Judicial
FGR apela resolución que ordena liberar a suegro de Mauricio Funes
Luego que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador ordenara poner en libertad al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación en el cual muestra su inconformidad por la medida tomada.
«La Fiscalía General de la República informa que ante la orden de libertad en favor de Juan Carlos Guzmán Berdugo, emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha presentado recurso de apelación. Existe un alto riesgo de fuga del imputado, por lo que seguirá detenido», dijeron.
El tribunal notificó la resolución a las partes el pasado 22 de mayo, a raíz de un escrito que presentó la defensa de Guzmán Berdugo bajo el argumento que lleva dos años de estar detenido sin que haya una sentencia en firme.
El suegro de Funes fue extraditado desde Costa Rica, el 20 de mayo del 2021, desde esa fecha ha permanecido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Guzmán Berdugo, quien es parte del círculo íntimo de Funes, es acusado de haber gastado $7,985.80, en cuatro viajes a Costa Rica y Miami, en Estados Unidos, pero el ministerio público en todas las pesquisas concluyó que lavó $133,564.71, aunque en el expediente se menciona que junto a su esposa, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, recibieron $351,530.01 en transferencias hechas por Funes.
Según la Fiscalía, ese dinero salió de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
En el expediente «Saqueo Público», Fiscalía ha dicho que Funes, ideó una red sofisticada para sustraer más de $351 millones. La investigación que duró año y medio descubrió que la estrategia delictiva era vaciar las arcas del Estado entre los años 2009 al 2014, período en el cual fungió como presidente.
Al momento de judicializar la serie de actos de corrupción, el 8 de junio de 2018, la Fiscalía acusó a Funes de haber estructurado una red para sustraer $351,035,400 y acusó a 32 personas de lavado de dinero, peculado, lavado de dinero y encubrimiento, pero un informe que consta agregado en la carpeta judicial y que proporcionó el Banco Hipotecario tras una auditoría, establece que Funes y su compleja red se apropió de $379.5 millones.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
