Judicial
Jueza ordena juicio y otorga sobreseimientos a presuntos terroristas
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” de esta capital dio a conocer su resolución contra 34 imputados, acusados por organizaciones terroristas, extorsión y homicidio agravado en la vida de cinco personas.
La jueza ordenó que 12 imputados, implicados en igual número de extorsiones, fueran beneficiados con sobreseimientos provisionales y dos más con definitivos. En el caso de estos últimos la jueza se basó en que hubo una doble persecución, es decir, que fueron acusados dos veces por el mismo delito; mientras que otros no fueron reconocidos por el testigo bajo régimen de protección. Sin embargo, no recuperarán su libertad debido a que tiene otros casos pendientes. Solo 26 pasan a juicio.
Se trata de una presunta estructura delincuencial que operaba en el área del Parque Zurita y la Colonia 10 de Octubre y sus alrededores de San Marcos. Son un total de 75 personas, pero por el momento solo 34 fueron objeto de una audiencia preliminar hace unas semanas. La Fiscalía se auxilió de un testigo para iniciar las indagaciones y luego dar con los actuales privados de libertad, a quienes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron en septiembre del año pasado en el municipio antes mencionado.
Los sujetos, supuestamente, ajusticiaron el 25 de noviembre de 2011 a William Enrique Elías Mónico, pandillero contrario retirado. A él lo mataron en San Marcos. Igual le ocurrió a un joven no identificado en la Colonia 10 de Octubre. Mientras que el 6 de julio de 2017, en el Parque Zurita, mataron a Fernando Javier Castaneda Salinas por pertenecer a un grupo diferente y por último, los imputados le dispararon a Iris Xiomara Rivas, quien laboraba como vendedora sobre la 1ª. calle poniente y Calle Concepción, cerca de Plaza Morazán. A ella la ultimaron, el 25 de febrero de 2017, porque pensaban que era informante.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
