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Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse
La confianza generada entre jóvenes por el trabajo ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha provocado que desde junio de 2019 las convocatorias para integrarse a la institución castrense sean masivas, situación que se ha vuelto tentadora para que miembros de las maras o vinculados pretendan infiltrarse entre los aspirantes, sin embargo, esa pretensión se esfuma debido a que el Ejército ha reforzado los filtros para detectar a los delincuentes y hoy con el régimen de excepción hasta son enviados directamente a la cárcel.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy manifiesta que han desarrollado un sistema que le permite a la FAES detectar a cualquier miembro de mara o pandillas que pretenda infiltrarse en las unidades de las Fuerza Armada.
Las depuraciones se efectúan a través de tres métodos; uno es a través de la revisión de sus antecedente penales y policiales de los aspirantes, otro es por medio del propio sistema de la FAES que consiste en un fichaje de todas aquellas personas que anteriormente intentaron ingresar al Ejército y que en las pruebas de confiabilidad les detectaron algún vínculo, otra forma es luego de los resultados del polígrafo que arrojan las conexiones de los aspirantes con las estructuras terroristas.
«Cuando ellos intentan ingresar nuevamente vemos en ese sistema y aparecen bloqueados porque han tenido vínculos con las maras o pandillas, de esa manera nosotros detectamos esta persona que quiere meterse a la institución y cuando se han dado algunos casos que ya estaban en la Fuerza Armada, antes de que el señor presidente Nayib Bukele llegara al poder, porque no les hicieron los clareos respectivos, nosotros los expulsamos», explica Merino Monroy.
«Entonces había alguna gente que estaba infiltrada y es a través de los métodos de contrainteligencia que hemos ido detectando, los hemos ido sacando», agrega el funcionario.
El titular de la Defensa lamenta que en el contexto de la tregua entre pandillas pactada en los gobiernos del FMLN se otorgaron muchos beneficios a los grupos terroristas y entre estos hasta les prestaron instalaciones militares para adiestrar a los delincuentes.
Merino Monroy destaca que, desde finales de marzo con la entrada en vigencia del régimen de excepción, el combate a las pandillas y las reformas al Código Penal, cualquier vinculado con los terroristas y que pretenda infiltrarse en la institución es enviado a la cárcel, contrario a lo que ocurría con la ley anterior que solo lo ingresaban al sistema y lo bloqueaban.
«La institución, ahora en estos días cualquiera que intente ingresar a la Fuerza Armada y si tienen vínculos con pandillas, por el estado de excepción, de inmediato es puesto a disposición de la Policía Nacional civil o si se detecta algún elemento de la Fuerza Armada es enviado directo a la cárcel», recalcó.
La semana pasada el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco del régimen han incautado 541 armas de todo tipo a las estructuras criminales, dato que según el funcionario advierte que las pandillas se estaban armando como lo hizo el FMLN en los tiempos de la guerra.
«Se han incautado armas, eso indica que sí adquirieron armas durante estos años atrás o que se las facilitaron a través del tráfico internacional de armas, a través de organizaciones que fortalecieron a esta marca de pandillas, la facilidad que tuvieron para para poder adquirirla y la impunidad que se les dio a todos estos estos malhechores», indicó Merino Monroy quien destacó que «con este régimen de excepción estamos persiguiendo a estos delincuentes desarmándolos desarticulando de tal manera que no representen un daño para la sociedad».
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
