Judicial
Joven que busca justicia después de que un grupo de policías y militares lo torturaron
Los golpearon en el cuerpo varias ocasiones, lo intentaron ahogar en una quebrada y lo amenazaron con cortarle la lengua, esas fueron algunas de las acciones que un joven de un municipio de San Salvador señaló que un grupo de policías y militares supuestamente cometieron en su contra luego de arrestarlo bajo la sospecha de ser informante de las pandillas que operan en su comunidad.
Otoniel, nombre modificado por cuestiones de seguridad, tiene 16 años de edad y vive con su madre en una pequeña casa hecha de barro y varas de bambú en medio de una zona boscosa de un cantón al occidente del país. Hasta hace algunos años, la zona era tranquila y sin problemas, pero tras la llegada de las pandillas comenzó a cambiar todo el ambiente del lugar.
Su Madre, Antonia (nombre cambiado por protección) siempre se preocupó por cuidar de ellos. Sin embargo, las pandillas le quitaron la vida al resto de sus hijos, quedándose sola con Otoniel. Un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a su hijo a cargo de la casa para que nada malo le sucediera.
Según el expediente judicial, eran las 11:30 de la mañana, Antonia caminó sobre una calle empolvada cuando miró a lo lejos un grupo de ocho soldados y dos policías que venían en dirección hacia ella; cuando se encontraron ellos le preguntaron:
– ¿Es usted Antonia? -le dijo uno del grupo.
– Soy yo -le dijo ella con un tono de extrañeza.
– Vámonos para su casa -le exigió otro obligando a Antonia para que se regresara a su casa junto con ellos.
Ella se dio la vuelta y comenzaron a caminar. Durante el trayecto la cuestionaron sobre cuántos hijos tenía. Ella fue honesta y les explicó que sus hijos habían sido asesinados y que solo le quedaba uno de 16 años.
Según el expediente judicial, al llegar al lugar, entraron a la casa y ella les mostró donde estaba su hijo. “Veni muchacho, queremos hablar con vos”, le dijo un soldado a Otoniel.
“¿Vos sos el que avisa a los pandilleros cuando llegan los policías?”, preguntó el soldado. Otoniel lo negó. Ante la negativa del muchacho, ellos le pidieron que saliera al patio, él obedeció.
Se llevaron a Otoniel
Durante la declaración Otoniel expuso que estando en el patio uno de los soldados le clavó un puñetazo en el pecho, patadas en la cabeza y en la espalda. Antonia afligida les pidió que dejaran de golpearlo que no era culpable de nada. Sin embargo, las palabras de ella no calaron en el grupo de los soldados y policías quienes lo arrestaron de inmediato.
En el expediente judicial consta que Antonia en su relato dijo que suplicó que no se lo llevaran. El grupo de hombres le sugirió que no se metiera en el arresto porque si no sería la siguiente. Aquellos hombres escoltaron a Otoniel y se lo llevaron por la calle de tierra rumbo a la delegación policial.
-“Si te corrés te vamos a matar” -le advirtió uno del grupo, amenazándolo.
Según los del grupo de seguridad, Otoniel era uno de los sospechosos, ya que horas antes se registró un tiroteo entre policías y pandilleros que operan en la misma zona donde él vive. En el enfrentamiento, murió un pandillero.
Otoniel explicó en su declaración que después de varios minutos de recorrido, se detuvieron y lo hincaron sobre el suelo. Uno de los soldados desenfundó su cuchillo y le dijo que le cortaría la lengua. Ese momento dio el paso para que otro soldado le presionara los ojos con los dedos ejerciendo mucha fuerza hacia dentro, el gritaba del dolor. Jamás imaginó que esto le llegaría a suceder.
Luego de eso, lo sacaron del camino y lo metieron a un potrero que estaba a un costado. Lo acostaron debajo del sol y le tiraban agua en la nariz y en la boca con el propósito de ahogarlo. Otoniel dijo que uno de los soldados se paró en su abdomen mientras que otro le proporcionaba patadas.
“¿Dónde tienen las armas los pandillero?”, “¿a dónde se corrieron los pandilleros?”, eran los cuestionamientos del grupo de hombres. Él negó en todo momento las acusaciones.
De la tortura a la bartolina
Él señaló que luego de los golpes lo introdujeron a unos matorrales y uno de los hombres le colocó una chaqueta en el cuello para asfixiarlo.
Aquel hombre le preguntó:
-¿Dónde se corrieron los demás?
-No sé, no sé nada -les dijo angustiado.
-“¡No seas pendejo! Vos sabes para dónde se fueron los otros delincuentes si vos participaste en intercambio de disparos -le enfatizó.
Otoniel le aclaró nuevamente que no tenía nada que ver pero que había visto que unos salieron corriendo hacia una quebrada. Cuando el policía encontró una respuesta le dijo que le mostrara la quebrada junto con los otros soldados.
Lo llevaron a la orilla de la quebrada y le sumergieron la cabeza en una poza de agua y luego uno del grupo le colocó el pie en la cabeza mientras que otro le proporciona un puntapié en el estómago para ahogarlo, según señala el expediente.
Pasaron varios minutos ahí hasta que uno de los agentes le colocó a una venda en los ojos y se lo llevaron nuevamente a la calle. Ahí lo esperaba una patrulla para llevárselo a la subdelegación, donde pasó sentado y esposado por varios minutos hasta que lo pasaron a una bartolina.
A los pocos minutos, Antonia llegó al lugar y preguntó por su hijo. Según el testimonio de Antonia, el policía de guardia le contestó riéndose que él estaba ahí y que debía llamar para ver la condición de Otoniel, pero ella le explicó que no tenía dinero para comunicarse con ellos.
Horas más tarde, Otoniel contó y denunció lo que el grupo de policías y soldados hicieron en su contra cuando lo traían detenido desde su casa. Él explicó que no logró reconocer a ninguno de ellos, ya que todos traían gorro navarone, excepto a uno: el policía que le proporcionó un puntapié dentro de su casa.
A Otoniel y a su madre les mostraron una serie de fotografías donde identificaron al agente que supuestamente lo había agredido. Se trataba de David Esteban Guevara Ascencio, a quien acusaron de realizar, junto con los otros agresores, un mal procedimiento y actos de tortura en su contra.
Debido a que es el único que logró identificarse, Amaya Villlalta es el único procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por delito de tortura en este caso. La audiencia está programada para el 29 de julio de este año, donde se espera se determine la participación o no de este imputado en el hecho.
Por: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
