Judicial
Juez ordenó a Roberto Acosta y Raquel Vargas someterse a tratamiento psicológico
La resolución de un tribunal ordena a la presentadora Raquel Vargas y su expareja, el conductor de televisión Roberto Acosta, que acudan a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico luego del proceso por violencia que se presentó en su relación.
El caso fue hecho público por Vargas, quien hizo pública la resolución en sus redes sociales, junto con el testimonio sobre lo que sufrió en “una relación muy dañina” con el conductor.
En el documento también se ordenan una serie de restricciones para Acosta con el fin de proteger a la presentadora de televisión y evitar ocurran más episodios de violencia física o psicológica como los que ocurrieron anteriormente.
En su publicación, Vargas brindó detalles de lo que ocurría en su relación. “Tenemos la costumbre de mostrar en redes sociales lo bueno y lo perfecto, pero yo como muchos de ustedes llevan relaciones soportando la violencia psicológica y física”, dijo.
Asimismo, alertó a todas aquellas mujeres que estén pasando una situación similar a buscar ayuda para lograr salir de este círculo. De igual manera, pidió a las mujeres estar alertas en las relaciones, pues desde un inició siempre hay indicadores que denotan el verdadero comportamiento de este tipo de personas.
“Tienes la relación perfecta, luego se enoja por cualquier circunstancia, en mi caso siempre fue un enojo explosivo, con mucha ofensa, luego se arrepiente, luego pide perdón jurando que no va a volver a pasar y cuando lo perdonas regresa a ser el hombre perfecto y así continuamente se repite ese patrón una y otra vez”, manifestó Vargas.
De igual manera, publicó un documento donde consta que demandó a Acosta para poner un alto definitivo a una relación que nunca le hizo bien.
Este es el escrito que publicó la presentadora en el cual expone detalles de lo que sucedió:
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
