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Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse
La confianza generada entre jóvenes por el trabajo ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha provocado que desde junio de 2019 las convocatorias para integrarse a la institución castrense sean masivas, situación que se ha vuelto tentadora para que miembros de las maras o vinculados pretendan infiltrarse entre los aspirantes, sin embargo, esa pretensión se esfuma debido a que el Ejército ha reforzado los filtros para detectar a los delincuentes y hoy con el régimen de excepción hasta son enviados directamente a la cárcel.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy manifiesta que han desarrollado un sistema que le permite a la FAES detectar a cualquier miembro de mara o pandillas que pretenda infiltrarse en las unidades de las Fuerza Armada.
Las depuraciones se efectúan a través de tres métodos; uno es a través de la revisión de sus antecedente penales y policiales de los aspirantes, otro es por medio del propio sistema de la FAES que consiste en un fichaje de todas aquellas personas que anteriormente intentaron ingresar al Ejército y que en las pruebas de confiabilidad les detectaron algún vínculo, otra forma es luego de los resultados del polígrafo que arrojan las conexiones de los aspirantes con las estructuras terroristas.
«Cuando ellos intentan ingresar nuevamente vemos en ese sistema y aparecen bloqueados porque han tenido vínculos con las maras o pandillas, de esa manera nosotros detectamos esta persona que quiere meterse a la institución y cuando se han dado algunos casos que ya estaban en la Fuerza Armada, antes de que el señor presidente Nayib Bukele llegara al poder, porque no les hicieron los clareos respectivos, nosotros los expulsamos», explica Merino Monroy.
«Entonces había alguna gente que estaba infiltrada y es a través de los métodos de contrainteligencia que hemos ido detectando, los hemos ido sacando», agrega el funcionario.
El titular de la Defensa lamenta que en el contexto de la tregua entre pandillas pactada en los gobiernos del FMLN se otorgaron muchos beneficios a los grupos terroristas y entre estos hasta les prestaron instalaciones militares para adiestrar a los delincuentes.
Merino Monroy destaca que, desde finales de marzo con la entrada en vigencia del régimen de excepción, el combate a las pandillas y las reformas al Código Penal, cualquier vinculado con los terroristas y que pretenda infiltrarse en la institución es enviado a la cárcel, contrario a lo que ocurría con la ley anterior que solo lo ingresaban al sistema y lo bloqueaban.
«La institución, ahora en estos días cualquiera que intente ingresar a la Fuerza Armada y si tienen vínculos con pandillas, por el estado de excepción, de inmediato es puesto a disposición de la Policía Nacional civil o si se detecta algún elemento de la Fuerza Armada es enviado directo a la cárcel», recalcó.
La semana pasada el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco del régimen han incautado 541 armas de todo tipo a las estructuras criminales, dato que según el funcionario advierte que las pandillas se estaban armando como lo hizo el FMLN en los tiempos de la guerra.
«Se han incautado armas, eso indica que sí adquirieron armas durante estos años atrás o que se las facilitaron a través del tráfico internacional de armas, a través de organizaciones que fortalecieron a esta marca de pandillas, la facilidad que tuvieron para para poder adquirirla y la impunidad que se les dio a todos estos estos malhechores», indicó Merino Monroy quien destacó que «con este régimen de excepción estamos persiguiendo a estos delincuentes desarmándolos desarticulando de tal manera que no representen un daño para la sociedad».
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
