Judicial
Interpol captura a esposa de Paolo Lüers en aeropuerto cuando regresaba de Costa Rica
Daisy Elizabeth Heredia, de 61 años de edad, esposa de Paolo Lüers, fue capturada por Interpol el pasado 9 de abril en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando ingresaba al país, acusada por el delito de retención de cuotas laborales.
Fuentes judiciales confirmaron a El Salvador Times que la mujer provenía de Costa Rica y llegó después del mediodía al país el pasado lunes. Fue hasta que se registró a su llegada en migración que las autoridades se dieron cuenta que era requerida por el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
En agosto de 2017, el juez Carlos Calderón declaró “rebelde” a la imputada y le giró orden de captura porque no se presentó a las audiencias a las que era convocada, en el caso que se llevaba en su contra por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de varios empleados del bar La Ventana, por ser la representante legal de la empresa.
La mujer, que es conocida por Daniela Elizabeth Heredia, fue capturada de inmediato por la Interpol en el aeropuerto y fue llevada por apremio hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador para ponerla a la orden del juez primero de Instrucción.
Al llegar al lugar, fue trasladada a las bartolinas de la sede judicial, donde guarda prisión desde la tarde del lunes, según fuentes judiciales.
La mujer guardará prisión hasta que la deuda que se tiene tanto con las AFP se haga efectiva, puesto que debido al tipo de delito la acción penal se extingue cuando se hace efectivo el pago.
Evalúan hacer el pago
El esposo de la imputada, Lüers, confirmó que deben el pago de AFP a varios empleados del bar La Ventana y que están verificando los montos para cancelar lo adeudado. “Estamos terminando depuración de datos y montos para mañana (martes) cancelar el monto establecido».
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el pago no se había hecho el martes y Heredia aún guardaba prisión en las bartolinas.
La deuda de la empresaria asciende a $1,969 y $2,729 en concepto de cuotas previsionales para dos de los empleados y se prevé que la suma puede aumentar con una tercera víctima y otros empleados, según informes fiscales.
Se espera que en los próximos días se programe una audiencia preliminar en su contra, sino se hace el pago efectivo previamente.
Por: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
