Judicial
Dos costarricenses culpan al gerente de su empresa por mal manejo de dinero; sin embargo, ellos también enfrentaran audiencia por el delito de estafa
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, instaló la audiencia preliminar contra Jack Liberman y Gary Liberman acusados por el delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima. El juez Miguel Angel García escuchó este día las intervenciones de las partes y programó la resolución para el 23 de noviembre.
Según el fiscal del caso los acusados, en su calidad de propietarios de la empresa de capital costarricense, Modern Plastics, presuntamente ordenaron al Gerente General de su empresa en El Salvador, falsificar unos quedan para cobrar servicios prestados a la sociedad ofendida por un monto de 274 mil dólares, el periodo del 27 de enero de 2013 a febrero de 2014.
Señaló que los procesados al enterarse que los estaban acusando como costarricenses interpusieron una denuncia en contra de su ex empleado y así presuntamente tapar el ilícito , por lo que fue acusado el pasado mes de octubre en el 9° de Paz, por el delito administración fraudulenta y donde las víctimas son los procesados.
La fiscalía manifestó que cuentan con un testigo criteriado quien manifiesta en su declaración que él alteró los quedan por órdenes de su superior, es decir Jack Liberman, con el objetivo de hacer volumen de cobros y quedarse con el dinero.
Por su parte el grupo de defensores de los empresarios señalaron al testigo criteriado como el responsable de desorden administrativo y del mal uso del dinero y manifestaron que cuentan con documentación extendida por dos bancos corroborando que el gerente libró varios cheques a la empresa Coanza en Costa Rica, que no tiene ninguna relación con sus clientes.
Aceptan que el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de empresa Modern Plastic aseguran que dicha investigación debe ser enfocado en este testigo porque él es quien falsificó la documentación, y se la presentó a la sociedad ofendida y asi retiró el dinero, aseguran.
Por su parte la querella en sus alegatos señaló que nunca dijeron que los procesados se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente, “ellos culpan a su gerente general del mal manejo del dinero, pero esto no los excluye de su responsabilidad”.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
