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Gobierno mejora las condiciones de vida de 24,000 familias del oriente con Rural Adelante y la producción llega a los Agro Mercados y a la CDA
La transformación de la matriz productiva de las zonas rurales, a través del desarrollo de las cadenas competitivas, es una realidad en el oriente del país, gracias al Programa Rural Adelante, ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con la iniciativa gubernamental, que se desarrolló de 2020 a 2024, el Presidente Nayib Bukele benefició a cerca de 24,000 familias de manera directa en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. Y es que, el trabajo del Gobierno es integral, primero generó seguridad para que los productores realizaran sus faenas, los capacitó y apoyó para impulsar la producción, les facilitó la comercialización y ahora protege el bolsillo de las familias salvadoreñas llevando esas producciones hasta los Agro Mercados y a la Central de Abastos. Ese enfoque completo es el que manejó Rural Adelante, porque más allá de los alcances económicos contempló factores humanos y sociales, a razón de la generación de empleo, mejora de capacidades, de aprendizaje y de cualidades de trabajo, entre otros, para cual se invirtió $17 millones.
El programa contempló tres componentes: fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático; desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas; y fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural. Contemplando dichos ejes se ofrecieron algunos servicios como fortalecimiento de capacidad de jóvenes y adultos a través de cursos de nivelación, becas, pasantías y autoempleo, beneficiando a 200 personas; creación de planes de adaptación al cambio climático, en beneficio de más de 11,200 productores; creación de más de 4,800 planes de negocios; la creación del Sistema de Información Agroclimática y Mercado (SIAM) y la capacitación de casi 200 funcionarios municipales.
En cuanto a la producción de alimentos, la iniciativa cofinanció más de 130 planes de negocios, con una inversión de $5.1 millones para la producción y comercialización de alimentos adaptada al cambio climático, de las cadenas de valor de frutas, hortalizas, lácteos, miel y acuicultura/pesca.
Asimismo, se cofinanció las producciones de hortalizas y frutas en ambientes controlados y sistemas de riego, centros de acopio, producción y procesamiento de lácteos, producción y procesamiento de miel, producción de concentrados para animales, equipos y aperos para los pescadores artesanales, acuicultores para la producción de camarones y tilapias. Además, se apoyó la implementación de 12 planes de adaptación al cambio climático, por un monto de $1.2 millones, aproximadamente, con algunas acciones como la construcción de reservorios para captación y almacenamiento de agua para producción de alimentos, semillas de pasto, reforestación, sistemas agroforeatales, obras de conservación de suelos y agua, entre otras.
En cuanto a la inclusión de mujeres y jóvenes, Rural Adelante formuló y financió $76,500 en 51 perfiles de autoempleos con igual número de jóvenes en las áreas de: pollo de engorde, apicultura, panadería, comida típica, reparación de bicicleta, venta de papelería, entre otros; además fortaleció a la mesa de mujeres rurales de oriente y mesa nacional de mujeres, a través de la implementación de acciones estratégicas, entre otras acciones.
Con el Programa Rural Adelante se aumentó la productividad de la zona oriental del país, generando mayores ingresos de manera sostenible y mejorando las condiciones de vida de las comunidades.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
