Judicial
La FGR acusa a ‘Mecafé’ de evadir impuestos por $227,000
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación contra Miguel Menéndez, conocido como ‘Mecafé’, por evasión de $227,537.48 en impuestos.
De acuerdo con las autoridades, ‘Mecafé’ mintió en declaraciones de renta referentes a los años de 2014 y 2015 por la cantidad antes referida, sin contar con multas e intereses que establece el ministerio de Hacienda en casos de evasión.
“Se está requiriendo por el delito de defraudación al fisco, en su modalidad de evasión de impuestos, monto que nos proporcionó el ministerio de Hacienda. Esto es a título personas, en su calidad de contribuyente, donde presentaba esas declaraciones donde se detectó que se insertó información falsa y no se declararon ciertas cuentas gravadas”, indicó el fiscal del caso.
Ya que Menéndez está recluido en el centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, la Fiscalía lo intimó en una de las celdas del sector nueve para que nombre a su abogado defensor y poder iniciar el proceso judicial.
La Fiscalía presentó la acusación en el Juzgado 3° de Paz de San Salvador y pide que se decrete instrucción formal con detención ya que el delito por el que se le acusa tiene una pena de 6 a 8 años de cárcel.
Miguel Menéndez es uno de los acusados en el caso que la Fiscalía le sigue el expresdiente de la República, Mauricio Funes por “Saque Público”, donde el ministerio público acusa al exmandatario de apropiarse de $351 millones provenientes de la partida de Gastos Reservados.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
