Judicial
Homicidas son condenados a 20 años de cárcel en Ahuachapán
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que cinco miembros de una estructura delincuencial fueron condenados a 20 años prisión, cada uno, después de que un Tribunal los encontrara culpables por el delito de Homicidio Agravado.
De acuerdo con el registro fiscal, el crimen fue cometido en perjuicio de Nelson Jurandir Canizalez González, hecho ocurrió el 01 de diciembre de 2019, en el cantón Izcaquillo, del municipio de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán.
Según la relación de los hechos cuando la víctima, Canizalez González, caminaba en el cantón Izcaquillo fue interceptado y luego golpeado por los imputados, hasta que David Flores sacó un arma de fuego de su cintura y le disparo, causándole la muerte en el lugar. El Médico Forense estableció como causa de muerte, Laceración cardíaca producida por proyectil disparado por arma de fuego, detalla la FGR.
Durante la Vista Pública desarrollada en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, el fiscal del caso presentó una serie de elementos de prueba que demostraron la participación de cada uno de los imputados en el crimen; las evidencias fueron suficientes para que el Tribunal condenara a los cinco imputados a cumplir una pena de 20 años de prisión, para cada uno.
Mientras tanto, el jefe de la oficina Fiscal de Ahuachapán, Cristóbal Hernández, identificó a los imputados como: David Ernesto Flores Menéndez, Fredy Edgardo Escobar Hernandez, Roberto Carlos Solís Lucha, Álvaro José Gaitán Hernández y Héctor Mauricio Salazar; todos miembros de una estructura de la pandilla 18 que opera en ese municipio.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
