Judicial
Joven de 20 años, que nunca tuvo síntomas de embarazo, dio a luz en un baño y asesinó con un cuchillo a la bebé
Luego de sentir una molestia en el vientre, una joven se encerró en el baño y dio a luz a una niña, a quien acuchilló en reiteradas ocasiones e intentó ocultarla dentro de su cuarto, según la versión de la Fiscalía. Ahora que enfrenta un juicio penal en su contra, la joven asegura que no estaba consciente de lo que hacía.
Andrea Q., de 20 años de edad, era una joven estudiante que desde que entró a la adolescencia experimentó cambios hormonales en su cuerpo que provocaban que su menstruación fuera irregular, según ventiló en el juicio que se lleva en su contra.
No obstante, la joven llegó a adaptarse a su cuerpo señalando que en un momento pasó 12 meses sin menstruar, algo que pese a tener una vida sexual activa no la preocupó, ya que estaba consciente de lo que pasaba con su cuerpo.
Según se conoció en la audiencia, la joven vivía con su mamá, su hermano de cinco años y su padrastro, quienes conocieron a los dos novios formales que tuvo en dos años, ya que luego tuvo encuentros casuales con uno de sus vecinos a quien conocían como Josué.
La “vida normal” de Andrea cambió drásticamente el 10 de abril de 2018 cuando se encontraba sola en casa con su hermano y sintió una sensación extraña en su vientre. La joven contó que caminó hacia el baño y una vez adentro sintió algo que bajaba de su cuerpo: era una bebé que sin saber, dijo, había llevado en su cuerpo por varios meses.
Bañada en su propia sangre, tomó el cordón umbilical y lo arrancó desprendiéndose del cuerpo inmediatamente. Encerrada en el baño, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al bebé que no sobrevivió al ataque, consigna la acusación fiscal en su contra.
Posteriormente, se dirigió a su cuarto para tomar sábanas y envolver el cadáver que dejó al interior de guarda ropas queriendo que nadie supiera de lo ocurrido, dijeron las investigaciones.
La hemorragia que alertó a una vecina
Frente a la casa de la imputada, una vecina notó que del tragante salía agua roja con sangre. Preocupada, tocó la puerta y de inmediato salió Andrea, quien nerviosa le aseguró que todo estaba bien.
Minutos después, la joven salió a lavar, con lejía y detergente para borrar cualquier rastro antes de que llegaran sus padres, algo para lo que le pidió ayuda a su vecina, quien no dejó de tener sospechas sobre la situación.
Luego de realizar las labores, Andrea se puso pálida y comenzó a mostrarse cada vez más fatigada hasta que sufrió una hemorragia que obligó a su vecina a llevarla a un hospital, donde fue atendida de emergencia.
“Todo estaba salpicado de sangre, en ese momento me resbalé y observé que habían muchas cobijas llenas de sangre hasta el colchón”, señaló la vecina a las autoridades.
Los médicos que atendían a la joven no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero luego de una serie de exámenes confirmaron que Andrea había tenido un parto y decidieron llamar a la Policía para que investigara el caso.
Incluso, los doctores cuestionaron a la joven sobre su embarazo y esta desconcertada manifestó que no sabía sobre su estado, ya que nunca tuvo señales de haber estado encinta y explicó que no sabía lo que había ocurrido en su casa.
Era una bebé sana
Horrorizada, la madre de la joven descubrió la escena, digna de una película de terror, que la llevó hasta el guardarropa donde localizó una bolsa negra que no tuvo el valor de abrir, ya que no estaba segura de lo que se trataba.
La mujer cargó la bolsa hasta el lavadero donde posteriormente fue examinado por forenses que determinaron que la bebé presentaba heridas en la mandíbula, cuello, tórax y en el estómago. Esta última la más considerable de todas, ya que mostraba todos los órganos internos.
El forense señaló en su informe que la bebé cuando nació estaba sana, había llorado y respirado con normalidad y se estimó que Andrea tenía entre 38 y 40 semanas de gestación.
Un psicólogo forense explicó que la joven no presentó ningún tipo de trastorno mental, aunque durante la entrevista que le realizó a la imputada esta manifestó que no estaba consciente de las acciones que realizó ese día y que se sentía culpable.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspender la audiencia, ya que necesitaba el testimonio de la doctora que atendió a la joven, quien por problemas de salud no se había presentado.
La audiencia se reprogramó para el viernes 18 de enero y se desarrollará en la casa de la testigo que el ministerio público considera clave para el caso.
La parte acusadora pide la pena máxima de 50 años por el delito de homicidio agravado, mientras la defensa solicita un sobreseimiento definitivo, alegando el desconocimiento de la joven.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
