Judicial
Francisco Cáceres Zaldaña se habría entregado voluntariamente a la justicia salvadoreña para obtener beneficios penales
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales han confirmado este sábado 21 de septiembre, que el Juzgado Séptimo de Instrucción, decretó arresto domiciliar para el secretario privado de la Presidencial en la administración del expresidente Mauricio Funes, Francisco Cáceres Zaldaña, según una publicación de El Salvador.com
Cáceres Zaldaña era prófugo desde el 11 de junio 2018, luego el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador girara una orden de captura en su contra por ser parte de la red que ayudó al Funes Cartegana a desviar $351 millones de fondos públicos de Casa Presidencial.
Sin embargo, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele y la Fiscalía General de la República confirmaba anoche su detención por los delitos de peculado (apropiación de dinero público) y lavado de dinero que pesaban en su contra junto a 17 persona más en el caso denominado “Saqueo Público”.
Este sábado el inspector Fredman Castaneda, jefe de Comunicaciones de la PNC, explicó que el que fuera mano derecha de Mauricio Funes se presentó de manera voluntaria a los juzgados y fue detenido, “pero el juez, mediante coordinación con la Fiscalía, le dan el beneficio de arresto domiciliar”, indicó el inspector policial, según el cita medio.
Francisco Cáceres Zaldaña es señalado de lavar más de $1.5 millones y permanecerá detenido en su vivienda, en un municipio de La Libertad, bajo custodia policial, apuntó Castaneda.
Mientras que la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales informó que la orden de arresto domiciliar para el exfuncionario fue girada el viernes, alrededor de las 4:30 de la tarde. Pasadas las 7:00 de la noche, él fue trasladado de la sede judicial hacia su casa.
Fuentes judiciales manifestaron que una posibilidad es que Cáceres Zaldaña se haya presentado voluntariamente y fue detenido por la PNC, quien lo llevó ante el juez. La otra opción es que el imputado haya alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público para entregarse y así obtener beneficios penales.
La Fiscalía General ha manejado con hermetismo los detalles sobre la captura del exfuncionario. Este sábado, a través de la Oficina de Comunicaciones se conoció que no revelarán más información sobre el caso.
El viernes, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó en una conferencia de prensa la detención de exfuncionario y agregó que “(Cáceres Zaldaña) nos va a brindar mucha información, no solo para robustecer los casos (la investigación), sino probablemente para nuevos casos”.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
