Judicial
CASO CARLA AYALA: Así responde el juez Arévalo Ortuño a la Fiscalía: «Dicen que los quieren analizar, ¿analizar qué?» sobre supuestos videos
Cuestionamientos hacia la Fiscalìa General de la República y reproches por no haber presentado las nuevas pruebas en el caso de Carla Ayala, es lo que el juez Sexto de Instrucción Roberto Arévalo Ortuño hizo en una conferencia de prensa que montó esta mañana desde el centro judicial.
La Fiscalía ha dicho que tiene nuevos videos en los que se amplia la investigación, ante lo que el juez cuestionó por qué no se han dado a conocer ante el juzgado. «Dicen que tienen videos, triangulación de llamadas, pero de eso no han presentado nada», reprochó.
«El hecho que no presenten la prueba, me parece que es por desconfianza. Si tienen desconfianza, no me va a quitar cinco minutos de sueño», sentenció el juzgador.
Asimismo, explicó que si hay nuevas pruebas que imputen a otras personas, estos se enviarán a otro proceso, no tienen que ver directamente con el caso que el estudia. «Si aparecen nuevas personas imputadas, no tengo por qué darme cuenta de las pruebas, porque van a ir en otro expediente. No es parte de mi trabajo. Me interesan las pruebas contra estas seis personas», sostuvo, quienes son los seis agentes imputados en este caso.
«Se recibieron los videos de las cámaras de vigilancia, pero nunca me dijeron que estaban esos videos. Si de verdad están, es una falta de respeto para los que fuimos a desvelarnos esa noche, para el pueblo que paga los impuestos, para los habitantes de la colonia que fuimos a alterar su noche tranquila, para los defensores, porque el Código dice que no se deben sorprender con pruebas. Eso es falta de ética, es falta de respeto», dijo Ortuño.
Ampliar la etapa de instrucción
El juez a cargo del caso aseguró que no entiende por qué la FGR quiere pedir seis meses más para ampliar la etapa de instrucción.
«La Fiscalía solo ha presentado una lista de testigos para una tercera reconstrucción. Los videos no requieren seis meses para ser analizados. Si hay evidencia de lo que ocurrió hubiera sido una reconstrucción menos larga, menos cara, hubiéramos molestado menos a la población. Dicen que quieren analizar los videos, ¿analizar qué? si con tres o cuatro días que los vean es suficiente.», sentenció el juez.
Agregó que su intención no es corretear ni a la Fiscalía ni a la Policía, pero no le merece respeto que no se hayan presentado nuevas pruebas, si es que las hay.
«Podría haber hasta una cuarta fecha (para reconstrucción) si logramos ubicar a testigos y tal vez encontramos algún desvelado que vio algo, que vio un carropatrulla que a lo mejor sacó un bulto que podría ser el cuerpo de Carla Ayala», especuló el juez.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
