Judicial
Juez ordenó a Roberto Acosta y Raquel Vargas someterse a tratamiento psicológico
La resolución de un tribunal ordena a la presentadora Raquel Vargas y su expareja, el conductor de televisión Roberto Acosta, que acudan a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico luego del proceso por violencia que se presentó en su relación.
El caso fue hecho público por Vargas, quien hizo pública la resolución en sus redes sociales, junto con el testimonio sobre lo que sufrió en “una relación muy dañina” con el conductor.
En el documento también se ordenan una serie de restricciones para Acosta con el fin de proteger a la presentadora de televisión y evitar ocurran más episodios de violencia física o psicológica como los que ocurrieron anteriormente.
En su publicación, Vargas brindó detalles de lo que ocurría en su relación. “Tenemos la costumbre de mostrar en redes sociales lo bueno y lo perfecto, pero yo como muchos de ustedes llevan relaciones soportando la violencia psicológica y física”, dijo.
Asimismo, alertó a todas aquellas mujeres que estén pasando una situación similar a buscar ayuda para lograr salir de este círculo. De igual manera, pidió a las mujeres estar alertas en las relaciones, pues desde un inició siempre hay indicadores que denotan el verdadero comportamiento de este tipo de personas.
“Tienes la relación perfecta, luego se enoja por cualquier circunstancia, en mi caso siempre fue un enojo explosivo, con mucha ofensa, luego se arrepiente, luego pide perdón jurando que no va a volver a pasar y cuando lo perdonas regresa a ser el hombre perfecto y así continuamente se repite ese patrón una y otra vez”, manifestó Vargas.
De igual manera, publicó un documento donde consta que demandó a Acosta para poner un alto definitivo a una relación que nunca le hizo bien.
Este es el escrito que publicó la presentadora en el cual expone detalles de lo que sucedió:
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
