Judicial
Juzgado reprograma para el 5 de marzo audiencia contra Adán Salazar, acusados de lavado de dinero
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador reprogramó para el 5 de marzo la audiencia preliminar programada para este miércoles 23 de enero contra los empresarios José Adán Salazar, conocido como “chepe diablo” y el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y varios de sus familiares procesados por el delito de lavado de dinero y activos.
La diligencia se reprogramó debido a que los peritos permanentes presentaron al juzgado el resultado de ampliación de un peritaje, por lo que dicha evidencia deberá ser del conocimiento de la defensa de los acusados.
Además de los dos empresarios son acusados, Sara Paz Martínez, Susana Nohemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, José Adán Salazar Martínez, Wilfredo Guerra Umaña, Transito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydee Salazar de Umaña.
La fiscalía asegura que los últimos cinco imputados colaboraron con José Adán Salazar para lavar presuntamente un monto de 215 millones de dólares y para ello crearon sociedades de personas jurídicas, de las cuales algunas fueron activadas como el caso de Agroindustrias Gumarsal Sociedad Anónima de Capital Variable, Hoteles Salvadoreños, y otras empresas ocupadas como fachadas, supuestamente.
Según la fiscalía cuentan con suficientes elementos de prueba contra una presunta estructura sofisticada formada por los empresarios, dedicados a la hostelería y venta de granos.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
