viajes especiales en el extranjero.
“Aparte de haber obtenido los viáticos que conforme a ley les correspondían luego cargaban esos montos viáticos complementarios (extras) que fueron creados a partir de esta administración para poder justificar esas derogaciones”, señaló.
El ministerio público informó esta mañana que se han girado alrededor de 25 órdenes de capturas de las cuales se han hecho efectivas 13. “Estos hechos de corrupción tiene que ver con la administración superior de la FGR; es un caso abierto desde dos años sobre actos de corrupción”, explicó Menéndez.
En dicha operación se han determinado los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y cinco delitos más.
Vía El Salvador Times
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
