Judicial
Interpol captura a esposa de Paolo Lüers en aeropuerto cuando regresaba de Costa Rica
Daisy Elizabeth Heredia, de 61 años de edad, esposa de Paolo Lüers, fue capturada por Interpol el pasado 9 de abril en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando ingresaba al país, acusada por el delito de retención de cuotas laborales.
Fuentes judiciales confirmaron a El Salvador Times que la mujer provenía de Costa Rica y llegó después del mediodía al país el pasado lunes. Fue hasta que se registró a su llegada en migración que las autoridades se dieron cuenta que era requerida por el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
En agosto de 2017, el juez Carlos Calderón declaró “rebelde” a la imputada y le giró orden de captura porque no se presentó a las audiencias a las que era convocada, en el caso que se llevaba en su contra por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de varios empleados del bar La Ventana, por ser la representante legal de la empresa.
La mujer, que es conocida por Daniela Elizabeth Heredia, fue capturada de inmediato por la Interpol en el aeropuerto y fue llevada por apremio hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador para ponerla a la orden del juez primero de Instrucción.
Al llegar al lugar, fue trasladada a las bartolinas de la sede judicial, donde guarda prisión desde la tarde del lunes, según fuentes judiciales.
La mujer guardará prisión hasta que la deuda que se tiene tanto con las AFP se haga efectiva, puesto que debido al tipo de delito la acción penal se extingue cuando se hace efectivo el pago.
Evalúan hacer el pago
El esposo de la imputada, Lüers, confirmó que deben el pago de AFP a varios empleados del bar La Ventana y que están verificando los montos para cancelar lo adeudado. “Estamos terminando depuración de datos y montos para mañana (martes) cancelar el monto establecido».
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el pago no se había hecho el martes y Heredia aún guardaba prisión en las bartolinas.
La deuda de la empresaria asciende a $1,969 y $2,729 en concepto de cuotas previsionales para dos de los empleados y se prevé que la suma puede aumentar con una tercera víctima y otros empleados, según informes fiscales.
Se espera que en los próximos días se programe una audiencia preliminar en su contra, sino se hace el pago efectivo previamente.
Por: El Salvador Times
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
