Judicial
Fiscal descartó pruebas de tiroteo entregadas por la PNC y luego pide ayuda al FBI
El Fiscal General, Raúl Melara, confirmó este jueves que pedirá el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que le ayude a revisar las pruebas sobre el tiroteo ocurrido el domingo 31 de febrero entre simpatizantes del FMLN y supuestos PPI.
Con esto, el fiscal general reconoce que no ha podido llevar a buen puerto las investigaciones a partir de las pruebas y evidencias presentadas, incluso, por la misma Policía Nacional Civil (PNC), las cuales no ha tomado en cuenta.
“Hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se está recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en realidad ha sucedido en ese fatídico día”, sostuvo el funcionario.
Melara se contradice. Por un lado rechazó que la Policía haya mostrado más videos con evidencias de que se trató de un intercambio de disparos, y por otro, llama a cualquier funcionario que tenga pruebas al respecto, que las presente ante la Fiscalía.
Por su parte, el Presidente Nayib Bukele cuestionó que la Fiscalía solo haya tomado en cuenta uno de los cuatro videos que le proporcionó la Policía, algo por lo que mostró incomodidad el jefe de la Fiscalía.
La FGR presentó el martes un video en el que únicamente se puede ver una parte de lo sucedido en ese hecho, aunque la PNC tiene más evidencias sobre el caso que ya publicó en redes sociales.
Sin embargo, el Fiscal se ha enredado en el caso y ha dado varias versiones, hasta llegar a decir que se trató de un acto de intolerancia y pelea por el tráfico vehicular.
En uno de los videos que ha proporcionado la PNC y que el Fiscal desprecia, se logra ver que hay personas que también dispararon desde la caravana del partido de izquierda.
Este mismo jueves, el fiscal perdió un caso que tenía bastante sustento y prueba de parte de la Policía, luego de que el Juzgado de Instrucción de Ilopango absolviera al alcalde arenero de esa localidad, Adán Perdomo, por apropiarse de alimentos que entrega el Gobierno en las bolsas solidarias
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
