Judicial
Marero es condenado a 20 años de cárcel por el homicidio de un agente del CAM en San Miguel
Esaú Reynerio Cruz Argueta miembro de la MS, estará sus próximos 20 años tras las rejas de una prisión por ser coautor en el crimen de José Noé Barahona García, que se desempeñaba como miembro del Cuerpo de Agentes Municipales, CAM, de la comuna de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel.
La víctima fue vapuleada y posteriormente lesionada con disparos de arma de fuego, por un grupo de mareros, al interior de un negocio de bebidas embriagantes, el 10 de enero del año dos mil dieciséis, a las 8:00 de la noche, detalló el fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel.
De acuerdo a la prueba testimonial que se presentó en el juicio, la víctima se encontraba sentado en un mostrador del establecimiento, cuando un grupo de seis mareros ingresaron portando arma de fuego.
Dos de los terroristas sujetaron de los brazos y por la espalda a Barahona García, lo tiraron al suelo, después procedieron a registrarlo y le sustrajeron un arma de fuego que tenía en la cintura.
Otro par de mareros lo agarraron a patadas y cuando la víctima trató de levantarse, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que acabó con su vida.
Al final del juicio en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, Cruz Argueta fue declarado responsable del Homicidio Agravado, y se le impuso la pena de 20 años de prisión.
Por este mismo crimen, en septiembre del año 2018, fueron condenados por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, a la misma pena de cárcel, José Noel Franco y José Ismael Díaz.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
