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Judicial

Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala

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El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.

Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta  desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.

Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa,  en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.

Cuando los otros dos policías  encargados de llevar a la víctima a su casa  escucharon  el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala.  Al  llegar a la base, bajaron para  informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.

Los agentes Ovidio  Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.

Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.

Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.

En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.

La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»

Hasta la fecha no se sabe del  paradero de la mujer ni del imputado.

Por: El Salvador Times.

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Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión

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Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.

Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.

Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.

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14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS

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Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.

Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.

Este hecho dejó a varias personas lesionadas.

Todos son procesados por los siguientes delitos:

Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones

La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.

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12 años de prisión para sujeto que violó a una mujer en un motel de Guazapa

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.

Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.

Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.

En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.

Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.

Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.

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