Judicial
Joven de 20 años, que nunca tuvo síntomas de embarazo, dio a luz en un baño y asesinó con un cuchillo a la bebé
Luego de sentir una molestia en el vientre, una joven se encerró en el baño y dio a luz a una niña, a quien acuchilló en reiteradas ocasiones e intentó ocultarla dentro de su cuarto, según la versión de la Fiscalía. Ahora que enfrenta un juicio penal en su contra, la joven asegura que no estaba consciente de lo que hacía.
Andrea Q., de 20 años de edad, era una joven estudiante que desde que entró a la adolescencia experimentó cambios hormonales en su cuerpo que provocaban que su menstruación fuera irregular, según ventiló en el juicio que se lleva en su contra.
No obstante, la joven llegó a adaptarse a su cuerpo señalando que en un momento pasó 12 meses sin menstruar, algo que pese a tener una vida sexual activa no la preocupó, ya que estaba consciente de lo que pasaba con su cuerpo.
Según se conoció en la audiencia, la joven vivía con su mamá, su hermano de cinco años y su padrastro, quienes conocieron a los dos novios formales que tuvo en dos años, ya que luego tuvo encuentros casuales con uno de sus vecinos a quien conocían como Josué.
La “vida normal” de Andrea cambió drásticamente el 10 de abril de 2018 cuando se encontraba sola en casa con su hermano y sintió una sensación extraña en su vientre. La joven contó que caminó hacia el baño y una vez adentro sintió algo que bajaba de su cuerpo: era una bebé que sin saber, dijo, había llevado en su cuerpo por varios meses.
Bañada en su propia sangre, tomó el cordón umbilical y lo arrancó desprendiéndose del cuerpo inmediatamente. Encerrada en el baño, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al bebé que no sobrevivió al ataque, consigna la acusación fiscal en su contra.
Posteriormente, se dirigió a su cuarto para tomar sábanas y envolver el cadáver que dejó al interior de guarda ropas queriendo que nadie supiera de lo ocurrido, dijeron las investigaciones.
La hemorragia que alertó a una vecina
Frente a la casa de la imputada, una vecina notó que del tragante salía agua roja con sangre. Preocupada, tocó la puerta y de inmediato salió Andrea, quien nerviosa le aseguró que todo estaba bien.
Minutos después, la joven salió a lavar, con lejía y detergente para borrar cualquier rastro antes de que llegaran sus padres, algo para lo que le pidió ayuda a su vecina, quien no dejó de tener sospechas sobre la situación.
Luego de realizar las labores, Andrea se puso pálida y comenzó a mostrarse cada vez más fatigada hasta que sufrió una hemorragia que obligó a su vecina a llevarla a un hospital, donde fue atendida de emergencia.
“Todo estaba salpicado de sangre, en ese momento me resbalé y observé que habían muchas cobijas llenas de sangre hasta el colchón”, señaló la vecina a las autoridades.
Los médicos que atendían a la joven no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero luego de una serie de exámenes confirmaron que Andrea había tenido un parto y decidieron llamar a la Policía para que investigara el caso.
Incluso, los doctores cuestionaron a la joven sobre su embarazo y esta desconcertada manifestó que no sabía sobre su estado, ya que nunca tuvo señales de haber estado encinta y explicó que no sabía lo que había ocurrido en su casa.
Era una bebé sana
Horrorizada, la madre de la joven descubrió la escena, digna de una película de terror, que la llevó hasta el guardarropa donde localizó una bolsa negra que no tuvo el valor de abrir, ya que no estaba segura de lo que se trataba.
La mujer cargó la bolsa hasta el lavadero donde posteriormente fue examinado por forenses que determinaron que la bebé presentaba heridas en la mandíbula, cuello, tórax y en el estómago. Esta última la más considerable de todas, ya que mostraba todos los órganos internos.
El forense señaló en su informe que la bebé cuando nació estaba sana, había llorado y respirado con normalidad y se estimó que Andrea tenía entre 38 y 40 semanas de gestación.
Un psicólogo forense explicó que la joven no presentó ningún tipo de trastorno mental, aunque durante la entrevista que le realizó a la imputada esta manifestó que no estaba consciente de las acciones que realizó ese día y que se sentía culpable.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspender la audiencia, ya que necesitaba el testimonio de la doctora que atendió a la joven, quien por problemas de salud no se había presentado.
La audiencia se reprogramó para el viernes 18 de enero y se desarrollará en la casa de la testigo que el ministerio público considera clave para el caso.
La parte acusadora pide la pena máxima de 50 años por el delito de homicidio agravado, mientras la defensa solicita un sobreseimiento definitivo, alegando el desconocimiento de la joven.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
