Judicial
Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala
El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.
Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.
Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa, en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.
Cuando los otros dos policías encargados de llevar a la víctima a su casa escucharon el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala. Al llegar a la base, bajaron para informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.
Los agentes Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.
Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.
Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.
En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.
La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»
Hasta la fecha no se sabe del paradero de la mujer ni del imputado.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
