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Gobierno mejora las condiciones de vida de 24,000 familias del oriente con Rural Adelante y la producción llega a los Agro Mercados y a la CDA
La transformación de la matriz productiva de las zonas rurales, a través del desarrollo de las cadenas competitivas, es una realidad en el oriente del país, gracias al Programa Rural Adelante, ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con la iniciativa gubernamental, que se desarrolló de 2020 a 2024, el Presidente Nayib Bukele benefició a cerca de 24,000 familias de manera directa en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. Y es que, el trabajo del Gobierno es integral, primero generó seguridad para que los productores realizaran sus faenas, los capacitó y apoyó para impulsar la producción, les facilitó la comercialización y ahora protege el bolsillo de las familias salvadoreñas llevando esas producciones hasta los Agro Mercados y a la Central de Abastos. Ese enfoque completo es el que manejó Rural Adelante, porque más allá de los alcances económicos contempló factores humanos y sociales, a razón de la generación de empleo, mejora de capacidades, de aprendizaje y de cualidades de trabajo, entre otros, para cual se invirtió $17 millones.
El programa contempló tres componentes: fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático; desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas; y fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural. Contemplando dichos ejes se ofrecieron algunos servicios como fortalecimiento de capacidad de jóvenes y adultos a través de cursos de nivelación, becas, pasantías y autoempleo, beneficiando a 200 personas; creación de planes de adaptación al cambio climático, en beneficio de más de 11,200 productores; creación de más de 4,800 planes de negocios; la creación del Sistema de Información Agroclimática y Mercado (SIAM) y la capacitación de casi 200 funcionarios municipales.
En cuanto a la producción de alimentos, la iniciativa cofinanció más de 130 planes de negocios, con una inversión de $5.1 millones para la producción y comercialización de alimentos adaptada al cambio climático, de las cadenas de valor de frutas, hortalizas, lácteos, miel y acuicultura/pesca.
Asimismo, se cofinanció las producciones de hortalizas y frutas en ambientes controlados y sistemas de riego, centros de acopio, producción y procesamiento de lácteos, producción y procesamiento de miel, producción de concentrados para animales, equipos y aperos para los pescadores artesanales, acuicultores para la producción de camarones y tilapias. Además, se apoyó la implementación de 12 planes de adaptación al cambio climático, por un monto de $1.2 millones, aproximadamente, con algunas acciones como la construcción de reservorios para captación y almacenamiento de agua para producción de alimentos, semillas de pasto, reforestación, sistemas agroforeatales, obras de conservación de suelos y agua, entre otras.
En cuanto a la inclusión de mujeres y jóvenes, Rural Adelante formuló y financió $76,500 en 51 perfiles de autoempleos con igual número de jóvenes en las áreas de: pollo de engorde, apicultura, panadería, comida típica, reparación de bicicleta, venta de papelería, entre otros; además fortaleció a la mesa de mujeres rurales de oriente y mesa nacional de mujeres, a través de la implementación de acciones estratégicas, entre otras acciones.
Con el Programa Rural Adelante se aumentó la productividad de la zona oriental del país, generando mayores ingresos de manera sostenible y mejorando las condiciones de vida de las comunidades.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
