Nacionales
Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse
La confianza generada entre jóvenes por el trabajo ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha provocado que desde junio de 2019 las convocatorias para integrarse a la institución castrense sean masivas, situación que se ha vuelto tentadora para que miembros de las maras o vinculados pretendan infiltrarse entre los aspirantes, sin embargo, esa pretensión se esfuma debido a que el Ejército ha reforzado los filtros para detectar a los delincuentes y hoy con el régimen de excepción hasta son enviados directamente a la cárcel.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy manifiesta que han desarrollado un sistema que le permite a la FAES detectar a cualquier miembro de mara o pandillas que pretenda infiltrarse en las unidades de las Fuerza Armada.
Las depuraciones se efectúan a través de tres métodos; uno es a través de la revisión de sus antecedente penales y policiales de los aspirantes, otro es por medio del propio sistema de la FAES que consiste en un fichaje de todas aquellas personas que anteriormente intentaron ingresar al Ejército y que en las pruebas de confiabilidad les detectaron algún vínculo, otra forma es luego de los resultados del polígrafo que arrojan las conexiones de los aspirantes con las estructuras terroristas.
«Cuando ellos intentan ingresar nuevamente vemos en ese sistema y aparecen bloqueados porque han tenido vínculos con las maras o pandillas, de esa manera nosotros detectamos esta persona que quiere meterse a la institución y cuando se han dado algunos casos que ya estaban en la Fuerza Armada, antes de que el señor presidente Nayib Bukele llegara al poder, porque no les hicieron los clareos respectivos, nosotros los expulsamos», explica Merino Monroy.
«Entonces había alguna gente que estaba infiltrada y es a través de los métodos de contrainteligencia que hemos ido detectando, los hemos ido sacando», agrega el funcionario.
El titular de la Defensa lamenta que en el contexto de la tregua entre pandillas pactada en los gobiernos del FMLN se otorgaron muchos beneficios a los grupos terroristas y entre estos hasta les prestaron instalaciones militares para adiestrar a los delincuentes.
Merino Monroy destaca que, desde finales de marzo con la entrada en vigencia del régimen de excepción, el combate a las pandillas y las reformas al Código Penal, cualquier vinculado con los terroristas y que pretenda infiltrarse en la institución es enviado a la cárcel, contrario a lo que ocurría con la ley anterior que solo lo ingresaban al sistema y lo bloqueaban.
«La institución, ahora en estos días cualquiera que intente ingresar a la Fuerza Armada y si tienen vínculos con pandillas, por el estado de excepción, de inmediato es puesto a disposición de la Policía Nacional civil o si se detecta algún elemento de la Fuerza Armada es enviado directo a la cárcel», recalcó.
La semana pasada el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco del régimen han incautado 541 armas de todo tipo a las estructuras criminales, dato que según el funcionario advierte que las pandillas se estaban armando como lo hizo el FMLN en los tiempos de la guerra.
«Se han incautado armas, eso indica que sí adquirieron armas durante estos años atrás o que se las facilitaron a través del tráfico internacional de armas, a través de organizaciones que fortalecieron a esta marca de pandillas, la facilidad que tuvieron para para poder adquirirla y la impunidad que se les dio a todos estos estos malhechores», indicó Merino Monroy quien destacó que «con este régimen de excepción estamos persiguiendo a estos delincuentes desarmándolos desarticulando de tal manera que no representen un daño para la sociedad».
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
