Judicial
Jefe le propuso tener relaciones sexuales a su empleada, ella se negó en 2 ocasiones y hoy enfrenta los tribunales

En el Juzgado 2° de Paz de Santa Ana ha sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) un hombre por acosar sexualmente a una subalterna.
Los hechos entre el jefe y la mujer ocurrieron en dos ocasiones, una en 2019 y otra en 2020.
En el requerimiento del ministerio público se establece que la víctima “Johana”, nombre cambiado, conoció a Walter Armado S., de 42 años, desde hace más de 18 años ya que han trabajado en el mismo lugar.
La víctima y Walter Armado se trataban con respeto hasta que en una ocasión en 2019 él le ofreció a ella llevarla en su vehículo, pero la terminó trasladando hasta un motel donde le propuso que tuvieran relaciones sexuales.
Ella se negó y después del incidente ambos hicieron como si no había sucedido nada, pero la situación se iba a repetir en 2020 cuando él la volvió a llevar a un motel y le hizo la misma proposición, que ella volvió a rechazar.
Ante la negativa de “Johana”, Walter Armando optó denigrarla en su empleo, aprovechando que él ostenta un cargo de jefatura en el centro de trabajo.
Ante temores de ser despedida, la víctima acudió a las autoridades a denunciar a su jefe por acoso sexual, por lo que se iniciaron las investigaciones que han llegado hasta el sistema de justicia.
Al Juzgado 2° de Paz de Santa Ana fue presentando Walter Armando y el juez le decretó la continuación del proceso sin detención.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.