Judicial
Magistrado Eduardo Escalante habría usados monedas para persuadir a menor de edad, presuntamente agredida sexualmente por él
El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de presunta agresión sexual hacia una niña de 10 años, y a quien la Comisión de Antejuicio de la Asamblea Legislativa decidió hoy despojarlo de su fueron para enfrentar el proceso judicial en los tribunales correspondientes, había utilizado monedas para atraer a la menor.
La diputada arenera, Patricia Valdivieso, fiscal de la Comisión de Antejuicio contra el magistrado, afirmó dicha versión, basándose en que una vecina observó al profesional en derecho cuando éste tocó las partes íntimas de la menor y que fue ella la que alertó a la madre para que tomara cartas en el asunto.
En las pruebas contra Escalante Díaz, se detallan también, que el acusado arrojó varias monedas al suelo para que la víctima se acercara y que fue en ese momento en que aprovechó para tocar las partes íntimas de la menor.
Se dice que esa acción fue vista por una vecina de la víctima y que fue quien alertó a su madre para que iniciara las indagaciones del caso, que derivó en una llamada al Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) a fin de que lo capturaran en flagrancia.
“La menor describe cómo andaba vestido el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y que concuerda con la ropa que usaba al momento de su captura”, indicó la parlamentaria.
El magistrado, de 50 años, fue detenido el martes 19 de febrero en la colonia Altavista, de Ilopango, luego que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía.
El directo de la PNC, Howard Cotto, aseguró que recibieron una llamada al Sistema de Emergencia 911 sobre lo sucedido y cuando llegaron al lugar se había dado a la fuga. Solamente encontraron el vehículo abandonado y una pistola de su propiedad.
“Los agentes realizaron un operativo en la zona y lo lograron ubicar y capturar. Con el número de placas y al ser revisado en el sistema pudimos determinar de quien se trataba”, agregó Cotto.
Por la naturaleza del hecho y por estar una menor involucrada, Cotto se limitó a decir que no hay vinculo, ni conocimiento previo entre la familia de la víctima y el magistrado.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
