Judicial
Cómplices del asesino de Chalchuapa seguirán presos
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó que nueve cómplices del asesino de Chalchuapa, Hugo Osorio, continúen presos mientras son procesados judicialmente por los delitos de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.
Al respecto, la fiscal del caso explicó que, «por haber obtenido suficientes indicios y teniendo en cuenta que los delitos son de naturaleza grave y siendo la desaparición forzada un delito complejo, múltiple y acumulativos por la cantidad de derechos de la víctima quebrantados […], la Fiscalía ha robustecido la investigación y hemos logrado la detención provisional».
De acuerdo con las investigaciones fiscales, todos los señalados tenían una organización criminal de cabecillas, ejecutores y colaboradores que cumplían funciones específicas para ocultar y
desaparecer personas, de las cuales se estima que hay 13 víctimas.
Los hechos por los cuales son procesados fueron cometidos en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, entre 2020 y 2021.
El pasado 8 de mayo, la Policía recapturó a los señalados luego de que el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana ordenó su libertad.
Ante la decisión de ese tribunal, la Fiscalía emitió una nueva orden de arresto para todos los sospechosos por agrupaciones ilícitas. Las investigaciones han determinado que existe una vinculación con Osorio, quien el 10 de junio de 2022 fue condenado a 70 años de cárcel por el doble homicidio de una mujer y su hija, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda del criminal. Este hecho permitió a las autoridades encontrar más cadáveres en la casa del asesino serial.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
