Judicial
FGR recibe duro revés: juez libera al abogado Grimaldi por deficiencias en la acusación en la última imputación que FGR hace al empresario RAIS por lo que no se impuso ninguna medida a todos los imputados
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió otro duro revés en los estrados, la tarde de este jueves el juez 8° de Paz de San Salvador resolvió que el abogado Francisco Grimaldi, Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez continúen el juicio que se les sigue sin ninguna medida cautelar que les restrinja su derecho ambulatorio.
El licenciado Juan Andrés Santamaría, apoderado legal del empresario Enrique Rais, declaró después de escuchar la lectura de la resolución del juzgado 8° de Paz que el titular de dicha sede judicial consideró que no había razones para que los señalados permanezcan detenidos durante la etapa de instrucción, misma que se vio obligado a decretar porque no es facultad de los jueces de Paz sobreseer a los indiciados.
#CASORAIS Lic. Andrés Santamaría da declaraciones sobre el caso contra su representado, el empresario Enrique Rais, y dice que no hay fundamento para decretar detención provisional en contra de ninguno de los imputados. El juicio sigue. pic.twitter.com/j4B7hmChP8
— DIARIO DIGITAL CRONIO (@croniosv) 17 de enero de 2019
Por otro lado, el abogado del empresario añadió que “con esta resolución se tendrá la oportunidad de demostrar que es una doble persecución” que sufre el señor Rais de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en un nuevo juicio que ya raya en el acoso judicial.
“Es el mismo falso testigo criteriado, la misma fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y el fiscal Montes Pacheco quienes han escondido cómo, cuándo y con qué juez dieron el criterio vulnerando el derecho de defensa”, acotó el licenciado Juan Andrés Santamaría señalando las ilegalidades a las que habría recurrido la representación de la FGR en este nuevo juicio.
El abogado del empresario subrayó que esta nueva imputación no puede considerarse más que como una “vendetta” del todavía jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, quien el viernes debe escuchar la resolución en su contra por utilizar prueba falsa e ilegal contra el señor Rais.
A la parte fiscal de este proceso no le gustó la decisión del juez 8° de Paz y adelantó que presentarán “el respectivo recurso de apelación”, en cuanto tengan en su poder la copia escrita de la resolución.
Cabe destacar que momentos antes de anticipar que presentarán una apelación por la resolución, la fiscal del caso había admitido que el hecho que los señalados continúen en libertad “no afecta el normal proceso”.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
