Judicial
Abogada de FESPAD por caso de Evelyn Hernández: “La FGR no hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”
Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y defensora de Evelyn Hernández, joven absuelta por el delito de aborto sobre quien pesaba una condena de 40 años de prisión, habló del proceso que tuvo su fin el pasado martes 20 de agosto.
En la entrevista de Diario Cronio, la experta legal manifestó los pasos que se dieron para conseguir la liberación de la joven, quien a juicio de la abogada sentó un precedente judicial del país.
“Fiscalía reconoció que no hubo dolo y que Evelyn Hernández no actuó contra su bebé por un desmayo y fueron las pruebas que sirvieron en el proceso”, dijo Delgado en la entrevista.
La joven habría confundido un dolor de colon, sangró mucho por lo que fue trasladad a un centro asistencia donde se le trató y posteriormente fue puesta en arresto por la policía y luego juzgada y condenada por la justicia.
Sin embargo, tras las pruebas presentadas por la defensa y los testimonios de personas que ayudaron y asistieron a Evelyn, fuero claves para que la FGR se retractara de las acusaciones y desistiera del delito de aborto por el cual estaba condenada la joven.
Además, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque desestimó la acusación de la fiscalía y el juez absolvió de cargos penales a la imputada, quien era acusada de asesinar a su hijo recién nacido.
“Ella confundió los dolores, sangró mucho y fue trasladada a un centro asistencial, luego fue condenada a 30 años por aborto. Fiscalía dijo que hubo dolo y tras confirmarse que no lo hubo se cambión la tipificación del delito”, sostuvo la abogada.
Además, dejo en claro que en este tipo caso la FGR presentan cierta ineficiencia en la investigación, y que en muchas ocasiones, la mayoría de mujeres son condenadas y otras quedan desamparadas, frágiles ante los presuntos violadores quedan en libertad por la falta de pruebas.
“En muchos casos los violadores quedan en libertad y no se protege a la víctima. No se debe señalar que solo las mujeres de zonas rurales o bajos recursos cometen aborto. En el levantamiento del cadáver del bebé no se encontró lesiones por lo que se comprobó que no fue un aborto. No hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”, concluyó la Delgado.
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Sobre el caso, se conoció que el hecho por los cual acusaban Hernández ocurrió el 6 de abril de 2016, en el caserío Los Velásquez del cantón El Carmen, del Municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán.
Evelyn dio a luz a su bebé en el baño de su vivienda y luego traslada al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque por una hemorragia. Estando en el centro hospitalario los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto por las características que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Acá puede ver la entrevista completa.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
