Judicial
Cámara admite recurso de apelación por resolución que favoreció al exministro de Salud Guillermo Maza
La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) que busca revertir la sentencia absolutoria que favoreció al exministro de Salud, en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, José Guillermo Maza Brizuela.
Según la Fiscalía, dicha sentencia fue emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la cual absolvía al exministro de los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica. Junto al exfuncionario también fueron procesados César Rolando García Herrera, Wilfredo Apontes Cuéllar y otros.
“Los imputados enfrentarán una nueva Vista Pública, la cual próximamente será notificada la fecha y la sede judicial”, dio a conocer, ayer, la Fiscalía a través de sus redes oficiales.
El 9 julio de este año, tras conocer el fallo del tribunal, los fiscales del caso advirtieron que apelarían la resolución que favoreció a Maza Brizuela.
“Vamos a presentar la apelación porque para nosotros sí existió el delito de negociación y sí tenemos prueba científica, financiera y testigos”, expresó uno de los fiscales en ese momento.
El exministro Maza fue señalado, junto a diez personas más, de presuntamente haber incurrido en ilegalidades relacionadas con la reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, en Usulután, por un monto de $5.1 millones en el proyecto denominado Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicios de Salud (RHESSA).
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
