Judicial
Condenan a promotor de salud por agredir sexualmente a mujer con discapacidad
El promotor de salud Jaime Rafael Cruz Mejía, fue condenado a cinco años de prisión, por el delito de Otras Agresiones Sexuales, en perjuicio de una mujer con padecimiento visual.
La vista pública tuvo lugar en el Juzgado de Sentencia de la ciudad de Sensuntepeque en donde además de la condena a cinco años, el juzgador determinó que el imputado debe cancelar la cantidad de $500.00 en concepto de responsabilidad civil.
La fiscal de la Unidad de Delitos en contra del Menor y la Mujer de la oficina de Ilobasco, Maricela Bran, informó que el hecho tuvo lugar el 21 de octubre de 2019, en la zona rural del municipio de Sensuntepeque.
“En esa oportunidad el imputado llego a la residencia de la víctima aduciendo que le practicaría algunos exámenes, ocasión que aprovechó para hacer algún tipo de tocamiento, aprovechando además la discapacidad visual que ella padece”, dijo la fiscal Bran.
No obstante, la mujer logró con dificultad reconocer la silueta del imputado, versión que fue confirmada por el hermano de la víctima que también tiene padecimiento visual pero que se percató de lo extraño que sucedía con su hermana.
Cruz Mejía desistió de seguir agrediendo a la fémina al escuchar el ruido de un vehículo que se aproximaba a la residencia, en el cual imagino viajaban familiares de la víctima.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
