Judicial
Magistrado Eduardo Escalante habría usados monedas para persuadir a menor de edad, presuntamente agredida sexualmente por él
El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de presunta agresión sexual hacia una niña de 10 años, y a quien la Comisión de Antejuicio de la Asamblea Legislativa decidió hoy despojarlo de su fueron para enfrentar el proceso judicial en los tribunales correspondientes, había utilizado monedas para atraer a la menor.
La diputada arenera, Patricia Valdivieso, fiscal de la Comisión de Antejuicio contra el magistrado, afirmó dicha versión, basándose en que una vecina observó al profesional en derecho cuando éste tocó las partes íntimas de la menor y que fue ella la que alertó a la madre para que tomara cartas en el asunto.
En las pruebas contra Escalante Díaz, se detallan también, que el acusado arrojó varias monedas al suelo para que la víctima se acercara y que fue en ese momento en que aprovechó para tocar las partes íntimas de la menor.
Se dice que esa acción fue vista por una vecina de la víctima y que fue quien alertó a su madre para que iniciara las indagaciones del caso, que derivó en una llamada al Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) a fin de que lo capturaran en flagrancia.
“La menor describe cómo andaba vestido el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y que concuerda con la ropa que usaba al momento de su captura”, indicó la parlamentaria.
El magistrado, de 50 años, fue detenido el martes 19 de febrero en la colonia Altavista, de Ilopango, luego que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía.
El directo de la PNC, Howard Cotto, aseguró que recibieron una llamada al Sistema de Emergencia 911 sobre lo sucedido y cuando llegaron al lugar se había dado a la fuga. Solamente encontraron el vehículo abandonado y una pistola de su propiedad.
“Los agentes realizaron un operativo en la zona y lo lograron ubicar y capturar. Con el número de placas y al ser revisado en el sistema pudimos determinar de quien se trataba”, agregó Cotto.
Por la naturaleza del hecho y por estar una menor involucrada, Cotto se limitó a decir que no hay vinculo, ni conocimiento previo entre la familia de la víctima y el magistrado.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
