Judicial
Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez
“La Fiscalía General de la República (FGR) fue prostituida y estaba al servicio de empresarios corruptos”, dijo esta tarde el fiscal general, Douglas Menéndez, durante una rueda de prensa donde explicaron la forma de operar realizada durante la gestión del exfiscal Luís Martínez. El caso fue catalogado como operación “Corruptela”.
El exfiscal, Luis Martínez, desvió $735,896.14 de las arcas de la Fiscalía General de la República (FGR) con las que pagó sus tarjetas de crédito, remodelaciones en su vivienda y blindó vehículos particulares, según la FGR.
Luego de dos años de una intensa investigación al interior de la FGR, el fiscal explicó que durante la administración anterior se sustrajeron $735,866.14 de las arcas de la entidad de justicia. Menéndez detalló esta tarde que durante la gestión del exfiscal se cometieron una serie de actos de corrupción con el objetivo de favorecer a varios funcionarios de justicia, empresarios hasta llegar al expresidente de la República, Mauricio Funes y sus allegados.
El jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, dijo que «se realizaron contrataciones ilegales, específicamente en contrataciones ilícitas que se desarrollaron para favorecer a empresas de los mismos involucrados en este caso de Enrique Rais, remodelación de viviendas, reparación de vehículos particulares a los cuales se suministraba reparaciones pagado con los fondos de la intuición, se blindaron algunos de los vehículos tambien pagados con los fondos de la institución y específicamente».
Cortez enfatizó que las acciones ilegales se realizaron a través de esquemas legales.
El titular de la unidad catalogó como algo “inédito” dentro de la máxima institución justicia que Martínez junto con el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, utilizaran tarjetas de débito a nombre de la fiscalía para comprar artículos de lujo “a diestra y siniestra” mientras realizaban viajes especiales en el extranjero.
“Aparte de haber obtenido los viáticos que conforme a ley les correspondían luego cargaban esos montos viáticos complementarios (extras) que fueron creados a partir de esta administración para poder justificar esas derogaciones”, señaló.
El ministerio público informó esta mañana que se han girado alrededor de 25 órdenes de capturas de las cuales se han hecho efectivas 13. “Estos hechos de corrupción tiene que ver con la administración superior de la FGR; es un caso abierto desde dos años sobre actos de corrupción”, explicó Menéndez.
En dicha operación se han determinado los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y cinco delitos más.
Vía El Salvador Times
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres
Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango
Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
