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Judicial

Laura Sánchez habría sido decapitada por un pandillero de la MS con quien tuvo una relación

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La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS.

La joven Laura Concepción Sánchez, de 19 años, quien desapareció el pasado 12 de julio en las cercanías del centro comercial Metrópolis, en la zona de la Zacamil, habría sido asesinada y decapitada por un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), con quien tuvo anteriormente una relación sentimental.

Una fuente cercana al caso reveló a El Salvador Times que la joven anteriormente tuvo un novio de la MS, quien estuvo guardando prisión en un centro penal por un delito que no fue detallado.

La fuente también establece que el sujeto tiene varios meses de haber salido del centro penitenciario y que este le habría estado controlando los pasos a Sánchez, así como a las personas con las que entablaba amistad.

Asimismo, dijo que el arma que utilizaron para decapitarla fue un corvo por los cortes que tenía en el cuello y se presume que antes de asesinarla la torturaron, ya que el cadáver -en estado de descomposición- presentaba heridas hechas con un objeto cortopunzante.

«El caso de su muerte se da porque ella tenía amistades con personas vinculadas a la pandilla 18 Revolucionarios, ya que su pareja anterior es de la MS», dijo la fuente, quien pidió anonimato.

La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS, por lo que a las autoridades les pareció sospechoso este hallazgo.

El cadáver de la joven fue encontrado semienterrado el viernes 27 de julio en el patio de una casa de la Colonia Santa María, sobre la calle que conduce al cantón Mariona, en Cuscatancingo.

En esa zona es donde presuntamente se moviliza el sujeto y en la que suele delinquir en el territorio. Por eso, el sujeto conocía muy bien la casa abandonada donde la mataron, decapitaron y posteriormente la enterraron.

En el mismo lugar, las autoridades también encontraron el cadáver de otra mujer que no fue identificada y se cree que no está relacionado a este hecho. Ambas fosas estaban separadas con una distancia de tres metros una de la otra. A la zona, hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Otra persona cercana al caso dijo que al cadáver se le practicará la autopsia y un examen de ADN, pues la joven fue reconocida por la familia por la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. De igual forma, con esos estudios se determinarán las causas exactas de la muerte y si los cortes en el cuello fueron hechos después de haberla asesinado.

Amistades afines a la pandilla 18 

El día en que desapareció, Sánchez iba a realizar compras al centro comercial Metrópolis aproximadamente las 11:30 de la mañana, pero la joven ya no volvió a su casa y eso angustió a la madre. Aseguró que su hija casi nunca salía de su casa, a excepción de los días sábados que asistía a estudiar.

La joven de 19 años estudiaba segundo bachillerato a distancia en el Instituto Nacional Alberto Masferrer (INAM). Su sueño era continuar sus estudios universitarios y convertirse en enfermera.

La madre de Sánchez dijo a este medio que la Fiscalía había hackeado el Facebook de la joven para conocer si esta había sido amenazada en sus redes sociales y a la vez determinar los vínculos y amistades que esta tenía.

Este medio pudo corroborar en el Facebook de Sánchez que esta tenía amistades cercanas a la pandilla 18. De hecho, a una joven a quien Sánchez califica como su mejor amiga es compañera de vida de un pandillero, que en el lenguaje pandilleril se denomina «jaina».

Por el momento, las autoridades investigan el hecho y aún no se ha dado un reporte oficial de las circunstancias o el móvil de este crimen. La familia ha padecido todo un calvario desde la desaparición de la joven, por lo que tampoco han querido sentar postura sobre lo sucedido.

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

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Judicial

Procesan a mujer por amenazas contra dos personas protegidas en Soyapango

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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.

Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.

Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.

El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.

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Judicial

Exdirectivos de Argoz enfrentan nuevo proceso penal por estafa agravada

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.

Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.

De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.

Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.

El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.

La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.

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Judicial

Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán

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El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.

El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.

La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.

La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.

El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.

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