Judicial
Dos costarricenses culpan al gerente de su empresa por mal manejo de dinero; sin embargo, ellos también enfrentaran audiencia por el delito de estafa
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, instaló la audiencia preliminar contra Jack Liberman y Gary Liberman acusados por el delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima. El juez Miguel Angel García escuchó este día las intervenciones de las partes y programó la resolución para el 23 de noviembre.
Según el fiscal del caso los acusados, en su calidad de propietarios de la empresa de capital costarricense, Modern Plastics, presuntamente ordenaron al Gerente General de su empresa en El Salvador, falsificar unos quedan para cobrar servicios prestados a la sociedad ofendida por un monto de 274 mil dólares, el periodo del 27 de enero de 2013 a febrero de 2014.
Señaló que los procesados al enterarse que los estaban acusando como costarricenses interpusieron una denuncia en contra de su ex empleado y así presuntamente tapar el ilícito , por lo que fue acusado el pasado mes de octubre en el 9° de Paz, por el delito administración fraudulenta y donde las víctimas son los procesados.
La fiscalía manifestó que cuentan con un testigo criteriado quien manifiesta en su declaración que él alteró los quedan por órdenes de su superior, es decir Jack Liberman, con el objetivo de hacer volumen de cobros y quedarse con el dinero.
Por su parte el grupo de defensores de los empresarios señalaron al testigo criteriado como el responsable de desorden administrativo y del mal uso del dinero y manifestaron que cuentan con documentación extendida por dos bancos corroborando que el gerente libró varios cheques a la empresa Coanza en Costa Rica, que no tiene ninguna relación con sus clientes.
Aceptan que el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de empresa Modern Plastic aseguran que dicha investigación debe ser enfocado en este testigo porque él es quien falsificó la documentación, y se la presentó a la sociedad ofendida y asi retiró el dinero, aseguran.
Por su parte la querella en sus alegatos señaló que nunca dijeron que los procesados se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente, “ellos culpan a su gerente general del mal manejo del dinero, pero esto no los excluye de su responsabilidad”.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
