Judicial
Laura Sánchez habría sido decapitada por un pandillero de la MS con quien tuvo una relación
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS.
La joven Laura Concepción Sánchez, de 19 años, quien desapareció el pasado 12 de julio en las cercanías del centro comercial Metrópolis, en la zona de la Zacamil, habría sido asesinada y decapitada por un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), con quien tuvo anteriormente una relación sentimental.
Una fuente cercana al caso reveló a El Salvador Times que la joven anteriormente tuvo un novio de la MS, quien estuvo guardando prisión en un centro penal por un delito que no fue detallado.
La fuente también establece que el sujeto tiene varios meses de haber salido del centro penitenciario y que este le habría estado controlando los pasos a Sánchez, así como a las personas con las que entablaba amistad.
Asimismo, dijo que el arma que utilizaron para decapitarla fue un corvo por los cortes que tenía en el cuello y se presume que antes de asesinarla la torturaron, ya que el cadáver -en estado de descomposición- presentaba heridas hechas con un objeto cortopunzante.
«El caso de su muerte se da porque ella tenía amistades con personas vinculadas a la pandilla 18 Revolucionarios, ya que su pareja anterior es de la MS», dijo la fuente, quien pidió anonimato.
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS, por lo que a las autoridades les pareció sospechoso este hallazgo.
El cadáver de la joven fue encontrado semienterrado el viernes 27 de julio en el patio de una casa de la Colonia Santa María, sobre la calle que conduce al cantón Mariona, en Cuscatancingo.
En esa zona es donde presuntamente se moviliza el sujeto y en la que suele delinquir en el territorio. Por eso, el sujeto conocía muy bien la casa abandonada donde la mataron, decapitaron y posteriormente la enterraron.
En el mismo lugar, las autoridades también encontraron el cadáver de otra mujer que no fue identificada y se cree que no está relacionado a este hecho. Ambas fosas estaban separadas con una distancia de tres metros una de la otra. A la zona, hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra persona cercana al caso dijo que al cadáver se le practicará la autopsia y un examen de ADN, pues la joven fue reconocida por la familia por la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. De igual forma, con esos estudios se determinarán las causas exactas de la muerte y si los cortes en el cuello fueron hechos después de haberla asesinado.
Amistades afines a la pandilla 18
El día en que desapareció, Sánchez iba a realizar compras al centro comercial Metrópolis aproximadamente las 11:30 de la mañana, pero la joven ya no volvió a su casa y eso angustió a la madre. Aseguró que su hija casi nunca salía de su casa, a excepción de los días sábados que asistía a estudiar.
La joven de 19 años estudiaba segundo bachillerato a distancia en el Instituto Nacional Alberto Masferrer (INAM). Su sueño era continuar sus estudios universitarios y convertirse en enfermera.
La madre de Sánchez dijo a este medio que la Fiscalía había hackeado el Facebook de la joven para conocer si esta había sido amenazada en sus redes sociales y a la vez determinar los vínculos y amistades que esta tenía.
Este medio pudo corroborar en el Facebook de Sánchez que esta tenía amistades cercanas a la pandilla 18. De hecho, a una joven a quien Sánchez califica como su mejor amiga es compañera de vida de un pandillero, que en el lenguaje pandilleril se denomina «jaina».
Por el momento, las autoridades investigan el hecho y aún no se ha dado un reporte oficial de las circunstancias o el móvil de este crimen. La familia ha padecido todo un calvario desde la desaparición de la joven, por lo que tampoco han querido sentar postura sobre lo sucedido.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
