Judicial
Fiscal descartó pruebas de tiroteo entregadas por la PNC y luego pide ayuda al FBI
El Fiscal General, Raúl Melara, confirmó este jueves que pedirá el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que le ayude a revisar las pruebas sobre el tiroteo ocurrido el domingo 31 de febrero entre simpatizantes del FMLN y supuestos PPI.
Con esto, el fiscal general reconoce que no ha podido llevar a buen puerto las investigaciones a partir de las pruebas y evidencias presentadas, incluso, por la misma Policía Nacional Civil (PNC), las cuales no ha tomado en cuenta.
“Hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se está recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en realidad ha sucedido en ese fatídico día”, sostuvo el funcionario.
Melara se contradice. Por un lado rechazó que la Policía haya mostrado más videos con evidencias de que se trató de un intercambio de disparos, y por otro, llama a cualquier funcionario que tenga pruebas al respecto, que las presente ante la Fiscalía.
Por su parte, el Presidente Nayib Bukele cuestionó que la Fiscalía solo haya tomado en cuenta uno de los cuatro videos que le proporcionó la Policía, algo por lo que mostró incomodidad el jefe de la Fiscalía.
La FGR presentó el martes un video en el que únicamente se puede ver una parte de lo sucedido en ese hecho, aunque la PNC tiene más evidencias sobre el caso que ya publicó en redes sociales.
Sin embargo, el Fiscal se ha enredado en el caso y ha dado varias versiones, hasta llegar a decir que se trató de un acto de intolerancia y pelea por el tráfico vehicular.
En uno de los videos que ha proporcionado la PNC y que el Fiscal desprecia, se logra ver que hay personas que también dispararon desde la caravana del partido de izquierda.
Este mismo jueves, el fiscal perdió un caso que tenía bastante sustento y prueba de parte de la Policía, luego de que el Juzgado de Instrucción de Ilopango absolviera al alcalde arenero de esa localidad, Adán Perdomo, por apropiarse de alimentos que entrega el Gobierno en las bolsas solidarias
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
