Judicial
Exministro de Salud, Eduardo Interiano, se quiere amparar en un diagnóstico de demencia para no ser condenado de pagar por sexo con menor de edad
El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en las que se le ha detectado cáncer y demencia.
La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados padecen enfermedades mortales e incurables.
Médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) serán los encargados de verificar y constatar que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano.
El tío del actual presidente de ARENA podría evitar el juicio por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas, un caso que es llevado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor, Mario Machado, señaló que Interiano sufre de cáncer de pulmón, con probabilidades de metástasis, demencia senil y alzheimer en grado dos. Fuentes que conocen el caso agregaron que al cuadro clínico la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo dos y dislipidemia (grasa en la sangre); todos estos asociados a enfermedades de la edad.
Expertos en materia jurídica explicaron a El Salvador Times que la defensa podría apegarse al numeral cinco del artículo 18 Código Procesal penal el cual establece que se dará la oportunidad de “prescindir total o parcialmente de la persecución penal siempre y cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal”.
Las reprogramaciones del juicio
La vista pública por este caso estaba prevista a realizarse el 20 de febrero, pero se suspendió por cuarta vez debido a la salud del imputado por lo que se espera una nueva fecha para la audiencia.
La primera instalación de la audiencia estaba prevista para el 25 de julio del 2018, pero la defensa explicó no poder compadecer a por tener pendiente una audiencia con otro cliente.
El caso pasó para el 27 de septiembre de 2018, día en que se volvió a posponer, está vez porque el juez estaba en otro proceso. Nuevamente se definió para el 26 de noviembre, en esta última fecha no se presentó la representación fiscal.
El 5 de febrero del 2019 se volvió a reprogramar porque la defensa tenía una vista pública que coincidió con otro juicio.
La nueva fecha aún no ha sido definida ya que las partes involucradas se encuentran a la espera que se tengan los resultados de los análisis realizados a Interiano para decidir sobre el futuro jurídico de este.
¿Cómo inició el caso?
El caso nació luego de la audiencia preliminar celebrada contra Bessy Alejandra Gonzáles, donde una de las víctimas le manifestó al juez Sexto de Instrucción de San Salvador que había sido vendida a otras personas.
Ante la revelación, el juez ordenó a la Fiscalía que iniciara otra investigación para determinar el resto de implicados en el caso, dando como resultado la captura de Interiano quien era unos de los supuestos clientes de la red de trata que encabezaba Gonzáles.
La proxeneta fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de violación en menor e incapaz continuada, trata de persona agravada, remuneración en el delito de trata de personas, según lo informó la FGR.
Las investigaciones realizadas señalan que ella era la encargada de llevar a las víctimas con sus clientes; entre los que se encontraba Interiano quien fungió como ministro de Salud durante el periodo de 1994 a 1999.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
