Judicial
Abogada de FESPAD por caso de Evelyn Hernández: “La FGR no hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”
Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y defensora de Evelyn Hernández, joven absuelta por el delito de aborto sobre quien pesaba una condena de 40 años de prisión, habló del proceso que tuvo su fin el pasado martes 20 de agosto.
En la entrevista de Diario Cronio, la experta legal manifestó los pasos que se dieron para conseguir la liberación de la joven, quien a juicio de la abogada sentó un precedente judicial del país.
“Fiscalía reconoció que no hubo dolo y que Evelyn Hernández no actuó contra su bebé por un desmayo y fueron las pruebas que sirvieron en el proceso”, dijo Delgado en la entrevista.
La joven habría confundido un dolor de colon, sangró mucho por lo que fue trasladad a un centro asistencia donde se le trató y posteriormente fue puesta en arresto por la policía y luego juzgada y condenada por la justicia.
Sin embargo, tras las pruebas presentadas por la defensa y los testimonios de personas que ayudaron y asistieron a Evelyn, fuero claves para que la FGR se retractara de las acusaciones y desistiera del delito de aborto por el cual estaba condenada la joven.
Además, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque desestimó la acusación de la fiscalía y el juez absolvió de cargos penales a la imputada, quien era acusada de asesinar a su hijo recién nacido.
“Ella confundió los dolores, sangró mucho y fue trasladada a un centro asistencial, luego fue condenada a 30 años por aborto. Fiscalía dijo que hubo dolo y tras confirmarse que no lo hubo se cambión la tipificación del delito”, sostuvo la abogada.
Además, dejo en claro que en este tipo caso la FGR presentan cierta ineficiencia en la investigación, y que en muchas ocasiones, la mayoría de mujeres son condenadas y otras quedan desamparadas, frágiles ante los presuntos violadores quedan en libertad por la falta de pruebas.
“En muchos casos los violadores quedan en libertad y no se protege a la víctima. No se debe señalar que solo las mujeres de zonas rurales o bajos recursos cometen aborto. En el levantamiento del cadáver del bebé no se encontró lesiones por lo que se comprobó que no fue un aborto. No hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”, concluyó la Delgado.
NOTA RELACIONADA Absuelven a Evelyn Hernández quien fue acusada de aborto de su hijo producto a una violación
Sobre el caso, se conoció que el hecho por los cual acusaban Hernández ocurrió el 6 de abril de 2016, en el caserío Los Velásquez del cantón El Carmen, del Municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán.
Evelyn dio a luz a su bebé en el baño de su vivienda y luego traslada al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque por una hemorragia. Estando en el centro hospitalario los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto por las características que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Acá puede ver la entrevista completa.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
