Judicial
Caso «Saqueo Público»: Inicia audiencia y FGR presenta acusación formal contra Vanda Pignato
Este domingo se instaló la audiencia inicial contra los implicados en el caso «Saqueo Público», donde se involucra al expresidente de la República, Mauricio Funes, algunos de sus exfuncionarios, sus exesposas, sus hijos y sus suegros, entre otras personas.
El Juzgado 5o. de Paz inició el proceso alrededor de las 10:30 de la mañana, luego que algunos de señalados fueran llevados hasta los tribunales de la capital.
La Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que el juez decretó reserva parcial en el caso.
Una de las fiscales asignadas aseguró que fue presentada la acusación formal contra la exprimera dama, Vanda Pignato, tal como se había informado en las últimas horas.
De acuerdo con la funcionaria, son 32 personas las acusadas de supuestamente favorecerse con fondos públicos durante la administración Funes entre los años 2009-2014.
Según la FGR, Funes se valió de su puesto para desviar un aproximado de $351 millones de las arcas del Estado a ocho cuentas bancarias, las cuales fueron vaciadas para beneficio de exfuncionarios, familiares de Funes y allegados.
Por este caso fueron detenidos el empresario Miguel Menéndez, más conocido como «Mecafé», y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.
Contra el expresidente de la República, Funes, se ha girado orden de captura con la intención de extraditarlo desde Nicaragua donde se encuentra asilado.
En el caso también está implicada la reconocida artista y exsposa de Funes Regina Cañas, conocida como «Tía Bubu».
Desde el principio, la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes sobre los ilícitos cometidos en la presidencia Funes para lo cual se habría creado una compleja red.
Este domingo, luego de instalada la audiencia inicial, la FGR publicó en su cuenta de Twitter que: «Fiscalía sostiene en la audiencia que son 14 inmuebles que se han encontrado en esta primera etapa de investigación. De cada uno hay prueba suficiente para establecer la ilegalidad en su compra o venta. Además, de demostrar que Funes utilizó una compleja red de testaferros».
En la audiencia se espera se confirmen las detenciones, se ordene nuevas capturas y el proceso avance a la etapa de instrucción.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
