Judicial
A prisión agentes e inspector vinculados al homicidio de un investigador mientras tomaban bebidas embriagantes en la Colonia Escalón
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó prisión para un inspector de la Policía, un exagente y dos sujetos más acusados del asesinato del agente Francisco Noé Herrera Merlos la noche del pasado sábado 19 de octubre en una vivienda de la colonia Escalón, de San Salvador.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados en este caso son: Manuel de Jesús Valenzuela, de 34 años; Carlos Eliazar Ramírez Aguilar (32); Daniel Isaac Castillo Recinos (28); y el inspector Elio Francisco López Aguilar (42) acusados del delito de homicidio agravado.
Esta semana, el director de la policía, comisionado Mauricio Arriza Chicas, explicó que los hechos ocurrieron cuando departían bebidas embriagantes, pero que al calor de los tragos se generó una discusión y que el investigador tomó un arma de fuego y amenazó al resto de sus compañeros.
El agente Merlos estaba destacado en la División Élite contra el Crimen Organizado (Deco) y su Orden Número Institucional (ONI) era 13155.
Chicas comentó que serán los tribunales los que determinen responsabilidades para cada uno de los procesados. Aseguró que en la escena fue encontrada una subametralladora, por la cual acusan a uno de los implicados del delito de tenencia de armas de guerra.
Hubo reacción de la Fiscalía tras darse a conocer la decisión del jugado que decretó instrucción formal con detención contra los sospechosos.
“El juzgador admitió los elementos iniciales de prueba y mantiene los delitos de homicidio agravado y la tenencia de armas de guerra”, dio a conocer el Ministerio Público.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
