Judicial
Jueza ordena juicio y otorga sobreseimientos a presuntos terroristas
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” de esta capital dio a conocer su resolución contra 34 imputados, acusados por organizaciones terroristas, extorsión y homicidio agravado en la vida de cinco personas.
La jueza ordenó que 12 imputados, implicados en igual número de extorsiones, fueran beneficiados con sobreseimientos provisionales y dos más con definitivos. En el caso de estos últimos la jueza se basó en que hubo una doble persecución, es decir, que fueron acusados dos veces por el mismo delito; mientras que otros no fueron reconocidos por el testigo bajo régimen de protección. Sin embargo, no recuperarán su libertad debido a que tiene otros casos pendientes. Solo 26 pasan a juicio.
Se trata de una presunta estructura delincuencial que operaba en el área del Parque Zurita y la Colonia 10 de Octubre y sus alrededores de San Marcos. Son un total de 75 personas, pero por el momento solo 34 fueron objeto de una audiencia preliminar hace unas semanas. La Fiscalía se auxilió de un testigo para iniciar las indagaciones y luego dar con los actuales privados de libertad, a quienes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron en septiembre del año pasado en el municipio antes mencionado.
Los sujetos, supuestamente, ajusticiaron el 25 de noviembre de 2011 a William Enrique Elías Mónico, pandillero contrario retirado. A él lo mataron en San Marcos. Igual le ocurrió a un joven no identificado en la Colonia 10 de Octubre. Mientras que el 6 de julio de 2017, en el Parque Zurita, mataron a Fernando Javier Castaneda Salinas por pertenecer a un grupo diferente y por último, los imputados le dispararon a Iris Xiomara Rivas, quien laboraba como vendedora sobre la 1ª. calle poniente y Calle Concepción, cerca de Plaza Morazán. A ella la ultimaron, el 25 de febrero de 2017, porque pensaban que era informante.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
