Judicial
Juez ordenó a Roberto Acosta y Raquel Vargas someterse a tratamiento psicológico

La resolución de un tribunal ordena a la presentadora Raquel Vargas y su expareja, el conductor de televisión Roberto Acosta, que acudan a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico luego del proceso por violencia que se presentó en su relación.
El caso fue hecho público por Vargas, quien hizo pública la resolución en sus redes sociales, junto con el testimonio sobre lo que sufrió en “una relación muy dañina” con el conductor.
En el documento también se ordenan una serie de restricciones para Acosta con el fin de proteger a la presentadora de televisión y evitar ocurran más episodios de violencia física o psicológica como los que ocurrieron anteriormente.
En su publicación, Vargas brindó detalles de lo que ocurría en su relación. “Tenemos la costumbre de mostrar en redes sociales lo bueno y lo perfecto, pero yo como muchos de ustedes llevan relaciones soportando la violencia psicológica y física”, dijo.
Asimismo, alertó a todas aquellas mujeres que estén pasando una situación similar a buscar ayuda para lograr salir de este círculo. De igual manera, pidió a las mujeres estar alertas en las relaciones, pues desde un inició siempre hay indicadores que denotan el verdadero comportamiento de este tipo de personas.
“Tienes la relación perfecta, luego se enoja por cualquier circunstancia, en mi caso siempre fue un enojo explosivo, con mucha ofensa, luego se arrepiente, luego pide perdón jurando que no va a volver a pasar y cuando lo perdonas regresa a ser el hombre perfecto y así continuamente se repite ese patrón una y otra vez”, manifestó Vargas.
De igual manera, publicó un documento donde consta que demandó a Acosta para poner un alto definitivo a una relación que nunca le hizo bien.
Este es el escrito que publicó la presentadora en el cual expone detalles de lo que sucedió:

Judicial
FGR presenta acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Judicial
Combate a las pandillas: resumen de las recientes condenas contra estructuras criminales

El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

Judicial
Cárcel para narcotraficante que operaba en zonas de Mejicanos

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.