Judicial
22 años de cárcel por extorsionar a familia y obligarlos abandonar su vivienda
El Tribunal 3° Sentencia de San Salvador sentenció a 22 años de cárcel, a José Mariano Alexander Guzmán; por los delitos de extorsión y por limitación ilegal a libertad de circulación; la pena comprende 10 y 12 años respectivamente por cada delito, en perjuicio de una víctima y su grupo familiar.
El juez en el fallo argumentó que las pruebas, así como la declaración de la víctima demostraron que es responsable directamente de cometer los ilícitos; entre las pruebas también está el reconocimiento del acusado en rueda de personas.
Se comprobó que el ahora condenado en una colonia del municipio de Apopa, en San Salvador, el 14 de septiembre del año pasado, llegó a la vivienda amenazar de muerte a la víctima y a su familia; asimismo a exigirle la cantidad de $ 400 dólares; estos le manifestaron que no tenían dinero pero que lo iban a conseguir con familiares; por lo que el 20 de septiembre llegó a traer el dinero acompañado de otro pandillero.
Luego de los hechos anteriores llego nuevamente en enero de 2021 y les manifestó que los tenían que entregar cada 15 días, a lo cual ellos manifestaron que no los tenían; por tal razón Guzmán les dijo que entonces debían desalojar la vivienda en el término de dos horas. La víctima y su familia abandonaron la vivienda por temor a las amenazas, ya que es un pandillero reconocido de la zona.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
