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Judicial

Capturan a cuatro policías por quedarse con marihuana incautada

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Con órdenes administrativas giradas por la oficina Fiscal de Cojutepeque fueron capturados ayer cuatro agentes policiales destacados en la División de Investigaciones de la delegación de San Vicente.

Cada uno de los policías responderán por los delitos de fraude procesal, simulación de delitos, soborno y amenazas con agravación especial.

De acuerdo a las investigaciones fiscales y policiales, los agentes Julio Alberto Hernández Bermúdez, Santos Alberto Abarca y Jorge Alfredo García Montoya participaron el 1 de julio de 2019, en una entrega de marihuana en el municipio de Verapaz; sin embargo, a través de diferentes herramientas de investigación se determinó que también participación del agente, Yanson Leonel Méndez Villanueva.

Los investigadores plasmaron en las actas que el trance de droga se había frustrado.

Pero el 3 de julio remitieron a la sede Fiscal de San Vicente un paquete de marihuana con un acta sobre averiguar el delito de tráfico ilícito de droga, que aseguraban lo habían encontrado en un patrullaje en los alrededores del parque de Verapaz.

Se estima que los investigadores policiales se quedaron con la mitad del paquete de droga incautado durante las diligencias policiales. Es decir, se estima que eran dos libras de marihuana valoradas en el mercado con un valor de US$620.00. En la simulación del paquete encontrado y remitido a la Fiscalía General reportaron 200.6 gramos, con el cual se pueden elaborar 401 cigarrillos con un valor de 228 dólares con 68 centavos.

El escrito de inicio de la acción penal contra los imputados fue presentado esta mañana en el Juzgado de Paz de Verapaz, en el que se ha solicitado la Instrucción Formal con Detención Provisional para todos.

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Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.

Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.

A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.

Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

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Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

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