Judicial
Joven que busca justicia después de que un grupo de policías y militares lo torturaron
Los golpearon en el cuerpo varias ocasiones, lo intentaron ahogar en una quebrada y lo amenazaron con cortarle la lengua, esas fueron algunas de las acciones que un joven de un municipio de San Salvador señaló que un grupo de policías y militares supuestamente cometieron en su contra luego de arrestarlo bajo la sospecha de ser informante de las pandillas que operan en su comunidad.
Otoniel, nombre modificado por cuestiones de seguridad, tiene 16 años de edad y vive con su madre en una pequeña casa hecha de barro y varas de bambú en medio de una zona boscosa de un cantón al occidente del país. Hasta hace algunos años, la zona era tranquila y sin problemas, pero tras la llegada de las pandillas comenzó a cambiar todo el ambiente del lugar.
Su Madre, Antonia (nombre cambiado por protección) siempre se preocupó por cuidar de ellos. Sin embargo, las pandillas le quitaron la vida al resto de sus hijos, quedándose sola con Otoniel. Un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a su hijo a cargo de la casa para que nada malo le sucediera.
Según el expediente judicial, eran las 11:30 de la mañana, Antonia caminó sobre una calle empolvada cuando miró a lo lejos un grupo de ocho soldados y dos policías que venían en dirección hacia ella; cuando se encontraron ellos le preguntaron:
– ¿Es usted Antonia? -le dijo uno del grupo.
– Soy yo -le dijo ella con un tono de extrañeza.
– Vámonos para su casa -le exigió otro obligando a Antonia para que se regresara a su casa junto con ellos.
Ella se dio la vuelta y comenzaron a caminar. Durante el trayecto la cuestionaron sobre cuántos hijos tenía. Ella fue honesta y les explicó que sus hijos habían sido asesinados y que solo le quedaba uno de 16 años.
Según el expediente judicial, al llegar al lugar, entraron a la casa y ella les mostró donde estaba su hijo. “Veni muchacho, queremos hablar con vos”, le dijo un soldado a Otoniel.
“¿Vos sos el que avisa a los pandilleros cuando llegan los policías?”, preguntó el soldado. Otoniel lo negó. Ante la negativa del muchacho, ellos le pidieron que saliera al patio, él obedeció.
Se llevaron a Otoniel
Durante la declaración Otoniel expuso que estando en el patio uno de los soldados le clavó un puñetazo en el pecho, patadas en la cabeza y en la espalda. Antonia afligida les pidió que dejaran de golpearlo que no era culpable de nada. Sin embargo, las palabras de ella no calaron en el grupo de los soldados y policías quienes lo arrestaron de inmediato.
En el expediente judicial consta que Antonia en su relato dijo que suplicó que no se lo llevaran. El grupo de hombres le sugirió que no se metiera en el arresto porque si no sería la siguiente. Aquellos hombres escoltaron a Otoniel y se lo llevaron por la calle de tierra rumbo a la delegación policial.
-“Si te corrés te vamos a matar” -le advirtió uno del grupo, amenazándolo.
Según los del grupo de seguridad, Otoniel era uno de los sospechosos, ya que horas antes se registró un tiroteo entre policías y pandilleros que operan en la misma zona donde él vive. En el enfrentamiento, murió un pandillero.
Otoniel explicó en su declaración que después de varios minutos de recorrido, se detuvieron y lo hincaron sobre el suelo. Uno de los soldados desenfundó su cuchillo y le dijo que le cortaría la lengua. Ese momento dio el paso para que otro soldado le presionara los ojos con los dedos ejerciendo mucha fuerza hacia dentro, el gritaba del dolor. Jamás imaginó que esto le llegaría a suceder.
Luego de eso, lo sacaron del camino y lo metieron a un potrero que estaba a un costado. Lo acostaron debajo del sol y le tiraban agua en la nariz y en la boca con el propósito de ahogarlo. Otoniel dijo que uno de los soldados se paró en su abdomen mientras que otro le proporcionaba patadas.
“¿Dónde tienen las armas los pandillero?”, “¿a dónde se corrieron los pandilleros?”, eran los cuestionamientos del grupo de hombres. Él negó en todo momento las acusaciones.
De la tortura a la bartolina
Él señaló que luego de los golpes lo introdujeron a unos matorrales y uno de los hombres le colocó una chaqueta en el cuello para asfixiarlo.
Aquel hombre le preguntó:
-¿Dónde se corrieron los demás?
-No sé, no sé nada -les dijo angustiado.
-“¡No seas pendejo! Vos sabes para dónde se fueron los otros delincuentes si vos participaste en intercambio de disparos -le enfatizó.
Otoniel le aclaró nuevamente que no tenía nada que ver pero que había visto que unos salieron corriendo hacia una quebrada. Cuando el policía encontró una respuesta le dijo que le mostrara la quebrada junto con los otros soldados.
Lo llevaron a la orilla de la quebrada y le sumergieron la cabeza en una poza de agua y luego uno del grupo le colocó el pie en la cabeza mientras que otro le proporciona un puntapié en el estómago para ahogarlo, según señala el expediente.
Pasaron varios minutos ahí hasta que uno de los agentes le colocó a una venda en los ojos y se lo llevaron nuevamente a la calle. Ahí lo esperaba una patrulla para llevárselo a la subdelegación, donde pasó sentado y esposado por varios minutos hasta que lo pasaron a una bartolina.
A los pocos minutos, Antonia llegó al lugar y preguntó por su hijo. Según el testimonio de Antonia, el policía de guardia le contestó riéndose que él estaba ahí y que debía llamar para ver la condición de Otoniel, pero ella le explicó que no tenía dinero para comunicarse con ellos.
Horas más tarde, Otoniel contó y denunció lo que el grupo de policías y soldados hicieron en su contra cuando lo traían detenido desde su casa. Él explicó que no logró reconocer a ninguno de ellos, ya que todos traían gorro navarone, excepto a uno: el policía que le proporcionó un puntapié dentro de su casa.
A Otoniel y a su madre les mostraron una serie de fotografías donde identificaron al agente que supuestamente lo había agredido. Se trataba de David Esteban Guevara Ascencio, a quien acusaron de realizar, junto con los otros agresores, un mal procedimiento y actos de tortura en su contra.
Debido a que es el único que logró identificarse, Amaya Villlalta es el único procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por delito de tortura en este caso. La audiencia está programada para el 29 de julio de este año, donde se espera se determine la participación o no de este imputado en el hecho.
Por: El Salvador Times
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
