Judicial
FGR ha pedido procesar por estructuras a 42,000 mareros en últimos dos meses de 2024
En los ultimos dos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a los tribunales contra el Crimen Organizado diferentes peticiones para que agrupen en, cerca de 300 causas, a 42,842 pandilleros de la Mara Salvatrucha y del barrio 18, de acuerdo con notas de prensa del ministerio público.
Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.
Los terroristas han sido capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.
Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el pasado 29 de abril de este año. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS. Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.
Otra solicitud se realizó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.
En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros serán asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.
Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.
Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
