Judicial
Caso «Saqueo Público»: Inicia audiencia y FGR presenta acusación formal contra Vanda Pignato
Este domingo se instaló la audiencia inicial contra los implicados en el caso «Saqueo Público», donde se involucra al expresidente de la República, Mauricio Funes, algunos de sus exfuncionarios, sus exesposas, sus hijos y sus suegros, entre otras personas.
El Juzgado 5o. de Paz inició el proceso alrededor de las 10:30 de la mañana, luego que algunos de señalados fueran llevados hasta los tribunales de la capital.
La Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que el juez decretó reserva parcial en el caso.
Una de las fiscales asignadas aseguró que fue presentada la acusación formal contra la exprimera dama, Vanda Pignato, tal como se había informado en las últimas horas.
De acuerdo con la funcionaria, son 32 personas las acusadas de supuestamente favorecerse con fondos públicos durante la administración Funes entre los años 2009-2014.
Según la FGR, Funes se valió de su puesto para desviar un aproximado de $351 millones de las arcas del Estado a ocho cuentas bancarias, las cuales fueron vaciadas para beneficio de exfuncionarios, familiares de Funes y allegados.
Por este caso fueron detenidos el empresario Miguel Menéndez, más conocido como «Mecafé», y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.
Contra el expresidente de la República, Funes, se ha girado orden de captura con la intención de extraditarlo desde Nicaragua donde se encuentra asilado.
En el caso también está implicada la reconocida artista y exsposa de Funes Regina Cañas, conocida como «Tía Bubu».
Desde el principio, la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes sobre los ilícitos cometidos en la presidencia Funes para lo cual se habría creado una compleja red.
Este domingo, luego de instalada la audiencia inicial, la FGR publicó en su cuenta de Twitter que: «Fiscalía sostiene en la audiencia que son 14 inmuebles que se han encontrado en esta primera etapa de investigación. De cada uno hay prueba suficiente para establecer la ilegalidad en su compra o venta. Además, de demostrar que Funes utilizó una compleja red de testaferros».
En la audiencia se espera se confirmen las detenciones, se ordene nuevas capturas y el proceso avance a la etapa de instrucción.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
