Nacionales
Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse
La confianza generada entre jóvenes por el trabajo ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha provocado que desde junio de 2019 las convocatorias para integrarse a la institución castrense sean masivas, situación que se ha vuelto tentadora para que miembros de las maras o vinculados pretendan infiltrarse entre los aspirantes, sin embargo, esa pretensión se esfuma debido a que el Ejército ha reforzado los filtros para detectar a los delincuentes y hoy con el régimen de excepción hasta son enviados directamente a la cárcel.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy manifiesta que han desarrollado un sistema que le permite a la FAES detectar a cualquier miembro de mara o pandillas que pretenda infiltrarse en las unidades de las Fuerza Armada.
Las depuraciones se efectúan a través de tres métodos; uno es a través de la revisión de sus antecedente penales y policiales de los aspirantes, otro es por medio del propio sistema de la FAES que consiste en un fichaje de todas aquellas personas que anteriormente intentaron ingresar al Ejército y que en las pruebas de confiabilidad les detectaron algún vínculo, otra forma es luego de los resultados del polígrafo que arrojan las conexiones de los aspirantes con las estructuras terroristas.
«Cuando ellos intentan ingresar nuevamente vemos en ese sistema y aparecen bloqueados porque han tenido vínculos con las maras o pandillas, de esa manera nosotros detectamos esta persona que quiere meterse a la institución y cuando se han dado algunos casos que ya estaban en la Fuerza Armada, antes de que el señor presidente Nayib Bukele llegara al poder, porque no les hicieron los clareos respectivos, nosotros los expulsamos», explica Merino Monroy.
«Entonces había alguna gente que estaba infiltrada y es a través de los métodos de contrainteligencia que hemos ido detectando, los hemos ido sacando», agrega el funcionario.
El titular de la Defensa lamenta que en el contexto de la tregua entre pandillas pactada en los gobiernos del FMLN se otorgaron muchos beneficios a los grupos terroristas y entre estos hasta les prestaron instalaciones militares para adiestrar a los delincuentes.
Merino Monroy destaca que, desde finales de marzo con la entrada en vigencia del régimen de excepción, el combate a las pandillas y las reformas al Código Penal, cualquier vinculado con los terroristas y que pretenda infiltrarse en la institución es enviado a la cárcel, contrario a lo que ocurría con la ley anterior que solo lo ingresaban al sistema y lo bloqueaban.
«La institución, ahora en estos días cualquiera que intente ingresar a la Fuerza Armada y si tienen vínculos con pandillas, por el estado de excepción, de inmediato es puesto a disposición de la Policía Nacional civil o si se detecta algún elemento de la Fuerza Armada es enviado directo a la cárcel», recalcó.
La semana pasada el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco del régimen han incautado 541 armas de todo tipo a las estructuras criminales, dato que según el funcionario advierte que las pandillas se estaban armando como lo hizo el FMLN en los tiempos de la guerra.
«Se han incautado armas, eso indica que sí adquirieron armas durante estos años atrás o que se las facilitaron a través del tráfico internacional de armas, a través de organizaciones que fortalecieron a esta marca de pandillas, la facilidad que tuvieron para para poder adquirirla y la impunidad que se les dio a todos estos estos malhechores», indicó Merino Monroy quien destacó que «con este régimen de excepción estamos persiguiendo a estos delincuentes desarmándolos desarticulando de tal manera que no representen un daño para la sociedad».
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




