Judicial
FGR ha pedido procesar por estructuras a 42,000 mareros en últimos dos meses de 2024
En los ultimos dos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a los tribunales contra el Crimen Organizado diferentes peticiones para que agrupen en, cerca de 300 causas, a 42,842 pandilleros de la Mara Salvatrucha y del barrio 18, de acuerdo con notas de prensa del ministerio público.
Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.
Los terroristas han sido capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.
Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el pasado 29 de abril de este año. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS. Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.
Otra solicitud se realizó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.
En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros serán asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.
Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.
Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
