Judicial
IDHUCA presenta escrito ante Cámara para acelerar el caso de los Jesuitas
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador recibió esta tarde un escrito por parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en el que se le pide a las magistradas acelerar la resolución del caso de los jesuitas.
Sin embargo, el proceso sigue su curso normal y no hay atraso alguno; pero por ser un proceso delicado y voluminoso se debe estudiar muy concienzudamente para emitir una resolución totalmente apegada a derecho. El pasado 6 de noviembre se recibió el caso procedente de la Sala de lo Penal por una excusa. Dicha instancia se tardó seis meses en resolver esa petición, lo cual refleja lo extenso del expediente.
Además, hubo un cambio de magistrado, ya que el Lic. Martín Rogel, fue trasladado a la Cámara Primera de lo Penal y llegó una nueva funcionaria a esa instancia, asimismo, pasaron las vacaciones de diciembre, el caso apenas lleva dos meses, pero ya se finaliza el estudio respectivo que da pie para que pase a la siguiente etapa dentro de la misma instancia que lo analiza.
De igual forma, se debe aplicar otras resoluciones, como de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal la Ley de Amnistía, tratados internacionales relacionados a delitos de lesa humanidad o cometidos en guerra o beligerantes y hasta la misma Ley de Amnistía, y así fundamentar, apegada a derecho, la nueva dedición judicial en torno al homicidio agravado en seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Tales crímenes ocurrieron en el marco de la coyuntura de la llamada “Ofensiva hasta el Tope”, el 16 de noviembre de 1989 al interior del recinto de la universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Se espera que la resolución se dé a conocer antes de las próximas vacaciones de Semana Santa del presente año.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
