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Estructura de 14 pandilleros del Puerto de La Libertad reciben hasta 90 años de prisión

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Penas de hasta 90 años de prisión recibieron 14 miembros de la Pandilla 18 y colaboradores de esa estructura del Puerto de La Libertad, remanentes del caso Tsunami, una operación que la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil (PNC) realizaron en el año 2015.

Fiscales de la oficina La Libertad Sur con sede en Zaragoza probaron al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador que los imputados participaron en una serie de delitos graves.

Los miembros de la estructura fueron acusados de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en dos víctimas.

Se trata de un caso cuya investigación comenzó en el año 2015 en contra de miembros de la Pandilla 18 del municipio del Puerto de La Libertad, quienes además de asesinar, estuvieron extorsionando y traficando drogas y armas.

Oscar Geovanny Alvarado, alias el «Pelón del Jute», fue condenado a 90 años de cárcel, por cuatro casos de homicidio y uno de proposición y conspiración.

También fueron condenados David Alexander Cisneros Sánchez, quien pasará 40 años en prisión; Óscar Alexander Quezada Tejada a 35 años, Luis Antonio Díaz Valladares a 30 años, Carlos Mauricio Arias Hernández, José Carlos Rodríguez Vásquez, José Alex Melara García y Julio César Campos García a 20 años, Julio César Aguilar, Mario Antonio Murillo Durán, Edwin Antonio Durán, Franklin Adonay Gómez Bonilla, Raúl Ernesto Méndez Ordoñez y Luis Antonio Gómez Alberto a 5 años.

Inicialmente el caso fue promovido contra 149 imputados, pero en la etapa procesal más de la mitad fueron separados del expediente por varias causas, algunos no fueron trasladados desde los penales y otros eran prófugos.

En la Operación Tsunami, fue detenido el exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, pero fue exonerado de homicidio, la Fiscalía lo acusó de haber pagada a pandilleros para que asesinaran a una mujer.

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En el juicio en contra de los 16 acusados el ministerio público presentó la declaración del testigo criteriado clave «Drongo» quien contó los hechos delictivos cometidos entre los años 2003 al 2015.

La jueza de la causa impuso condenas de cinco, 20, 30, 40 y 90, la pena menor fue por agrupaciones ilícitas ya que por ser un caso con delitos cometidos entre el 2003 y 2015, no podía aplicarse las penas que establecer el artículo 345 reformado el año pasado y que ordena sanciones de 20 y 45 años por agrupaciones ilícitas.

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Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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