Judicial
Cámara confirma libertad para Evelyn Hernández, a quien Fiscalía acusaba de asesinar a su bebé
La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque confirmó la absolución de cargos a favor de Evelyn Hernández, a quien la Fiscalía acusaba de asesinar a su bebé. Hernández ya había sido absuelta en una ocasión, pero el ministerio público apeló y el caso fue enviado a la instancia que ahora mantiene la primera decisión.
El caso de Evelyn Hernández ha sido complejo, ya que grupos en favor del aborto lo han puesto como un ejemplo de “persecución” de las autoridades, además de que trascendió a nivel internacional.
La joven tuvo un parto extrahospitalario en abril de 2016, ella alegó que por complicaciones obstétricas su bebé nació muerto, mientras que la Fiscalía la acusó de asesinarlo. Inicialmente fue condenada a 30 años de cárcel, pero la Sala de lo Penal lo anuló.
En agosto de 2019 el Juez de Sentencia de Cojutepeque la dejó libre de cargos, pero la Fiscalía apeló esa resolución y el caso se fue a la Cámara de la Segunda Sección del Centro de esa jurisdicción.
Dicha instancia es ahora la que ha dejado libre de cargos y reiteró que “la joven no cometió ningún agravio como fue argumentado por la defensa”, según dio a conocer la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La organización añade que la joven fue sometida a “persecución y criminalización (…) al ser sometida a un proceso judicial que no contaba con pruebas. A la joven no se le garantizaron sus derechos”, detallaron.
Incluso dijeron que su detención fue arbitraria por “contravenir las obligaciones internaciones en materia de Derechos Humanos”.
“Nos sentimos satisfechas con la decisión, al confirmar que Evelyn es inocente. Agradecemos a las personas y a todas las organizaciones e instituciones que hemos luchado por su libertad, esto confirma que la justicia es el camino para la libertad de las mujeres”, dijo una representante de la organización Apoyo a las 4 Causales.
Con esta resolución de la Cámara, la Fiscalía tiene 10 días, a partir del momento de la notificación formal y cuando vuelvan a estar vigentes los plazos procesales, para interponer el recurso.
En este caso, explicó Fespad es una casación en la que tendría que conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por el momento la FGR y su titular, Raúl Melara no se han pronunciado por la absolución de cargos.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
