Judicial
Joven de 20 años, que nunca tuvo síntomas de embarazo, dio a luz en un baño y asesinó con un cuchillo a la bebé
Luego de sentir una molestia en el vientre, una joven se encerró en el baño y dio a luz a una niña, a quien acuchilló en reiteradas ocasiones e intentó ocultarla dentro de su cuarto, según la versión de la Fiscalía. Ahora que enfrenta un juicio penal en su contra, la joven asegura que no estaba consciente de lo que hacía.
Andrea Q., de 20 años de edad, era una joven estudiante que desde que entró a la adolescencia experimentó cambios hormonales en su cuerpo que provocaban que su menstruación fuera irregular, según ventiló en el juicio que se lleva en su contra.
No obstante, la joven llegó a adaptarse a su cuerpo señalando que en un momento pasó 12 meses sin menstruar, algo que pese a tener una vida sexual activa no la preocupó, ya que estaba consciente de lo que pasaba con su cuerpo.
Según se conoció en la audiencia, la joven vivía con su mamá, su hermano de cinco años y su padrastro, quienes conocieron a los dos novios formales que tuvo en dos años, ya que luego tuvo encuentros casuales con uno de sus vecinos a quien conocían como Josué.
La “vida normal” de Andrea cambió drásticamente el 10 de abril de 2018 cuando se encontraba sola en casa con su hermano y sintió una sensación extraña en su vientre. La joven contó que caminó hacia el baño y una vez adentro sintió algo que bajaba de su cuerpo: era una bebé que sin saber, dijo, había llevado en su cuerpo por varios meses.
Bañada en su propia sangre, tomó el cordón umbilical y lo arrancó desprendiéndose del cuerpo inmediatamente. Encerrada en el baño, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al bebé que no sobrevivió al ataque, consigna la acusación fiscal en su contra.
Posteriormente, se dirigió a su cuarto para tomar sábanas y envolver el cadáver que dejó al interior de guarda ropas queriendo que nadie supiera de lo ocurrido, dijeron las investigaciones.
La hemorragia que alertó a una vecina
Frente a la casa de la imputada, una vecina notó que del tragante salía agua roja con sangre. Preocupada, tocó la puerta y de inmediato salió Andrea, quien nerviosa le aseguró que todo estaba bien.
Minutos después, la joven salió a lavar, con lejía y detergente para borrar cualquier rastro antes de que llegaran sus padres, algo para lo que le pidió ayuda a su vecina, quien no dejó de tener sospechas sobre la situación.
Luego de realizar las labores, Andrea se puso pálida y comenzó a mostrarse cada vez más fatigada hasta que sufrió una hemorragia que obligó a su vecina a llevarla a un hospital, donde fue atendida de emergencia.
“Todo estaba salpicado de sangre, en ese momento me resbalé y observé que habían muchas cobijas llenas de sangre hasta el colchón”, señaló la vecina a las autoridades.
Los médicos que atendían a la joven no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero luego de una serie de exámenes confirmaron que Andrea había tenido un parto y decidieron llamar a la Policía para que investigara el caso.
Incluso, los doctores cuestionaron a la joven sobre su embarazo y esta desconcertada manifestó que no sabía sobre su estado, ya que nunca tuvo señales de haber estado encinta y explicó que no sabía lo que había ocurrido en su casa.
Era una bebé sana
Horrorizada, la madre de la joven descubrió la escena, digna de una película de terror, que la llevó hasta el guardarropa donde localizó una bolsa negra que no tuvo el valor de abrir, ya que no estaba segura de lo que se trataba.
La mujer cargó la bolsa hasta el lavadero donde posteriormente fue examinado por forenses que determinaron que la bebé presentaba heridas en la mandíbula, cuello, tórax y en el estómago. Esta última la más considerable de todas, ya que mostraba todos los órganos internos.
El forense señaló en su informe que la bebé cuando nació estaba sana, había llorado y respirado con normalidad y se estimó que Andrea tenía entre 38 y 40 semanas de gestación.
Un psicólogo forense explicó que la joven no presentó ningún tipo de trastorno mental, aunque durante la entrevista que le realizó a la imputada esta manifestó que no estaba consciente de las acciones que realizó ese día y que se sentía culpable.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspender la audiencia, ya que necesitaba el testimonio de la doctora que atendió a la joven, quien por problemas de salud no se había presentado.
La audiencia se reprogramó para el viernes 18 de enero y se desarrollará en la casa de la testigo que el ministerio público considera clave para el caso.
La parte acusadora pide la pena máxima de 50 años por el delito de homicidio agravado, mientras la defensa solicita un sobreseimiento definitivo, alegando el desconocimiento de la joven.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
