Judicial
Condenan a sujeto por falsificaron la firma de hombre para cobrar cheques por $1,700
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de cárcel a Rigoberto Molina Chávez, por el delito de hurto en perjuicio de un ciudadano.
Los tres años le serán sustituidos por otras medidas, toda vez que cancele $700 dólares que le fueron impuestos como responsabilidad social.
Por este mismo proceso es acusada Jessica Teysi Gallardo Galdámez, de 41 años de edad, quien actualmente es prófuga de la justicia. Gallardo ya fue condenada a cuatro años de cárcel, en 2008 por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador por el delito de robo agravado tentando.
Consta que Gallardo cobró un cheque por $1,700 dólares de una cuenta de la víctima; mientras que Molina fue detenido cuando pretendía cobrar otro cheque por la misma cantidad en una agencia bancaria de Plaza Mundo, después de que la víctima congelara a cuenta. Esto ocurrió el pasado 20 de febrero.
Según la víctima él se acercó a una agencia bancaria de Procredit (hoy Atlantida) para verificar su estado de cuenta y en ese momento la cajera le informó sobre su saldo, fue en ese instante que se dio cuenta de un faltante.
En la referida agencia le mostraron que días antes se había presentado Gallardo a cobrar un cheque por $1,700 dólares. La víctima pidió entonces que le congelaran la cuenta. En esos precisos momentos Molina hacía fila en una agencia bancaria para canjear un cheque por $1.700 dólares de la cuenta de la víctima.
La agencia bancaria proporcionó los datos de Molina, quien fue capturado meses después con una orden de detención administrativa.
Según la víctima tiene serias dudas de cómo sucedieron los hechos, pues él tenía su chequera en su casa y los cheques que le hacen falta no están en número seguido de serie, por lo que es posible que cuando le dieron la chequera alguien haya extraído los cheques de manera aleatoria.
También le llama la atención que el cheque cobrado y el que estuvo a punto de ser cobrado tuvieran su firma falsificada; sin embargo no hubo nadie acusado por falsedad.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
