Judicial
IDHUCA presenta escrito ante Cámara para acelerar el caso de los Jesuitas
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador recibió esta tarde un escrito por parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en el que se le pide a las magistradas acelerar la resolución del caso de los jesuitas.
Sin embargo, el proceso sigue su curso normal y no hay atraso alguno; pero por ser un proceso delicado y voluminoso se debe estudiar muy concienzudamente para emitir una resolución totalmente apegada a derecho. El pasado 6 de noviembre se recibió el caso procedente de la Sala de lo Penal por una excusa. Dicha instancia se tardó seis meses en resolver esa petición, lo cual refleja lo extenso del expediente.
Además, hubo un cambio de magistrado, ya que el Lic. Martín Rogel, fue trasladado a la Cámara Primera de lo Penal y llegó una nueva funcionaria a esa instancia, asimismo, pasaron las vacaciones de diciembre, el caso apenas lleva dos meses, pero ya se finaliza el estudio respectivo que da pie para que pase a la siguiente etapa dentro de la misma instancia que lo analiza.
De igual forma, se debe aplicar otras resoluciones, como de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal la Ley de Amnistía, tratados internacionales relacionados a delitos de lesa humanidad o cometidos en guerra o beligerantes y hasta la misma Ley de Amnistía, y así fundamentar, apegada a derecho, la nueva dedición judicial en torno al homicidio agravado en seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Tales crímenes ocurrieron en el marco de la coyuntura de la llamada “Ofensiva hasta el Tope”, el 16 de noviembre de 1989 al interior del recinto de la universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Se espera que la resolución se dé a conocer antes de las próximas vacaciones de Semana Santa del presente año.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
