Judicial
Exministro de Salud, Eduardo Interiano, se quiere amparar en un diagnóstico de demencia para no ser condenado de pagar por sexo con menor de edad
El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en las que se le ha detectado cáncer y demencia.
La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados padecen enfermedades mortales e incurables.
Médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) serán los encargados de verificar y constatar que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano.
El tío del actual presidente de ARENA podría evitar el juicio por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas, un caso que es llevado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor, Mario Machado, señaló que Interiano sufre de cáncer de pulmón, con probabilidades de metástasis, demencia senil y alzheimer en grado dos. Fuentes que conocen el caso agregaron que al cuadro clínico la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo dos y dislipidemia (grasa en la sangre); todos estos asociados a enfermedades de la edad.
Expertos en materia jurídica explicaron a El Salvador Times que la defensa podría apegarse al numeral cinco del artículo 18 Código Procesal penal el cual establece que se dará la oportunidad de “prescindir total o parcialmente de la persecución penal siempre y cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal”.
Las reprogramaciones del juicio
La vista pública por este caso estaba prevista a realizarse el 20 de febrero, pero se suspendió por cuarta vez debido a la salud del imputado por lo que se espera una nueva fecha para la audiencia.
La primera instalación de la audiencia estaba prevista para el 25 de julio del 2018, pero la defensa explicó no poder compadecer a por tener pendiente una audiencia con otro cliente.
El caso pasó para el 27 de septiembre de 2018, día en que se volvió a posponer, está vez porque el juez estaba en otro proceso. Nuevamente se definió para el 26 de noviembre, en esta última fecha no se presentó la representación fiscal.
El 5 de febrero del 2019 se volvió a reprogramar porque la defensa tenía una vista pública que coincidió con otro juicio.
La nueva fecha aún no ha sido definida ya que las partes involucradas se encuentran a la espera que se tengan los resultados de los análisis realizados a Interiano para decidir sobre el futuro jurídico de este.
¿Cómo inició el caso?
El caso nació luego de la audiencia preliminar celebrada contra Bessy Alejandra Gonzáles, donde una de las víctimas le manifestó al juez Sexto de Instrucción de San Salvador que había sido vendida a otras personas.
Ante la revelación, el juez ordenó a la Fiscalía que iniciara otra investigación para determinar el resto de implicados en el caso, dando como resultado la captura de Interiano quien era unos de los supuestos clientes de la red de trata que encabezaba Gonzáles.
La proxeneta fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de violación en menor e incapaz continuada, trata de persona agravada, remuneración en el delito de trata de personas, según lo informó la FGR.
Las investigaciones realizadas señalan que ella era la encargada de llevar a las víctimas con sus clientes; entre los que se encontraba Interiano quien fungió como ministro de Salud durante el periodo de 1994 a 1999.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
