Judicial
50 años de cárcel contra 5 secuestradores y homicidas
La Fiscalía General de la Republica (FGR), dio a conocer que los imputados Manuel Alfredo Juárez, María Juárez López, Eris Odir Rafael Martínez, Samuel de Jesús Andrés Rafael y Emerson Osmín Rafael Martínez, fueron penalmente acusados por los delitos de Secuestro y Homicidio Agravado, en perjuicio de la víctima con clave “Júpiter”.
La vista pública estuvo a cargo del Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia en la que FGR expuso abundante prueba en contra de los 5 involucrados y con la que demostró la participación que cada uno tuvo al momento de los hechos.
Y es que, según las investigaciones, la privación de la víctima sucedió en la zona de La Libertad, el 29 de octubre de 2018, situación de la que su familia se dio cuenta al notar que “Júpiter” no llegó a casa en horas de la tarde. Al realizar varias llamadas al móvil de su familiar, uno de los delincuentes respondió, diciéndoles que lo tenían secuestrado y como rescate exigían la cantidad de $40,000.
Para el día siguiente, el acuerdo entre los parientes y los secuestradores fue de entregarles $6,000, cantidad que se le entregó en el centro de San Salvador, a uno de los implicados que llegó a recoger el dinero y éste se lo llevó al negociador. Finalmente se fueron hasta una vivienda en la Col. Belén, en cantón San Nicolás de Apopa.
Tras ser ubicados, las autoridades llegaron hasta esa zona en donde ubicaron una vivienda e hicieron efectivas las capturas de los secuestradores, incluso se les encontró parte del dinero exigido como rescate, así como armas, chalecos antibalas y otros objetos que utilizaban para sus acciones criminales.
El cuerpo de la víctima fue localizo en un área de difícil acceso en Panchimalco, el 2 de noviembre del mismo año.
Al momento de imponer penas, basado en la prueba ofrecida por la FGR, el Juzgador determinó que 3 imputados son culpables por el delito de Homicidio Agravado precedido de Secuestro, por lo que Rafael Martínez deberá estar encarcelado durante 50 años, ya que fue él quien dio la orden para asesinar a la víctima. En tanto, Andrés Rafael y Rafael Martínez, cumplirán los 40 años, pero además deberán responder con el pago de $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
A Juárez, se le condenó por Secuestro y cumplirá pena de 30 años y el pago de $6,000 como responsabilidad civil; finalmente, la señora Juárez López, fue sentenciada a 8 años por el ilícito de Encubrimiento.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
