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FOTOS | Decomisan 46 inmuebles a exfuncionario de Mauricio Funes, valoradas en $1.6 millones
Este miercoles 18 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la intervención de 46 propiedades del exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará, que según la institución fueron obtenidos de actividades relacionadas en actos de corrupción que tienen un valor total de $1,670,000.
Barrientos Clará desempeñó varios cargos públicos durante el gobierno corrupto del prófugo Mauricio Funes; y respecto a las investigaciones de la Fiscalía, se informó que en total se pretende recuperar $2,5 millones los cuales fueron desviados de Casa Presidencial hacia las cuentas bancarias de Clará.
«Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio con apoyo de la PNC, materializan diversos inmuebles a titularidad de la denominada Sociedad Hugo Barrientos Arquitectos S.A. de C.V., así como bienes del señor Hugo Barrientos Clará», dio a conocer el Ministerio Público.
Las propiedades que fueron intervenidas por fiscales y policiales están situadas en San Salvador, Chalatenango y Sonsonate, las cuales según anunció la Fiscalía «desde hoy pasan a ser administrados por el Estado».
Barrientos Clará también se desempeñó como presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), era uno de los funcionarios de mayor confianza de Funes.
«Esto sucedió durante el período presidencial de Mauricio Funes (…) tenemos diferentes inmuebles y residencias en zonas lujosas ubicados la mayoría en San Salvador todos por estas vinculados en actividades de corrupción», explicó el fiscal del caso sobre el decomiso de las propiedades.
Prófugo de la justicia al igual que Funes
Barrientos Clará forma parte del listado de exfuncionarios de Mauricio Funes que están prófugos de la justicia al enterarse que son investigados por la Fiscalía en el denominado caso «Saqueo Público» en el que también son mencionadas las parejas sentimentales del exmandatario como: Regina Cañas, Ada Michelle Guzmán y Elvy Paz Gutiérrez; además, sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
A ese listado se suman el suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, quien en mayo pasado fue extraditado de Costa Rica y que actualmente está preso en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, La Paz. También son mencionados, el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala; el exintegrante del Estado Mayor Presidencial, Luis Alfredo Maida; el piloto personal de Funes, Luis Miguel Ángel García y su esposa, Rosa López de García.
Todos forman parte de las más de 30 personas señaladas por la Fiscalía que ayudaron al expresidente Mauricio Funes a sustraer $351,035,400 de fondos públicos durante la gestión entre los años 2009-2014.
Durante la investigación, la Fiscalía ha resaltado la relación que en algún momento tuvo Barrientos Clará, arquitecto de profesión, en la construcción de una lujosa vivienda situada en la exclusiva residencial Lomas de Altamira, en San Salvador, valorada en medio millón de dólares, la cual fue rentada por unos días por la actual pareja de Funes, Ada Michel Guzmán.
Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.
La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.
La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.
Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.
