Judicial
CASO CARLA AYALA: Así responde el juez Arévalo Ortuño a la Fiscalía: «Dicen que los quieren analizar, ¿analizar qué?» sobre supuestos videos
Cuestionamientos hacia la Fiscalìa General de la República y reproches por no haber presentado las nuevas pruebas en el caso de Carla Ayala, es lo que el juez Sexto de Instrucción Roberto Arévalo Ortuño hizo en una conferencia de prensa que montó esta mañana desde el centro judicial.
La Fiscalía ha dicho que tiene nuevos videos en los que se amplia la investigación, ante lo que el juez cuestionó por qué no se han dado a conocer ante el juzgado. «Dicen que tienen videos, triangulación de llamadas, pero de eso no han presentado nada», reprochó.
«El hecho que no presenten la prueba, me parece que es por desconfianza. Si tienen desconfianza, no me va a quitar cinco minutos de sueño», sentenció el juzgador.
Asimismo, explicó que si hay nuevas pruebas que imputen a otras personas, estos se enviarán a otro proceso, no tienen que ver directamente con el caso que el estudia. «Si aparecen nuevas personas imputadas, no tengo por qué darme cuenta de las pruebas, porque van a ir en otro expediente. No es parte de mi trabajo. Me interesan las pruebas contra estas seis personas», sostuvo, quienes son los seis agentes imputados en este caso.
«Se recibieron los videos de las cámaras de vigilancia, pero nunca me dijeron que estaban esos videos. Si de verdad están, es una falta de respeto para los que fuimos a desvelarnos esa noche, para el pueblo que paga los impuestos, para los habitantes de la colonia que fuimos a alterar su noche tranquila, para los defensores, porque el Código dice que no se deben sorprender con pruebas. Eso es falta de ética, es falta de respeto», dijo Ortuño.
Ampliar la etapa de instrucción
El juez a cargo del caso aseguró que no entiende por qué la FGR quiere pedir seis meses más para ampliar la etapa de instrucción.
«La Fiscalía solo ha presentado una lista de testigos para una tercera reconstrucción. Los videos no requieren seis meses para ser analizados. Si hay evidencia de lo que ocurrió hubiera sido una reconstrucción menos larga, menos cara, hubiéramos molestado menos a la población. Dicen que quieren analizar los videos, ¿analizar qué? si con tres o cuatro días que los vean es suficiente.», sentenció el juez.
Agregó que su intención no es corretear ni a la Fiscalía ni a la Policía, pero no le merece respeto que no se hayan presentado nuevas pruebas, si es que las hay.
«Podría haber hasta una cuarta fecha (para reconstrucción) si logramos ubicar a testigos y tal vez encontramos algún desvelado que vio algo, que vio un carropatrulla que a lo mejor sacó un bulto que podría ser el cuerpo de Carla Ayala», especuló el juez.
Por: El Salvador Times.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
