Judicial
FGR no logra demostrar culpabilidad de joven acusado de agredir a niña de 4 años y juez lo deja en libertad
La falta de pruebas fiscales dejaron en la impunidad la agresión sexual que realizó un albañil de 18 años a una niña huérfana que llegaba a comprar tortillas a la casa donde vivía el hombre que fue absuelto recientemente.
La noche del sábado 13 de noviembre de 2017, Andrea (nombre cambiado por protección a la víctima), una niña de cuatro años de edad, se dirigió como era costumbre a la casa de su vecina, una vendedora de tortillas de una comunidad situada en San Ramón, en el municipio de Mejicanos.
En esa vivienda también reside Mauricio A., un joven de 18 años de edad que se dedica a la albañilería quien en un descuido de sus familiares metió a la menor a uno de los cuartos para abusar sexualmente de ella.
La infante, quien quedó huérfana luego de que su padre falleciera en enero de 2017 y que de su madre no se sabe nada desde que la reportaron como desaparecida, se retiró del lugar sin decir nada a nadie.
No obstante, la víctima regresó a su casa y mostró una conducta distinta. La tía a cargo de su custodia la sorprendió lavando sus áreas genitales tras haber sufrido el ataque de Mauricio quien también era conocido como «El Chele».
“’El Chele’ me tocó con las manos ‘chucas’”, comentó la menor tratando de justificar su actuación que provocó que la mujer interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) por las agresiones sexuales que sufrió su sobrina.
De acuerdo a lo plasmado en el expediente judicial, el joven conocido como “El Chele” habría acostado a la menor de edad sobre una cama y fue ahí en donde la despojó de su ropa interior.
Ante los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Mauricio por el delito de agresión sexual cometida en contra de la niña y de manera continuada ya que la niña manifestó que fueron seis veces que el hombre la agredió.
Luego de que la tía paterna de Andrea llamara a la PNC, Mauricio fue detenido en flagrancia, a las 9:30 de la noche del 13 de noviembre del año pasado, por los cargos de violación pero luego judicialmente se tipificó el delito a agresión sexual.
Incongruencias en el caso
Los agentes policiales llevaron al joven a las bartolinas de la Delegación de Mejicanos, en donde pasó unos días, pero la Cámara 1° de lo Penal revocó la detención provisional dictada por el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos y le impusieron medidas sustitutivas, debido a que no se había establecido la imputación penal en su contra. Por ello, Mauricio fue procesado en libertad.
La Cámara estableció un total de 17 puntos explicativos del porqué la toma de la decisión mencionada anteriormente. Entre ellos indicaban que al comparar lo declarado por la menor de edad con el reconocimiento médico de genitales existían incongruencias.
Otro detalle tomado en cuenta fue el dictamen médico forense, en el que se concluyó que en la víctima no existían laceraciones ni desgarros en las áreas genitales. Lo que sí encontraron fue una infección producida por falta de higiene, pero no por otra causa.
En el peritaje psicológico, la niña no evidenció algún signo o síntoma que se relacionaran con los hechos.
El juicio
Pese a lo anterior, el Juzgado de Instrucción de Mejicanos ordenó la apertura a juicio en contra del supuesto joven agresor, por lo que el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador desarrolló la vista pública.
El proceso llevó su curso, pero debido a que la FGR no pudo comprobar que el sujeto era culpable de lo señalado, por pruebas escasas, el juez emitió un fallo absolutorio tanto penal como civilmente a favor de Mauricio, por lo que recuperó totalmente su libertad.
“Con la prueba presentada por la Fiscalía General de la República no se acreditó la conducta libidinosa del imputado, por ende no se demostró la culpabilidad del mismo”, indica el acta de audiencia de vista pública.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
