Judicial
Dos costarricenses culpan al gerente de su empresa por mal manejo de dinero; sin embargo, ellos también enfrentaran audiencia por el delito de estafa
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, instaló la audiencia preliminar contra Jack Liberman y Gary Liberman acusados por el delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima. El juez Miguel Angel García escuchó este día las intervenciones de las partes y programó la resolución para el 23 de noviembre.
Según el fiscal del caso los acusados, en su calidad de propietarios de la empresa de capital costarricense, Modern Plastics, presuntamente ordenaron al Gerente General de su empresa en El Salvador, falsificar unos quedan para cobrar servicios prestados a la sociedad ofendida por un monto de 274 mil dólares, el periodo del 27 de enero de 2013 a febrero de 2014.
Señaló que los procesados al enterarse que los estaban acusando como costarricenses interpusieron una denuncia en contra de su ex empleado y así presuntamente tapar el ilícito , por lo que fue acusado el pasado mes de octubre en el 9° de Paz, por el delito administración fraudulenta y donde las víctimas son los procesados.
La fiscalía manifestó que cuentan con un testigo criteriado quien manifiesta en su declaración que él alteró los quedan por órdenes de su superior, es decir Jack Liberman, con el objetivo de hacer volumen de cobros y quedarse con el dinero.
Por su parte el grupo de defensores de los empresarios señalaron al testigo criteriado como el responsable de desorden administrativo y del mal uso del dinero y manifestaron que cuentan con documentación extendida por dos bancos corroborando que el gerente libró varios cheques a la empresa Coanza en Costa Rica, que no tiene ninguna relación con sus clientes.
Aceptan que el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de empresa Modern Plastic aseguran que dicha investigación debe ser enfocado en este testigo porque él es quien falsificó la documentación, y se la presentó a la sociedad ofendida y asi retiró el dinero, aseguran.
Por su parte la querella en sus alegatos señaló que nunca dijeron que los procesados se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente, “ellos culpan a su gerente general del mal manejo del dinero, pero esto no los excluye de su responsabilidad”.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
