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Gobierno solicitaría 15 días más de prórroga a la ley de Emergencia Nacional por COVID-19
Una prórroga de 15 días a la ley de Emergencia Nacional, que vence el 16 de mayo, será solicitada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que sea sometida a discusión en la sesión plenaria de esta semana, anunció anoche el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro.
En entrevista de televisión, el funcionario reveló: «nosotros lo que vamos a pedir es la prórroga de la Ley de Emergencia que vence el sábado 16 y vamos a pedir 15 días más», dijo en el programa Debate con Nacho Castillo. Se espera que la petición sea recibida por el parlamento este miércoles.
Castro agregó que el gobierno trabaja para que el 22 de mayo se inicie «poco a poco» la reactivación de la economía nacional en al menos un 20% «siempre y cuando baje la curva de contagios», condicionó.
Asimismo, señaló que la prioridad en el gobierno es la de salvaguardar vidas.
Uno de los primeros en reaccionar ante tal anuncio fue el presidente del Coena, Erick Salguero, quien sostuvo que la fracción de ARENA no dará los votos a la petición.
«Escuchando las exigencias de la mayoría del pueblo salvadoreño, nuestro partido ARENA ha tomado la decisión de NO dar sus votos para la prórroga del Decreto Legislativo 639 que está desprotegiendo a la gente y abriendo paso al hambre y la desesperación», dijo en su cuenta de Twitter.
De igual forma, Salguero criticó que las medidas del gobierno ante la pandemia no han sido responsables y pidió coherencia. «Ante esta realidad, la Ley de Emergencia Nacional NO PUEDE ser prorrogada, hasta que el gobierno garantice a las familias un plan real de protección de sus ingresos para subsistir», agregó.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
