Judicial
Marero es condenado a 20 años de cárcel por el homicidio de un agente del CAM en San Miguel
Esaú Reynerio Cruz Argueta miembro de la MS, estará sus próximos 20 años tras las rejas de una prisión por ser coautor en el crimen de José Noé Barahona García, que se desempeñaba como miembro del Cuerpo de Agentes Municipales, CAM, de la comuna de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel.
La víctima fue vapuleada y posteriormente lesionada con disparos de arma de fuego, por un grupo de mareros, al interior de un negocio de bebidas embriagantes, el 10 de enero del año dos mil dieciséis, a las 8:00 de la noche, detalló el fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel.
De acuerdo a la prueba testimonial que se presentó en el juicio, la víctima se encontraba sentado en un mostrador del establecimiento, cuando un grupo de seis mareros ingresaron portando arma de fuego.
Dos de los terroristas sujetaron de los brazos y por la espalda a Barahona García, lo tiraron al suelo, después procedieron a registrarlo y le sustrajeron un arma de fuego que tenía en la cintura.
Otro par de mareros lo agarraron a patadas y cuando la víctima trató de levantarse, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que acabó con su vida.
Al final del juicio en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, Cruz Argueta fue declarado responsable del Homicidio Agravado, y se le impuso la pena de 20 años de prisión.
Por este mismo crimen, en septiembre del año 2018, fueron condenados por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, a la misma pena de cárcel, José Noel Franco y José Ismael Díaz.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
