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Gobierno mejora las condiciones de vida de 24,000 familias del oriente con Rural Adelante y la producción llega a los Agro Mercados y a la CDA
La transformación de la matriz productiva de las zonas rurales, a través del desarrollo de las cadenas competitivas, es una realidad en el oriente del país, gracias al Programa Rural Adelante, ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con la iniciativa gubernamental, que se desarrolló de 2020 a 2024, el Presidente Nayib Bukele benefició a cerca de 24,000 familias de manera directa en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. Y es que, el trabajo del Gobierno es integral, primero generó seguridad para que los productores realizaran sus faenas, los capacitó y apoyó para impulsar la producción, les facilitó la comercialización y ahora protege el bolsillo de las familias salvadoreñas llevando esas producciones hasta los Agro Mercados y a la Central de Abastos. Ese enfoque completo es el que manejó Rural Adelante, porque más allá de los alcances económicos contempló factores humanos y sociales, a razón de la generación de empleo, mejora de capacidades, de aprendizaje y de cualidades de trabajo, entre otros, para cual se invirtió $17 millones.
El programa contempló tres componentes: fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático; desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas; y fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural. Contemplando dichos ejes se ofrecieron algunos servicios como fortalecimiento de capacidad de jóvenes y adultos a través de cursos de nivelación, becas, pasantías y autoempleo, beneficiando a 200 personas; creación de planes de adaptación al cambio climático, en beneficio de más de 11,200 productores; creación de más de 4,800 planes de negocios; la creación del Sistema de Información Agroclimática y Mercado (SIAM) y la capacitación de casi 200 funcionarios municipales.
En cuanto a la producción de alimentos, la iniciativa cofinanció más de 130 planes de negocios, con una inversión de $5.1 millones para la producción y comercialización de alimentos adaptada al cambio climático, de las cadenas de valor de frutas, hortalizas, lácteos, miel y acuicultura/pesca.
Asimismo, se cofinanció las producciones de hortalizas y frutas en ambientes controlados y sistemas de riego, centros de acopio, producción y procesamiento de lácteos, producción y procesamiento de miel, producción de concentrados para animales, equipos y aperos para los pescadores artesanales, acuicultores para la producción de camarones y tilapias. Además, se apoyó la implementación de 12 planes de adaptación al cambio climático, por un monto de $1.2 millones, aproximadamente, con algunas acciones como la construcción de reservorios para captación y almacenamiento de agua para producción de alimentos, semillas de pasto, reforestación, sistemas agroforeatales, obras de conservación de suelos y agua, entre otras.
En cuanto a la inclusión de mujeres y jóvenes, Rural Adelante formuló y financió $76,500 en 51 perfiles de autoempleos con igual número de jóvenes en las áreas de: pollo de engorde, apicultura, panadería, comida típica, reparación de bicicleta, venta de papelería, entre otros; además fortaleció a la mesa de mujeres rurales de oriente y mesa nacional de mujeres, a través de la implementación de acciones estratégicas, entre otras acciones.
Con el Programa Rural Adelante se aumentó la productividad de la zona oriental del país, generando mayores ingresos de manera sostenible y mejorando las condiciones de vida de las comunidades.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
