Judicial
Abogada Bessy Ríos asegura que las escuchas telefónicas fue un arma de espionaje usado por Douglas Meléndez para extorsionar a los diputados y ser reelecto
Según las declaraciones de la abogada y defensora de derechos humanos, Bessy Ríos, el exfiscal Douglas Meléndez cometió abusos con relación al uso de las escuchas telefónicas, donde incluso, aseguró, trató de extorsionar a los diputados a fin de buscar su reelección, al igual que su antecesor.
La abogada explicó que la falta de una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional, detuvo la entrada en vigencia de la interpretación del artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas, que detalla que luego de seis meses, dichas grabaciones debían destruirse si el ministerio público no emprendía un proceso judicial contra un investigado.
Además, las declaraciones de Ríos también revelan que el exfiscal Meléndez trató de conseguir su reelección en el cargo haciendo uso indebido de las escuchas telefónicas. “En el caso de las escuchas autorizadas de manera legal, fueron abusados muchos ciudadanos, con la mala utilización de las escuchas y fue un arma de espionaje usado por Douglas Meléndez para extorsionar a los diputados para ser reelecto”, dijo la abogada, quien involucró en la misma acción al antecesor.
“Los escuchaban para saber que decían de más y decirles ‘te tengo este audio si no votas por mi en la elección’. Menos mal que los diputados tuvieron el valor y los dejaron silbando en la loma”, dijo Ríos.
A criterio de la abogado, la Sala de lo Constitucional debe resolver a la brevedad posible sobre dicha interpretación para evitar más abusos por parte del ministerio público. “La Asamblea hizo una interpretación donde dice que al pasar los seis y la fiscalía no inició un proceso judicial de esas escuchas para esa personas, las grabaciones las tiene que destruir automáticamente. La sala no nos debe tener en este limbo”, recalcó.
“Douglas Meléndez sacó un listado de personas a las que se les intervino las llamadas. No sé si ya las destruyeron. La sala ya debería resolver porque es un problema de violación a la intimidad”, finalizó.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
