Judicial
Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala
El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.
Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.
Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa, en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.
Cuando los otros dos policías encargados de llevar a la víctima a su casa escucharon el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala. Al llegar a la base, bajaron para informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.
Los agentes Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.
Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.
Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.
En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.
La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»
Hasta la fecha no se sabe del paradero de la mujer ni del imputado.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
