Judicial
Imponen medidas por cuatro años de entrenamiento para joven acusado de extorsión en El Congo, Santa Ana
El joven Luis N., alias “Luisito”; miembro activo de la MS, quien fue encontrado culpable del delito de Extorsión Agravado, en perjuicio de un comerciante que goza de régimen de protección de víctima y testigo, según informó el jefe de la Unidad, Julio Sosa.
Según el informe del Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, se comprobó que Luis N., efectuó el delito de extorsión, declarándolo responsable e imponiéndole la sanción de cuatro años de internamiento en Tonacatepeque y tres años seis meses de libertad asistida.
“Como representación fiscal hemos fundamentado cada elemento de prueba y al momento de nuestra participación en el juicio, pudimos establecer de forma categórica la participación delictiva del imputado”, explicó el jefe fiscal.
El testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo la clave “98”, explicó que el 01 de noviembre de 2018, en la jurisdicción de El Congo, denuncio que acababa de ser víctima de extorsión por parte de un sujeto, al que conoce como “Luisito”, quien le dijo que si quería seguir entrando a trabajar a la zona tenía que entregarle la cantidad de $150.00.
Según la víctima, él le respondió que en ese momento solo portaba US$40.00, por lo que el sujeto le dijo que se los entregara y que la próxima vez que entrara le diera el resto. Agentes policiales que fueron alertados rastrearon la zona y observaron al sujeto que les describió la victima clave 98, por lo que al mandarle los comandos verbales el sujeto quiso darse a la fuga, pero fue intervenido.
Al realizarle la requisa personal le encontraron $40.00, que le había entregado la victima clave 98, por lo que procedieron a su privación de libertad. Declarado culpable, el tribunal ordenó tres años de Internamiento, según explicó la Fiscalía.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
