Judicial
FGR: Mauricio Funes pagaba miles de dólares mensualmente a Luis Martínez para que no lo investigara por caso Tregua y Chaparral
El expresidente de la República, Mauricio Funes, habría pagado por protección al exfiscal general Luis Martínez para que no lo investigara y lo involucrara en el caso Tregua y Chaparral, asegura la última investigación fiscal que ha dejado ya 13 capturados.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Funes pagó dádivas a Martínez para que este no lo investigara en casos de corrupción que habría realizado durante su mandato como presidente. Asimismo, le pedía que le avisara si habían investigaciones en su contra.
La investigación señala que el exmandatario le entregaba mensualmente montos que iban entre $10,000 y $20,000. Asimismo, le daba dinero cada vez que Martínez le hacía la solicitud.
Asimismo, el jefe la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, informó que Funes le proporcionó tres vehículos al exfiscal Martínez.
«Eso permitió que el caso de El Chaparral que estaba siendo investigado en la unidad especializada de delitos de corrupción no tuviese el avance que se hubiera esperado y hasta este momento no se tengan avances», dijo Cortez.
La investigación fiscal señala que Funes pagó $12,000 cuando uno de sus hijos tuvo un percanse y con ello logró impunidad.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
