Judicial
FGR ha pedido procesar por estructuras a 42,000 mareros en últimos dos meses de 2024
En los ultimos dos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a los tribunales contra el Crimen Organizado diferentes peticiones para que agrupen en, cerca de 300 causas, a 42,842 pandilleros de la Mara Salvatrucha y del barrio 18, de acuerdo con notas de prensa del ministerio público.
Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.
Los terroristas han sido capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.
Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el pasado 29 de abril de este año. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS. Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.
Otra solicitud se realizó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.
En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros serán asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.
Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.
Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
