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Gobierno de El Salvador intensificó en período festivo los controles vehiculares
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), intensificó los controles vehiculares durante el último día vacacional con motivo de las fiestas de fin de año, previo al regreso a las labores cotidianas en el país.
A través de estos controles, instalados en diferentes carreteras del país, se verificó el cumplimiento de las normativas de tránsito por parte de los conductores. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, destacó ayer que el objetivo principal es prevenir accidentes de tránsito, así como promover una nueva cultura vial.
«Queremos garantizar seguridad vial a la población en este último día de asueto, que pueda disfrutar con su familia sanamente. Nosotros nos mantenemos con los puntos de control, ya sean antidopaje, controles vehiculares, al transporte público o de carga, desplegados a escala nacional», afirmó el viceministro.
Los puntos de control instalados ayer estuvieron en la carretera al puerto de La Libertad, autopista a Comalapa, entre otras, donde fueron intervenidos conductores de distintos rubros del transporte.
Además, se busca sacar de las calles a quienes son sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, que se convierten en riesgo para el resto de los conductores y para ellos mismos.
«Solo del 23 de diciembre de 2022 al 1.º de enero de 2023 se realizaron 2,915 pruebas antidopaje, lo que demuestra que estamos activos en todo el territorio nacional en diferentes puntos con nuestros equipos de gestores, inspectores y en coordinación con la Policía de Tránsito para sacar de circulación a este tipo de conductores», agregó Reyes.
También se efectúan dispositivos para promover la educación vial, como el desarrollado ayer por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi), en coordinación con la Policía y la Fuerza Armada, en el kilómetro 154 de la carretera del Litoral y el desvío de Zapatagua, en Chirilagua, San Miguel.
Reyes destacó, además, que el año pasado se registraron en el país 17 días sin muertes por accidentes de tránsito, todo un logro si se toma en cuenta que el parque vehicular en El Salvador supera los 1.6 millones de vehículos y que a diario se tiene un promedio de cuatro personas fallecidas por siniestros viales.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
