Judicial
Jueza ordena juicio y otorga sobreseimientos a presuntos terroristas
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” de esta capital dio a conocer su resolución contra 34 imputados, acusados por organizaciones terroristas, extorsión y homicidio agravado en la vida de cinco personas.
La jueza ordenó que 12 imputados, implicados en igual número de extorsiones, fueran beneficiados con sobreseimientos provisionales y dos más con definitivos. En el caso de estos últimos la jueza se basó en que hubo una doble persecución, es decir, que fueron acusados dos veces por el mismo delito; mientras que otros no fueron reconocidos por el testigo bajo régimen de protección. Sin embargo, no recuperarán su libertad debido a que tiene otros casos pendientes. Solo 26 pasan a juicio.
Se trata de una presunta estructura delincuencial que operaba en el área del Parque Zurita y la Colonia 10 de Octubre y sus alrededores de San Marcos. Son un total de 75 personas, pero por el momento solo 34 fueron objeto de una audiencia preliminar hace unas semanas. La Fiscalía se auxilió de un testigo para iniciar las indagaciones y luego dar con los actuales privados de libertad, a quienes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron en septiembre del año pasado en el municipio antes mencionado.
Los sujetos, supuestamente, ajusticiaron el 25 de noviembre de 2011 a William Enrique Elías Mónico, pandillero contrario retirado. A él lo mataron en San Marcos. Igual le ocurrió a un joven no identificado en la Colonia 10 de Octubre. Mientras que el 6 de julio de 2017, en el Parque Zurita, mataron a Fernando Javier Castaneda Salinas por pertenecer a un grupo diferente y por último, los imputados le dispararon a Iris Xiomara Rivas, quien laboraba como vendedora sobre la 1ª. calle poniente y Calle Concepción, cerca de Plaza Morazán. A ella la ultimaron, el 25 de febrero de 2017, porque pensaban que era informante.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
