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Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse
La confianza generada entre jóvenes por el trabajo ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha provocado que desde junio de 2019 las convocatorias para integrarse a la institución castrense sean masivas, situación que se ha vuelto tentadora para que miembros de las maras o vinculados pretendan infiltrarse entre los aspirantes, sin embargo, esa pretensión se esfuma debido a que el Ejército ha reforzado los filtros para detectar a los delincuentes y hoy con el régimen de excepción hasta son enviados directamente a la cárcel.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy manifiesta que han desarrollado un sistema que le permite a la FAES detectar a cualquier miembro de mara o pandillas que pretenda infiltrarse en las unidades de las Fuerza Armada.
Las depuraciones se efectúan a través de tres métodos; uno es a través de la revisión de sus antecedente penales y policiales de los aspirantes, otro es por medio del propio sistema de la FAES que consiste en un fichaje de todas aquellas personas que anteriormente intentaron ingresar al Ejército y que en las pruebas de confiabilidad les detectaron algún vínculo, otra forma es luego de los resultados del polígrafo que arrojan las conexiones de los aspirantes con las estructuras terroristas.
«Cuando ellos intentan ingresar nuevamente vemos en ese sistema y aparecen bloqueados porque han tenido vínculos con las maras o pandillas, de esa manera nosotros detectamos esta persona que quiere meterse a la institución y cuando se han dado algunos casos que ya estaban en la Fuerza Armada, antes de que el señor presidente Nayib Bukele llegara al poder, porque no les hicieron los clareos respectivos, nosotros los expulsamos», explica Merino Monroy.
«Entonces había alguna gente que estaba infiltrada y es a través de los métodos de contrainteligencia que hemos ido detectando, los hemos ido sacando», agrega el funcionario.
El titular de la Defensa lamenta que en el contexto de la tregua entre pandillas pactada en los gobiernos del FMLN se otorgaron muchos beneficios a los grupos terroristas y entre estos hasta les prestaron instalaciones militares para adiestrar a los delincuentes.
Merino Monroy destaca que, desde finales de marzo con la entrada en vigencia del régimen de excepción, el combate a las pandillas y las reformas al Código Penal, cualquier vinculado con los terroristas y que pretenda infiltrarse en la institución es enviado a la cárcel, contrario a lo que ocurría con la ley anterior que solo lo ingresaban al sistema y lo bloqueaban.
«La institución, ahora en estos días cualquiera que intente ingresar a la Fuerza Armada y si tienen vínculos con pandillas, por el estado de excepción, de inmediato es puesto a disposición de la Policía Nacional civil o si se detecta algún elemento de la Fuerza Armada es enviado directo a la cárcel», recalcó.
La semana pasada el Gabinete de Seguridad reveló que en el marco del régimen han incautado 541 armas de todo tipo a las estructuras criminales, dato que según el funcionario advierte que las pandillas se estaban armando como lo hizo el FMLN en los tiempos de la guerra.
«Se han incautado armas, eso indica que sí adquirieron armas durante estos años atrás o que se las facilitaron a través del tráfico internacional de armas, a través de organizaciones que fortalecieron a esta marca de pandillas, la facilidad que tuvieron para para poder adquirirla y la impunidad que se les dio a todos estos estos malhechores», indicó Merino Monroy quien destacó que «con este régimen de excepción estamos persiguiendo a estos delincuentes desarmándolos desarticulando de tal manera que no representen un daño para la sociedad».
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
