Judicial
Condenan a sujeto por falsificaron la firma de hombre para cobrar cheques por $1,700
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de cárcel a Rigoberto Molina Chávez, por el delito de hurto en perjuicio de un ciudadano.
Los tres años le serán sustituidos por otras medidas, toda vez que cancele $700 dólares que le fueron impuestos como responsabilidad social.
Por este mismo proceso es acusada Jessica Teysi Gallardo Galdámez, de 41 años de edad, quien actualmente es prófuga de la justicia. Gallardo ya fue condenada a cuatro años de cárcel, en 2008 por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador por el delito de robo agravado tentando.
Consta que Gallardo cobró un cheque por $1,700 dólares de una cuenta de la víctima; mientras que Molina fue detenido cuando pretendía cobrar otro cheque por la misma cantidad en una agencia bancaria de Plaza Mundo, después de que la víctima congelara a cuenta. Esto ocurrió el pasado 20 de febrero.
Según la víctima él se acercó a una agencia bancaria de Procredit (hoy Atlantida) para verificar su estado de cuenta y en ese momento la cajera le informó sobre su saldo, fue en ese instante que se dio cuenta de un faltante.
En la referida agencia le mostraron que días antes se había presentado Gallardo a cobrar un cheque por $1,700 dólares. La víctima pidió entonces que le congelaran la cuenta. En esos precisos momentos Molina hacía fila en una agencia bancaria para canjear un cheque por $1.700 dólares de la cuenta de la víctima.
La agencia bancaria proporcionó los datos de Molina, quien fue capturado meses después con una orden de detención administrativa.
Según la víctima tiene serias dudas de cómo sucedieron los hechos, pues él tenía su chequera en su casa y los cheques que le hacen falta no están en número seguido de serie, por lo que es posible que cuando le dieron la chequera alguien haya extraído los cheques de manera aleatoria.
También le llama la atención que el cheque cobrado y el que estuvo a punto de ser cobrado tuvieran su firma falsificada; sin embargo no hubo nadie acusado por falsedad.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
