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Caso «Saqueo Público»: Inicia audiencia y FGR presenta acusación formal contra Vanda Pignato

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Este domingo se instaló la audiencia inicial contra los implicados en el caso «Saqueo Público», donde se involucra al expresidente de la República, Mauricio Funes, algunos de sus exfuncionarios, sus exesposas, sus hijos y sus suegros, entre otras personas.

El Juzgado 5o. de Paz inició el proceso alrededor de las 10:30 de la mañana, luego que algunos de señalados fueran llevados hasta los tribunales de la capital.

La Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que el juez decretó reserva parcial en el caso.

Una de las fiscales asignadas aseguró que fue presentada la acusación formal contra la exprimera dama, Vanda Pignato, tal como se había informado en las últimas horas.

De acuerdo con la funcionaria, son 32 personas las acusadas de supuestamente favorecerse con fondos públicos durante la administración Funes entre los años 2009-2014.

Según la FGR, Funes se valió de su puesto para desviar un aproximado de $351 millones de las arcas del Estado a ocho cuentas bancarias, las cuales fueron vaciadas para beneficio de exfuncionarios, familiares de Funes y allegados.

Por este caso fueron detenidos el empresario Miguel Menéndez, más conocido como «Mecafé», y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.

Contra el expresidente de la República, Funes, se ha girado orden de captura con la intención de extraditarlo desde Nicaragua donde se encuentra asilado.

En el caso también está implicada la reconocida artista y exsposa de Funes Regina Cañas, conocida como «Tía Bubu».

Desde el principio, la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes sobre los ilícitos cometidos en la presidencia Funes para lo cual se habría creado una compleja red.

Este domingo, luego de instalada la audiencia inicial, la FGR publicó en su cuenta de Twitter que: «Fiscalía sostiene en la audiencia que son 14 inmuebles que se han encontrado en esta primera etapa de investigación. De cada uno hay prueba suficiente para establecer la ilegalidad en su compra o venta. Además, de demostrar que Funes utilizó una compleja red de testaferros».

En la audiencia se espera se confirmen las detenciones, se ordene nuevas capturas y el proceso avance a la etapa de instrucción.

 

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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