Judicial
Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez
“La Fiscalía General de la República (FGR) fue prostituida y estaba al servicio de empresarios corruptos”, dijo esta tarde el fiscal general, Douglas Menéndez, durante una rueda de prensa donde explicaron la forma de operar realizada durante la gestión del exfiscal Luís Martínez. El caso fue catalogado como operación “Corruptela”.
El exfiscal, Luis Martínez, desvió $735,896.14 de las arcas de la Fiscalía General de la República (FGR) con las que pagó sus tarjetas de crédito, remodelaciones en su vivienda y blindó vehículos particulares, según la FGR.
Luego de dos años de una intensa investigación al interior de la FGR, el fiscal explicó que durante la administración anterior se sustrajeron $735,866.14 de las arcas de la entidad de justicia. Menéndez detalló esta tarde que durante la gestión del exfiscal se cometieron una serie de actos de corrupción con el objetivo de favorecer a varios funcionarios de justicia, empresarios hasta llegar al expresidente de la República, Mauricio Funes y sus allegados.
El jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, dijo que «se realizaron contrataciones ilegales, específicamente en contrataciones ilícitas que se desarrollaron para favorecer a empresas de los mismos involucrados en este caso de Enrique Rais, remodelación de viviendas, reparación de vehículos particulares a los cuales se suministraba reparaciones pagado con los fondos de la intuición, se blindaron algunos de los vehículos tambien pagados con los fondos de la institución y específicamente».
Cortez enfatizó que las acciones ilegales se realizaron a través de esquemas legales.
El titular de la unidad catalogó como algo “inédito” dentro de la máxima institución justicia que Martínez junto con el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, utilizaran tarjetas de débito a nombre de la fiscalía para comprar artículos de lujo “a diestra y siniestra” mientras realizaban viajes especiales en el extranjero.
“Aparte de haber obtenido los viáticos que conforme a ley les correspondían luego cargaban esos montos viáticos complementarios (extras) que fueron creados a partir de esta administración para poder justificar esas derogaciones”, señaló.
El ministerio público informó esta mañana que se han girado alrededor de 25 órdenes de capturas de las cuales se han hecho efectivas 13. “Estos hechos de corrupción tiene que ver con la administración superior de la FGR; es un caso abierto desde dos años sobre actos de corrupción”, explicó Menéndez.
En dicha operación se han determinado los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y cinco delitos más.
Vía El Salvador Times
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
