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Judicial

Extranjeros van a juicio por tráfico de 20 kilos de cocaína en El Salvador

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El Tribunal Cuarto  de Sentencia  De San Salvador instaló hoy la vista pública en contra cuatro guatemaltecos y un ecuatoriano, acusados de tráfico ilícito.

Los procesados son los guatemaltecos Mynor  Idardo Hernández Fuentes, Moisés Zelada Hernández, Jorge Mario Marroquín Fuentes y  Sam Dilon Calderón Ramos y el ecuatoriano Edison Javier Hernández Mero.

Este día declararon en juicio seis testigos empleados de la Fuerza Naval Tridente, uno de ellos expuso que el 27 de mayo de 2017 mientras realizaban patrullaje preventivo en Altamar fueron alertados de una embarcación denominada  “Tiburón».

La embarcación tenia la bandera de Guatemala  y se encontraba a 280 millas del territorio salvadoreño (a El Salvador le corresponden 200 millas marinas o náuticas desde el nivel de la baja mar) por lo que procedieron a realizar el registro.

Según el testigo, previamente observaron que los tripulantes lanzaron al agua sacos, posteriormente realizaron la búsqueda de los mismos encontrando 21 paquetes que luego de realizarles la pruebas pertinentes, dieron positivo a droga cocaína, siendo en total 820 kilos de polvo blanco valorada en $20 millones 500 mil dólares.

La vista pública continuará el próximo 06 de febrero a las 8:30 de la mañana.

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Judicial

Anciano recibe 12 años de cárcel por agresión sexual continuada contra niña en La Libertad

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Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.

El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.

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Judicial

Mujer irá a juicio por intentar asesinar a su expareja con un machete

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Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.

El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.

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Judicial

Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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