Judicial
Imponen medidas por cuatro años de entrenamiento para joven acusado de extorsión en El Congo, Santa Ana
El joven Luis N., alias “Luisito”; miembro activo de la MS, quien fue encontrado culpable del delito de Extorsión Agravado, en perjuicio de un comerciante que goza de régimen de protección de víctima y testigo, según informó el jefe de la Unidad, Julio Sosa.
Según el informe del Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, se comprobó que Luis N., efectuó el delito de extorsión, declarándolo responsable e imponiéndole la sanción de cuatro años de internamiento en Tonacatepeque y tres años seis meses de libertad asistida.
“Como representación fiscal hemos fundamentado cada elemento de prueba y al momento de nuestra participación en el juicio, pudimos establecer de forma categórica la participación delictiva del imputado”, explicó el jefe fiscal.
El testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo la clave “98”, explicó que el 01 de noviembre de 2018, en la jurisdicción de El Congo, denuncio que acababa de ser víctima de extorsión por parte de un sujeto, al que conoce como “Luisito”, quien le dijo que si quería seguir entrando a trabajar a la zona tenía que entregarle la cantidad de $150.00.
Según la víctima, él le respondió que en ese momento solo portaba US$40.00, por lo que el sujeto le dijo que se los entregara y que la próxima vez que entrara le diera el resto. Agentes policiales que fueron alertados rastrearon la zona y observaron al sujeto que les describió la victima clave 98, por lo que al mandarle los comandos verbales el sujeto quiso darse a la fuga, pero fue intervenido.
Al realizarle la requisa personal le encontraron $40.00, que le había entregado la victima clave 98, por lo que procedieron a su privación de libertad. Declarado culpable, el tribunal ordenó tres años de Internamiento, según explicó la Fiscalía.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
