Judicial
Condenan a 17 años de prisión a dos sujetos por golpear, amarrar y robarle a un campesino
Un joven y un hombre fueron condenados a 17 años de cárcel cada uno por haber golpeado, amarrado y robado pertenencias a un campesino en el cantón El Cerro, municipio de Coatepeque.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2017, de acuerdo a informes de la Fiscalía.
Las investigaciones de las autoridades establecen que la víctima iba camino a unos cafetales del caserío Luciana cuando cuatro sujetos lo interceptaron y le apuntaron con armas de fuego para que les diera lo que llevaba.
Los hombres le quitaron al trabajador $10 que llevaba en el pantalón, un machete valorado en $11 y una bomba de fumigar cuyo precio ronda los $60.
Después de robarle sus pertenencias lo amarraron de pies y manos, lo golpearon y amenazaron con matarlo si no se iba a vivir a otro lugar.
Por temor a ser asesinado, la víctima dejó todo y se fue a vivir a otro lado e interpuso la denuncia ante la Policía y la Fiscalía.
Las indagaciones de los fiscales terminaron con una orden de captura contra Nelson Alexander L., de 22 años y Florencio de Jesús C., de 43.
Ambos hombres fueron presentados a los juzgados donde el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana los declaró responsables de los delitos de robo agravado y limitación de la libre circulación.
El juez sentenció a purgar 8 años y 6 meses de cárcel por cada uno de los delitos a los dos sujetos, es decir; 17 años a Nelson Alexander y otros 17 años Florencio de Jesús.
Además de la pena, a ambos criminales se les impuso una responsabilidad civil compartida de $81.
En el caso, a una mujer que estaba siendo procesada junto con los dos hombres por los mismos dos delitos no se le pudo comprobar su participación en el hecho por lo que el juzgador ordenó su inmediata liberación.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
