Judicial
Envían a prisión a sujetos que se dedicaban asaltar a mujeres trabajadoras sexuales
El Juzgado 8° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Christopher Alexander Velásquez Córdova, de 18 años de edad y Brayan Enrique Ramos González, de 20 años acusados de robo agravado en perjuicio de una trabajadora de servicio sexual.
De acuerdo al requerimiento fiscal el 25 de junio del presente año la víctima denunció que el 24 de Junio a las 0:30 de la madrugada, cuando se encontraba en su lugar de trabajo sobre la Alameda Roosevelt y 45 Avenida Norte, frente a Gasolinera Uno y Lotería Nacional, en esta capital dos sujetos que se conducían en un panel amarillo perteneciente a una empresa fumigadora le preguntaron cuánto cobraba, pero ella le respondió que estaba ocupada. En esos momentos uno de los sujetos la tomó del cuello e intentó subirla al vehículo, pero no pudo subirla por lo que la tiró al suelo y la golpeó en diferentes partes del cuerpo, Christopher Velásquez le quitó sus pertenencias las cuales están valoradas en 121 dólares.
Los imputados fueron capturados en flagrancia a las 2:30 de la madrugada del día 24 de junio de 2018 en la 25 Avenida Norte y Autopista Norte. Velásquez Córdova manifestó ser menor de edad y llamarse Jonathan Ernesto Gómez Córdova.
Ambos imputados tienen otro proceso por el mismo delito pero las víctimas son diferentes, en el caso de Christopher Velásquez se encuentra detenido a la orden del Juzgado 3° de Instrucción; mientras que Brayan Ramos quien era el encargado de manejar el panelito, el jueves pasado se celebró la vista pública en el Juzgado 10° de Paz en donde se absolvió al imputado debido a que la víctima (quien no gozaba de régimen de protección) no asistió a declarar a la vista pública a pesar de haber sido debidamente notificada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
