Judicial
Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez
“La Fiscalía General de la República (FGR) fue prostituida y estaba al servicio de empresarios corruptos”, dijo esta tarde el fiscal general, Douglas Menéndez, durante una rueda de prensa donde explicaron la forma de operar realizada durante la gestión del exfiscal Luís Martínez. El caso fue catalogado como operación “Corruptela”.
El exfiscal, Luis Martínez, desvió $735,896.14 de las arcas de la Fiscalía General de la República (FGR) con las que pagó sus tarjetas de crédito, remodelaciones en su vivienda y blindó vehículos particulares, según la FGR.
Luego de dos años de una intensa investigación al interior de la FGR, el fiscal explicó que durante la administración anterior se sustrajeron $735,866.14 de las arcas de la entidad de justicia. Menéndez detalló esta tarde que durante la gestión del exfiscal se cometieron una serie de actos de corrupción con el objetivo de favorecer a varios funcionarios de justicia, empresarios hasta llegar al expresidente de la República, Mauricio Funes y sus allegados.
El jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, dijo que «se realizaron contrataciones ilegales, específicamente en contrataciones ilícitas que se desarrollaron para favorecer a empresas de los mismos involucrados en este caso de Enrique Rais, remodelación de viviendas, reparación de vehículos particulares a los cuales se suministraba reparaciones pagado con los fondos de la intuición, se blindaron algunos de los vehículos tambien pagados con los fondos de la institución y específicamente».
Cortez enfatizó que las acciones ilegales se realizaron a través de esquemas legales.
El titular de la unidad catalogó como algo “inédito” dentro de la máxima institución justicia que Martínez junto con el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, utilizaran tarjetas de débito a nombre de la fiscalía para comprar artículos de lujo “a diestra y siniestra” mientras realizaban viajes especiales en el extranjero.
“Aparte de haber obtenido los viáticos que conforme a ley les correspondían luego cargaban esos montos viáticos complementarios (extras) que fueron creados a partir de esta administración para poder justificar esas derogaciones”, señaló.
El ministerio público informó esta mañana que se han girado alrededor de 25 órdenes de capturas de las cuales se han hecho efectivas 13. “Estos hechos de corrupción tiene que ver con la administración superior de la FGR; es un caso abierto desde dos años sobre actos de corrupción”, explicó Menéndez.
En dicha operación se han determinado los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y cinco delitos más.
Vía El Salvador Times
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
