Judicial
FGR no logra demostrar culpabilidad de joven acusado de agredir a niña de 4 años y juez lo deja en libertad
La falta de pruebas fiscales dejaron en la impunidad la agresión sexual que realizó un albañil de 18 años a una niña huérfana que llegaba a comprar tortillas a la casa donde vivía el hombre que fue absuelto recientemente.
La noche del sábado 13 de noviembre de 2017, Andrea (nombre cambiado por protección a la víctima), una niña de cuatro años de edad, se dirigió como era costumbre a la casa de su vecina, una vendedora de tortillas de una comunidad situada en San Ramón, en el municipio de Mejicanos.
En esa vivienda también reside Mauricio A., un joven de 18 años de edad que se dedica a la albañilería quien en un descuido de sus familiares metió a la menor a uno de los cuartos para abusar sexualmente de ella.
La infante, quien quedó huérfana luego de que su padre falleciera en enero de 2017 y que de su madre no se sabe nada desde que la reportaron como desaparecida, se retiró del lugar sin decir nada a nadie.
No obstante, la víctima regresó a su casa y mostró una conducta distinta. La tía a cargo de su custodia la sorprendió lavando sus áreas genitales tras haber sufrido el ataque de Mauricio quien también era conocido como «El Chele».
“’El Chele’ me tocó con las manos ‘chucas’”, comentó la menor tratando de justificar su actuación que provocó que la mujer interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) por las agresiones sexuales que sufrió su sobrina.
De acuerdo a lo plasmado en el expediente judicial, el joven conocido como “El Chele” habría acostado a la menor de edad sobre una cama y fue ahí en donde la despojó de su ropa interior.
Ante los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Mauricio por el delito de agresión sexual cometida en contra de la niña y de manera continuada ya que la niña manifestó que fueron seis veces que el hombre la agredió.
Luego de que la tía paterna de Andrea llamara a la PNC, Mauricio fue detenido en flagrancia, a las 9:30 de la noche del 13 de noviembre del año pasado, por los cargos de violación pero luego judicialmente se tipificó el delito a agresión sexual.
Incongruencias en el caso
Los agentes policiales llevaron al joven a las bartolinas de la Delegación de Mejicanos, en donde pasó unos días, pero la Cámara 1° de lo Penal revocó la detención provisional dictada por el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos y le impusieron medidas sustitutivas, debido a que no se había establecido la imputación penal en su contra. Por ello, Mauricio fue procesado en libertad.
La Cámara estableció un total de 17 puntos explicativos del porqué la toma de la decisión mencionada anteriormente. Entre ellos indicaban que al comparar lo declarado por la menor de edad con el reconocimiento médico de genitales existían incongruencias.
Otro detalle tomado en cuenta fue el dictamen médico forense, en el que se concluyó que en la víctima no existían laceraciones ni desgarros en las áreas genitales. Lo que sí encontraron fue una infección producida por falta de higiene, pero no por otra causa.
En el peritaje psicológico, la niña no evidenció algún signo o síntoma que se relacionaran con los hechos.
El juicio
Pese a lo anterior, el Juzgado de Instrucción de Mejicanos ordenó la apertura a juicio en contra del supuesto joven agresor, por lo que el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador desarrolló la vista pública.
El proceso llevó su curso, pero debido a que la FGR no pudo comprobar que el sujeto era culpable de lo señalado, por pruebas escasas, el juez emitió un fallo absolutorio tanto penal como civilmente a favor de Mauricio, por lo que recuperó totalmente su libertad.
“Con la prueba presentada por la Fiscalía General de la República no se acreditó la conducta libidinosa del imputado, por ende no se demostró la culpabilidad del mismo”, indica el acta de audiencia de vista pública.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
