Judicial
Laura Sánchez habría sido decapitada por un pandillero de la MS con quien tuvo una relación
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS.
La joven Laura Concepción Sánchez, de 19 años, quien desapareció el pasado 12 de julio en las cercanías del centro comercial Metrópolis, en la zona de la Zacamil, habría sido asesinada y decapitada por un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), con quien tuvo anteriormente una relación sentimental.
Una fuente cercana al caso reveló a El Salvador Times que la joven anteriormente tuvo un novio de la MS, quien estuvo guardando prisión en un centro penal por un delito que no fue detallado.
La fuente también establece que el sujeto tiene varios meses de haber salido del centro penitenciario y que este le habría estado controlando los pasos a Sánchez, así como a las personas con las que entablaba amistad.
Asimismo, dijo que el arma que utilizaron para decapitarla fue un corvo por los cortes que tenía en el cuello y se presume que antes de asesinarla la torturaron, ya que el cadáver -en estado de descomposición- presentaba heridas hechas con un objeto cortopunzante.
«El caso de su muerte se da porque ella tenía amistades con personas vinculadas a la pandilla 18 Revolucionarios, ya que su pareja anterior es de la MS», dijo la fuente, quien pidió anonimato.
La joven vivía en una zona donde acecha la pandilla 18 Revolucionarios y su cuerpo fue encontrado semienterrado en un lugar en el que predomina la MS, por lo que a las autoridades les pareció sospechoso este hallazgo.
El cadáver de la joven fue encontrado semienterrado el viernes 27 de julio en el patio de una casa de la Colonia Santa María, sobre la calle que conduce al cantón Mariona, en Cuscatancingo.
En esa zona es donde presuntamente se moviliza el sujeto y en la que suele delinquir en el territorio. Por eso, el sujeto conocía muy bien la casa abandonada donde la mataron, decapitaron y posteriormente la enterraron.
En el mismo lugar, las autoridades también encontraron el cadáver de otra mujer que no fue identificada y se cree que no está relacionado a este hecho. Ambas fosas estaban separadas con una distancia de tres metros una de la otra. A la zona, hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra persona cercana al caso dijo que al cadáver se le practicará la autopsia y un examen de ADN, pues la joven fue reconocida por la familia por la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. De igual forma, con esos estudios se determinarán las causas exactas de la muerte y si los cortes en el cuello fueron hechos después de haberla asesinado.
Amistades afines a la pandilla 18
El día en que desapareció, Sánchez iba a realizar compras al centro comercial Metrópolis aproximadamente las 11:30 de la mañana, pero la joven ya no volvió a su casa y eso angustió a la madre. Aseguró que su hija casi nunca salía de su casa, a excepción de los días sábados que asistía a estudiar.
La joven de 19 años estudiaba segundo bachillerato a distancia en el Instituto Nacional Alberto Masferrer (INAM). Su sueño era continuar sus estudios universitarios y convertirse en enfermera.
La madre de Sánchez dijo a este medio que la Fiscalía había hackeado el Facebook de la joven para conocer si esta había sido amenazada en sus redes sociales y a la vez determinar los vínculos y amistades que esta tenía.
Este medio pudo corroborar en el Facebook de Sánchez que esta tenía amistades cercanas a la pandilla 18. De hecho, a una joven a quien Sánchez califica como su mejor amiga es compañera de vida de un pandillero, que en el lenguaje pandilleril se denomina «jaina».
Por el momento, las autoridades investigan el hecho y aún no se ha dado un reporte oficial de las circunstancias o el móvil de este crimen. La familia ha padecido todo un calvario desde la desaparición de la joven, por lo que tampoco han querido sentar postura sobre lo sucedido.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
