Judicial
Laura Sánchez habría sido decapitada por un pandillero de la MS con quien tuvo una relación
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS.
La joven Laura Concepción Sánchez, de 19 años, quien desapareció el pasado 12 de julio en las cercanías del centro comercial Metrópolis, en la zona de la Zacamil, habría sido asesinada y decapitada por un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), con quien tuvo anteriormente una relación sentimental.
Una fuente cercana al caso reveló a El Salvador Times que la joven anteriormente tuvo un novio de la MS, quien estuvo guardando prisión en un centro penal por un delito que no fue detallado.
La fuente también establece que el sujeto tiene varios meses de haber salido del centro penitenciario y que este le habría estado controlando los pasos a Sánchez, así como a las personas con las que entablaba amistad.
Asimismo, dijo que el arma que utilizaron para decapitarla fue un corvo por los cortes que tenía en el cuello y se presume que antes de asesinarla la torturaron, ya que el cadáver -en estado de descomposición- presentaba heridas hechas con un objeto cortopunzante.
«El caso de su muerte se da porque ella tenía amistades con personas vinculadas a la pandilla 18 Revolucionarios, ya que su pareja anterior es de la MS», dijo la fuente, quien pidió anonimato.
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS, por lo que a las autoridades les pareció sospechoso este hallazgo.
El cadáver de la joven fue encontrado semienterrado el viernes 27 de julio en el patio de una casa de la Colonia Santa María, sobre la calle que conduce al cantón Mariona, en Cuscatancingo.
En esa zona es donde presuntamente se moviliza el sujeto y en la que suele delinquir en el territorio. Por eso, el sujeto conocía muy bien la casa abandonada donde la mataron, decapitaron y posteriormente la enterraron.
En el mismo lugar, las autoridades también encontraron el cadáver de otra mujer que no fue identificada y se cree que no está relacionado a este hecho. Ambas fosas estaban separadas con una distancia de tres metros una de la otra. A la zona, hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra persona cercana al caso dijo que al cadáver se le practicará la autopsia y un examen de ADN, pues la joven fue reconocida por la familia por la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. De igual forma, con esos estudios se determinarán las causas exactas de la muerte y si los cortes en el cuello fueron hechos después de haberla asesinado.
Amistades afines a la pandilla 18
El día en que desapareció, Sánchez iba a realizar compras al centro comercial Metrópolis aproximadamente las 11:30 de la mañana, pero la joven ya no volvió a su casa y eso angustió a la madre. Aseguró que su hija casi nunca salía de su casa, a excepción de los días sábados que asistía a estudiar.
La joven de 19 años estudiaba segundo bachillerato a distancia en el Instituto Nacional Alberto Masferrer (INAM). Su sueño era continuar sus estudios universitarios y convertirse en enfermera.
La madre de Sánchez dijo a este medio que la Fiscalía había hackeado el Facebook de la joven para conocer si esta había sido amenazada en sus redes sociales y a la vez determinar los vínculos y amistades que esta tenía.
Este medio pudo corroborar en el Facebook de Sánchez que esta tenía amistades cercanas a la pandilla 18. De hecho, a una joven a quien Sánchez califica como su mejor amiga es compañera de vida de un pandillero, que en el lenguaje pandilleril se denomina «jaina».
Por el momento, las autoridades investigan el hecho y aún no se ha dado un reporte oficial de las circunstancias o el móvil de este crimen. La familia ha padecido todo un calvario desde la desaparición de la joven, por lo que tampoco han querido sentar postura sobre lo sucedido.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
