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Dos costarricenses culpan al gerente de su empresa por mal manejo de dinero; sin embargo, ellos también enfrentaran audiencia por el delito de estafa

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El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador,  instaló la audiencia preliminar contra Jack Liberman y Gary Liberman acusados por el delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima. El juez Miguel Angel García  escuchó este día las intervenciones de las partes y programó la resolución para el 23 de noviembre.

Según el fiscal del caso los acusados, en su calidad de propietarios  de la empresa de capital costarricense,  Modern Plastics,    presuntamente ordenaron al  Gerente General de su empresa en El Salvador,  falsificar unos quedan para cobrar servicios  prestados  a la sociedad ofendida  por un monto de 274 mil dólares,   el periodo  del 27 de enero de 2013 a febrero de 2014.

Señaló que los procesados al enterarse que los estaban  acusando como costarricenses  interpusieron  una denuncia en contra de su ex empleado y  así presuntamente  tapar el ilícito , por lo que fue acusado el pasado mes de octubre en el 9° de Paz,  por el delito  administración fraudulenta y donde las víctimas son los procesados.

La fiscalía manifestó que cuentan con  un testigo criteriado quien manifiesta en su declaración  que él alteró los quedan  por órdenes de su superior, es decir  Jack Liberman,  con el objetivo de hacer volumen de cobros  y quedarse con el dinero.

Por su parte el grupo de defensores de los empresarios señalaron al testigo criteriado  como el responsable de desorden  administrativo y del mal uso del dinero  y manifestaron que cuentan con documentación extendida por  dos bancos corroborando que el gerente  libró  varios cheques a la empresa  Coanza en Costa Rica,  que no tiene ninguna  relación con sus clientes.

Aceptan que el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero  que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de  empresa Modern Plastic  aseguran que dicha investigación debe ser enfocado en este testigo porque él es quien falsificó la documentación,  y se la presentó a la sociedad ofendida y asi retiró el dinero, aseguran.

Por su parte la querella en sus alegatos señaló  que nunca dijeron que los procesados  se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente, “ellos culpan a su gerente general del mal manejo  del dinero, pero esto  no los excluye  de su responsabilidad”.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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