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Abogada Bessy Ríos asegura que las escuchas telefónicas fue un arma de espionaje usado por Douglas Meléndez para extorsionar a los diputados y ser reelecto

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Según las declaraciones de la abogada y defensora de derechos humanos, Bessy Ríos, el exfiscal Douglas Meléndez cometió abusos con relación al uso de las escuchas telefónicas, donde incluso, aseguró, trató de extorsionar a los diputados a fin de buscar su reelección, al igual que su antecesor.

La abogada explicó que la falta de una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional, detuvo la entrada en vigencia de la interpretación del artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas, que detalla que luego de seis meses, dichas grabaciones debían destruirse si el ministerio público no emprendía un proceso judicial contra un investigado.

Además, las declaraciones de Ríos también revelan que el exfiscal Meléndez trató de conseguir su reelección en el cargo haciendo uso indebido de las escuchas telefónicas. “En el caso de las escuchas autorizadas de manera legal, fueron abusados muchos ciudadanos, con la mala utilización de las escuchas y fue un arma de espionaje usado por Douglas Meléndez para extorsionar a los diputados para ser reelecto”, dijo la abogada, quien involucró en la misma acción al antecesor.

“Los escuchaban para saber que decían de más y decirles ‘te tengo este audio si no votas por mi en la elección’. Menos mal que los diputados tuvieron el valor y los dejaron silbando en la loma”, dijo Ríos.

A criterio de la abogado, la Sala de lo Constitucional debe resolver a la brevedad posible sobre dicha interpretación para evitar más abusos por parte del ministerio público. “La Asamblea hizo una interpretación donde dice que al pasar los seis y la fiscalía no inició un proceso judicial de esas escuchas para esa personas, las grabaciones las tiene que destruir automáticamente. La sala no nos debe tener en este limbo”, recalcó.

“Douglas Meléndez sacó un listado de personas a las que se les intervino las llamadas. No sé si ya las destruyeron. La sala ya debería resolver porque es un problema de violación a la intimidad”, finalizó.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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