Judicial
Fiscalía solicita que no se reproduzcan audios ni videos que revelan negociaciones con políticos y pandillas

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez que ventila el caso “Operación Cuscatlán” que no se reproduzcan los audios y videos que vinculan a políticos con estructuras pandilleriles.
Este miércoles 30 de octubre finalizó el desfile de pruebas en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde el testigo criteriado Noé reveló que varios dirigentes de alto mando se reunieron con pandillas, para pagarles dinero a cambio de votos y hacerle ganar las Elecciones Presidenciales 2014.
Además, “Noé”, informó que pandilleros grabaron audios en los que se revelan que exfuncionarios y funcionarios de ARENA y del FMLN negociaban con los criminales.
Noé dijo al Tribunal de Sentencia que el diputado Norman Quijano ofreció $1 millón a pandilleros para que lo hicieran ganar en las presidenciales de 2014; negocio que ya había sido arreglado por el expresidente de ARENA, Jorge Velado.
Además vinculó con pandillas al Exministro de Gobernación del FMLN, Arístides Valencia y al exsecretario general de ese partido, Medardo González, quienes también buscaron favores políticos.
Por su parte el Fiscal General asegura que se realiza una investigación lo más amplia posible y que algunos ya fueron citados al Ministerio Público para rendir sus declaraciones, aunque no dio los nombres, y reiteró que las investigaciones continuarán.
Pese a que el testigo entregó audios y videos, la Fiscalía solicitó que no se reprodujeran lo que deja en evidencia los intereses políticos hacia sus partidos, con el fin de que las personas que fueron involucradas en el caso salgan limpias.
Judicial
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Judicial
Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.