Judicial
Homicidas son condenados a 15 años de prisión en San Miguel
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel demostraron que William Alexander Velásquez y Edgar Alberto Castellón Retana le quitaron la vida con múltiples lesiones producidas con arma blanca al exconcejal del municipio de Chirilagua, José Nelson Berríos Méndez.
Ambos imputados recibieron una pena de prisión de 15 años, cada uno.
El crimen se produjo el 2 de febrero del año 2021 al interior de la vivienda de la víctima, en la colonia La Manguera del cantón Tierra Blanca de Chirilagua.
Berríos Méndez fue concejal en el período municipal del 2012 al 2015.
La prueba testimonial estableció que los dos incriminados entraron por una ventana de la casa donde funcionaba una tienda, y le hablaron a la víctima que se encontraba en el interior. Cuando llegó al área donde funciona la tienda fue sorprendido con dos machetazos en el rostro propinados por Alexander Vásquez, que le hicieron perder el conocimiento. Luego, Castellón Retana le propinó otras lesiones.
Los jóvenes huyeron en una moto, pero se llevaron dos bolsas de dinero producto de las ventas de la tienda.
En el juicio, desarrollado en el Juzgado Segundo de Sentencia, se validó la prueba documental, pericial y testimonial en contra de los dos imputados que recibieron una sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Simple.
Aunque no se estableció con certeza el móvil del asesinato, no se descartó que el móvil haya sido el robo.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
