Judicial
50 años de cárcel contra 5 secuestradores y homicidas
La Fiscalía General de la Republica (FGR), dio a conocer que los imputados Manuel Alfredo Juárez, María Juárez López, Eris Odir Rafael Martínez, Samuel de Jesús Andrés Rafael y Emerson Osmín Rafael Martínez, fueron penalmente acusados por los delitos de Secuestro y Homicidio Agravado, en perjuicio de la víctima con clave “Júpiter”.
La vista pública estuvo a cargo del Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia en la que FGR expuso abundante prueba en contra de los 5 involucrados y con la que demostró la participación que cada uno tuvo al momento de los hechos.
Y es que, según las investigaciones, la privación de la víctima sucedió en la zona de La Libertad, el 29 de octubre de 2018, situación de la que su familia se dio cuenta al notar que “Júpiter” no llegó a casa en horas de la tarde. Al realizar varias llamadas al móvil de su familiar, uno de los delincuentes respondió, diciéndoles que lo tenían secuestrado y como rescate exigían la cantidad de $40,000.
Para el día siguiente, el acuerdo entre los parientes y los secuestradores fue de entregarles $6,000, cantidad que se le entregó en el centro de San Salvador, a uno de los implicados que llegó a recoger el dinero y éste se lo llevó al negociador. Finalmente se fueron hasta una vivienda en la Col. Belén, en cantón San Nicolás de Apopa.
Tras ser ubicados, las autoridades llegaron hasta esa zona en donde ubicaron una vivienda e hicieron efectivas las capturas de los secuestradores, incluso se les encontró parte del dinero exigido como rescate, así como armas, chalecos antibalas y otros objetos que utilizaban para sus acciones criminales.
El cuerpo de la víctima fue localizo en un área de difícil acceso en Panchimalco, el 2 de noviembre del mismo año.
Al momento de imponer penas, basado en la prueba ofrecida por la FGR, el Juzgador determinó que 3 imputados son culpables por el delito de Homicidio Agravado precedido de Secuestro, por lo que Rafael Martínez deberá estar encarcelado durante 50 años, ya que fue él quien dio la orden para asesinar a la víctima. En tanto, Andrés Rafael y Rafael Martínez, cumplirán los 40 años, pero además deberán responder con el pago de $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
A Juárez, se le condenó por Secuestro y cumplirá pena de 30 años y el pago de $6,000 como responsabilidad civil; finalmente, la señora Juárez López, fue sentenciada a 8 años por el ilícito de Encubrimiento.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
