Judicial
Dos costarricenses culpan al gerente de su empresa por mal manejo de dinero; sin embargo, ellos también enfrentaran audiencia por el delito de estafa
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, instaló la audiencia preliminar contra Jack Liberman y Gary Liberman acusados por el delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima. El juez Miguel Angel García escuchó este día las intervenciones de las partes y programó la resolución para el 23 de noviembre.
Según el fiscal del caso los acusados, en su calidad de propietarios de la empresa de capital costarricense, Modern Plastics, presuntamente ordenaron al Gerente General de su empresa en El Salvador, falsificar unos quedan para cobrar servicios prestados a la sociedad ofendida por un monto de 274 mil dólares, el periodo del 27 de enero de 2013 a febrero de 2014.
Señaló que los procesados al enterarse que los estaban acusando como costarricenses interpusieron una denuncia en contra de su ex empleado y así presuntamente tapar el ilícito , por lo que fue acusado el pasado mes de octubre en el 9° de Paz, por el delito administración fraudulenta y donde las víctimas son los procesados.
La fiscalía manifestó que cuentan con un testigo criteriado quien manifiesta en su declaración que él alteró los quedan por órdenes de su superior, es decir Jack Liberman, con el objetivo de hacer volumen de cobros y quedarse con el dinero.
Por su parte el grupo de defensores de los empresarios señalaron al testigo criteriado como el responsable de desorden administrativo y del mal uso del dinero y manifestaron que cuentan con documentación extendida por dos bancos corroborando que el gerente libró varios cheques a la empresa Coanza en Costa Rica, que no tiene ninguna relación con sus clientes.
Aceptan que el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de empresa Modern Plastic aseguran que dicha investigación debe ser enfocado en este testigo porque él es quien falsificó la documentación, y se la presentó a la sociedad ofendida y asi retiró el dinero, aseguran.
Por su parte la querella en sus alegatos señaló que nunca dijeron que los procesados se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente, “ellos culpan a su gerente general del mal manejo del dinero, pero esto no los excluye de su responsabilidad”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
