Judicial
FGR no logra demostrar culpabilidad de joven acusado de agredir a niña de 4 años y juez lo deja en libertad
La falta de pruebas fiscales dejaron en la impunidad la agresión sexual que realizó un albañil de 18 años a una niña huérfana que llegaba a comprar tortillas a la casa donde vivía el hombre que fue absuelto recientemente.
La noche del sábado 13 de noviembre de 2017, Andrea (nombre cambiado por protección a la víctima), una niña de cuatro años de edad, se dirigió como era costumbre a la casa de su vecina, una vendedora de tortillas de una comunidad situada en San Ramón, en el municipio de Mejicanos.
En esa vivienda también reside Mauricio A., un joven de 18 años de edad que se dedica a la albañilería quien en un descuido de sus familiares metió a la menor a uno de los cuartos para abusar sexualmente de ella.
La infante, quien quedó huérfana luego de que su padre falleciera en enero de 2017 y que de su madre no se sabe nada desde que la reportaron como desaparecida, se retiró del lugar sin decir nada a nadie.
No obstante, la víctima regresó a su casa y mostró una conducta distinta. La tía a cargo de su custodia la sorprendió lavando sus áreas genitales tras haber sufrido el ataque de Mauricio quien también era conocido como «El Chele».
“’El Chele’ me tocó con las manos ‘chucas’”, comentó la menor tratando de justificar su actuación que provocó que la mujer interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) por las agresiones sexuales que sufrió su sobrina.
De acuerdo a lo plasmado en el expediente judicial, el joven conocido como “El Chele” habría acostado a la menor de edad sobre una cama y fue ahí en donde la despojó de su ropa interior.
Ante los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Mauricio por el delito de agresión sexual cometida en contra de la niña y de manera continuada ya que la niña manifestó que fueron seis veces que el hombre la agredió.
Luego de que la tía paterna de Andrea llamara a la PNC, Mauricio fue detenido en flagrancia, a las 9:30 de la noche del 13 de noviembre del año pasado, por los cargos de violación pero luego judicialmente se tipificó el delito a agresión sexual.
Incongruencias en el caso
Los agentes policiales llevaron al joven a las bartolinas de la Delegación de Mejicanos, en donde pasó unos días, pero la Cámara 1° de lo Penal revocó la detención provisional dictada por el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos y le impusieron medidas sustitutivas, debido a que no se había establecido la imputación penal en su contra. Por ello, Mauricio fue procesado en libertad.
La Cámara estableció un total de 17 puntos explicativos del porqué la toma de la decisión mencionada anteriormente. Entre ellos indicaban que al comparar lo declarado por la menor de edad con el reconocimiento médico de genitales existían incongruencias.
Otro detalle tomado en cuenta fue el dictamen médico forense, en el que se concluyó que en la víctima no existían laceraciones ni desgarros en las áreas genitales. Lo que sí encontraron fue una infección producida por falta de higiene, pero no por otra causa.
En el peritaje psicológico, la niña no evidenció algún signo o síntoma que se relacionaran con los hechos.
El juicio
Pese a lo anterior, el Juzgado de Instrucción de Mejicanos ordenó la apertura a juicio en contra del supuesto joven agresor, por lo que el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador desarrolló la vista pública.
El proceso llevó su curso, pero debido a que la FGR no pudo comprobar que el sujeto era culpable de lo señalado, por pruebas escasas, el juez emitió un fallo absolutorio tanto penal como civilmente a favor de Mauricio, por lo que recuperó totalmente su libertad.
“Con la prueba presentada por la Fiscalía General de la República no se acreditó la conducta libidinosa del imputado, por ende no se demostró la culpabilidad del mismo”, indica el acta de audiencia de vista pública.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
